Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop. Compañero de Izquierda Socialista, sección argentina de la UIT-CI
El gobierno de la República de Irlanda anunció el 24 de marzo pasado la nacionalización transitoria de los sanatorios privados mientras dure la pandemia. Los empresarios privados aceptaron la medida que pone bajo gestión estatal 2.000 camas, 9 laboratorios y varios miles de trabajadores de salud. En este país de casi cinco millones de habitantes, los contagiados por el COVID 19 habían sobrepasado la barrera de los 1.000 casos entre los cuales se encontraba el 25% de los trabajadores de la salud.
La drástica medida tomada por el gobierno irlandés pone en primer plano un tema crucial: la escasez de recursos para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, en Italia a fines de marzo había 26.000 internados de los cuales 3.800 estaban en terapia intensiva. Mandar a los más ancianos a morir en su casa es la triste solución implementada ante el ajuste económico que en diez años sustrajo a la salud 37.000 millones de euros.
Nuestro país después de años de desinversión y ajuste no escapa a esta degradación del sistema público. Mientras la OMS aconseja 8 camas cada 1.000 habitantes, la Argentina posee 4,5 que se distribuyen muy desigualmente. Mientras la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 7,1, la provincia tiene 5,5 pero, La Matanza solo 1 cama cada 1.000 habitantes.
Esta falta de camas debe solucionarse como en Irlanda. El gobierno debe nacionalizar la totalidad de las instalaciones privadas, sanatorios y laboratorios. Este enorme aflujo de recursos materiales y humanos gestionado por el Estado permitiría encarar acciones que hoy parecen imposibles como la extensión del testeo y la internación y aislamiento de infectados.
El Hospital Italiano niega la cuarentena a sus trabajadores, de los cuales ya hay 10 infectados; el Sanatorio Güemes obliga a trabajar sin protección a sus empleados. En plena pandemia, la Confederación que los agrupa pide subsidios al gobierno para “afrontar los gastos”, silenciando que en conjunto deben 10.000 millones de pesos a la AFIP, sin contar los intereses. Nacionalizarlos bajo control de sus trabajadores será un gran beneficio.
Asistimos, por otra parte, a un encarecimiento de insumos en todo el mundo, incluida la Argentina. En Inglaterra una empresa fabricante de kits para test rápido de COVID 19 aumentó en días el precio en un 70%. Cepheid, la principal productora mundial, vende el test a 19,80 dólares cuando su costo es de 3 dólares.
Entre nosotros los precios de insumos médicos en general subieron en el primer trimestre 22%, pero los insumos para coronavirus lo hicieron en un 83% en promedio; en el podio del aumento especulativo se ubican los barbijos con un incremento del 255%. En cuanto al alcohol y gel, que subió un 34%, se supo hace dos semanas de una maniobra de acaparamiento y especulación por parte de la cadena Farmacity que desabasteció sus locales de venta del producto y los ocultó en un galpón de acceso cerrado a las autoridades.
Frente a estas maniobras patronales el gobierno debe nacionalizar la producción y distribución de insumos médicos y, además, suspender la vigencia de las patentes nacionales e internacionales que lo impidan, de todas los tests, vacunas, medicamentos e insumos necesarios para enfrentar la pandemia.
