Escribe Simón Rodríguez dirigente de la UIT-CI
No se terminaba de secar la sangre obrera, campesina e indígena vertida en las calles por los represores al servicio del gobierno de facto de Áñez, cuando el MAS traicionaba una vez más a sus bases acordando levantar los cortes de ruta y suspender las movilizaciones en todo el país, como parte de un pacto electoral con la derecha.
El 24 de noviembre, Áñez firmó la ley que convoca a nuevas elecciones presidenciales, sancionada tanto por el Senado como por la Cámara de diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ambas instancias con mayoría calificada del MAS. Se da un plazo de veinte días para la designación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y luego de ello 120 días para la convocatoria a una elección presidencial en la que no podrán participar como candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera. De acuerdo con los lapsos pactados, se estaría realizando la elección en abril, con las mismas restricciones electorales vigentes hasta ahora, que limitan la participación de candidatos independientes de los sectores obreros y populares.
El acuerdo supone una escandalosa capitulación del MAS a la derecha. Ya el Tribunal Constitucional controlado por el MAS había reconocido la toma de posesión de Áñez sin apoyo parlamentario. Luego el MAS designó a nuevos presidentes del Congreso y el Senado que no cuestionaron al gobierno derechista sino que declararon el abandono del cargo por parte de Evo Morales y emprendieron las negociaciones con un gobierno reaccionario que concretaba su bautizo de sangre en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). La realidad es que Evo Morales y los dirigentes del MAS, utilizaron las genuinas movilizaciones populares contra el gobierno de Áñez para sus negociaciones palaciegas.
Desde su conformación, el gobierno golpista ha establecido claramente su agenda reaccionaria, sacando a los militares a las calles y facultándolos para reprimir con impunidad penal a través del decreto 4078. Desde su instauración, el gobierno de las biblias ha asesinado a más de treinta personas, hiriendo y deteniendo a centenares. Arturo Murillo, el ministro del interior, ha tenido el discurso más virulento, amenazando con la confección de listas para la persecución de dirigentes sociales y políticos opositores, acusando de terrorismo y sedición a los que protestan. Una muestra de esta brutalidad se vio cuando la movilización en repudio a la masacre de Senkata fue atacada en La Paz, quedando los féretros de las víctimas en las calles, envueltos en el humo de las bombas lacrimógenas.
A pesar del pacto parlamentario, los sectores movilizados no se han disciplinado del todo. Algunos sectores han llegado a sus propios acuerdos con el gobierno, en los que levantan sus movilizaciones dejando constancia de su repudio al gobierno reaccionario y de que el referente del Comité Cívico Santa Cruz y dirigente golpista Luis Camacho es persona no grata en sus territorios. Otros, como los campesinos cocaleros de Cochabamba mantenían los bloqueos de carreteras. El MAS se ha mostrado nuevamente como parte fundamental del sostenimiento del orden capitalista en Bolivia. Áñez tuvo también la colaboración de la dirigencia de la COB, con su silencio cómplice ante los hechos de Sacaba y El Alto. Varias organizaciones sindicales como los fabriles de Cochabamba y los mineros de San Cristóbal han reclamado un Congreso de la COB para cuestionar a los dirigentes traidores. La crisis política y social de Bolivia tendrá nuevos capítulos. Es necesario construir una alternativa política revolucionaria que luche consecuentemente contra Áñez y por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y los indígenas bolivianos.
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