Por Lisbeth Moya González, escritora y periodista cubana
1/12/2021. Reproducimos este llamamiento de Lisbeth Moya González que se ha entrevistado, en la Habana, con Pablo Almeida, legislador de Izquierda Socialista (UIT-CI), en el Frente de Izquierda (FITU), de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Almeida está de visita en Cuba y se ha solidarizado con Abel Lescay.
Las manifestaciones del 11 de Julio significaron para Cuba un gran cambio. Por primera vez, desde 1959, los cubanos salieron a manifestarse a las calles en diferentes provincias del país por muchas razones, pero sobre todo por el descontento popular que ha generado la crisis económica y la gestión de la burocracia.
Si bien es cierto que las sanciones del gobierno estadounidense han golpeado la economía, al analizar Cuba no se puede pasar por alto el fenómeno burocracia y la falta de participación popular en la política. El disenso es castigado fuertemente y de eso dio muestras el gobierno el 11 de Julio.
La reacción del gobierno respecto al 11j y a todo tipo de disenso, incluso de izquierda, es tildar a los ciudadanos de contrarrevolucionarios, personas políticamente confundidas o «mercenarios» pagados por el gobierno norteamericano.
El fenómeno «Archipiélago» fue un ejemplo de ello. Se trata de una plataforma que tras los sucesos del 11J buscaba establecer un diálogo nacional, más allá de las ideologías y que convocó a una marcha pacífica para el 15 de noviembre. Este proyecto político fue dando muestras de un giro a la derecha, mediante proyecciones públicas y posicionamiento de algunos de sus miembros.
Lo notable en sí, en el caso de este análisis, no es Archipiélago, sino el tratamiento que le dio el gobierno a este tipo de disenso. Nuevamente se usaron los medios de comunicación sin derecho a réplica, para demeritar de todas las formas posibles a los principales organizadores e intentar probar sus vínculos con el gobierno norteamericano. La marcha fue desautorizada por el gobierno, alegando de que el Socialismo es irrevocable constitucionalmente y que las intenciones de esa protesta eran derrocarlo.
No obstante, una de las cuestiones más preocupantes es que en el fin de semana en que se realizaría la marcha, se repitió en Cuba de manera masiva uno de los capítulos más negros de su historia: volvieron los «actos de repudio», eventos organizados por el poder político para con gritos, improperios y todo tipo de violencia verbal, atacar el espacio más privado de los que disienten: la familia, el hogar. Imagínese despertar con una turba de gente frente a su casa que le grita «contrarrevolucionario» y más, con un acto político organizado en su puerta, en su barrio, frente a sus hijos y padres. Eso es un acto de repudio, algo habitual y bochornoso en la Cuba de los años 80, de lo que muchas veces se ha dialogado, algo de lo que muchos cubanos viven avergonzados, se repite hoy, con la estridencia de las redes sociales de por medio.
En este contexto es notable que Cuba se abre a la liberalización de una economía estatocéntrica. El ordenamiento monetario, una medida ya anunciada para afrontar la crisis, que desde antes del Covid 19 era notable, llegó en un momento de escasez y con matices nada ventajosas para el pueblo. Se trata, en hechos, de una medida de segregación económica que ha llevado a los cubanos a la desesperación, por la falta de productos básicos y la inflación. El ordenamiento eliminó el CUC, la «moneda fuerte» emergente, que circulaba en Cuba desde 1994, pleno periodo especial, para dar paso a la Moneda Libremente Convertible (MLC), así como a cualquier divisa internacional altamente cotizada en el mercado negro.
Al anunciar la medida del ordenamiento económico, el Ministro de Economía, Alejandro Gil, aseguró que a la par de las tiendas en MLC, el resto de las tiendas continuarían comercializando todo tipo de productos necesarios en Pesos Cubanos y que precisamente esas tiendas en MLC tenían como finalidad recaudar divisas extranjeras para abastecer al resto de los comercios en pesos cubanos. En la práctica eso no ha ocurrido. Las tiendas a las que tienen acceso los cubanos que no poseen MLC están desabastecidas y cada día son menos. Conseguir productos básicos en Cuba es una odisea y a pesar de la subida de salarios, el dinero no alcanza porque el proceso inflacionario es descomunal.
No sorprende entonces que ante semejante situación, agravada por la Covid-19, la imposibilidad de disenso y participación popular; y el repetitivo discurso político que de manera burda manejan los dirigentes cubanos en los medios de comunicación para «legitimar» el proceso revolucionario cubano, la gente saliera a las calles.
En Cuba la palabra izquierda es tabú. Gran parte de la población asume como socialismo o izquierda ese discurso y esas prácticas que el gobierno sostiene. Se trata de una ciudadanía descontenta, con muy poca preparación política, pues los planes de estudio, desde edades muy tempranas están centrados en el adoctrinamiento político a conveniencia del poder y no en el desarrollo del conocimiento y el raciocinio, en condiciones de libertad.
No es un accidente entonces que el 11de julio la gente saliera a las calles. No eran mercenarios, no eran seres confundidos. Eran personas exhaustas respondiendo a contradicciones objetivas.
Ese día salió a la calle buena parte de la derecha, sí, pero salió también el pueblo trabajador y marginado, la gente a la que la izquierda debe representar, las bases sociales a las que la izquierda debería llegar. Ese día salieron también a la calle defensores del gobierno, jóvenes de la llamada izquierda oficial, personas privilegiadas por el sistema en su mayoría.
En medio del caos, la violencia de ambas partes afloró. Eran manifestantes desarmados contra todos los cuerpos represivos del estado y esos otros privilegiados o viejos defensores acríticos de la revolución cubana, armados con palos y respaldados por la policía.
El gobierno cubano afrontó una gran crisis de gobernabilidad y sería injusto no tener en cuenta en este análisis, la exhaustiva propaganda anticomunista norteamericana, que desde las redes sociales ha calado hondo en el imaginario del cubano. Pero las causas internas del estallido social están ahí, latentes en el devenir diario de las cubanas y cubanos. Esas causas continúan sin resolverse y cada día se agravan más, debido a lo que significó para los manifestantes y sus familiares el 11 de julio.
Hasta el día de hoy el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos de la plataforma de la sociedad civil cubana Justicia 11J ha documentado 1271 detenciones en relación con el estallido social del 11J. De estas personas al menos 659 siguen en detención. Se ha verificado que 42 han sido condenadas a privación de libertad en juicios sumarios y 8 en juicios ordinarios. Ya se conoce la petición fiscal de 269 personas que esperan entre 1 y 30 años de sanción. La figura de sedición ha sido utilizada para imponer sanciones al menos 122 personas, según informa dicha plataforma que se ha encargado de contabilizar y sacar a la luz la situación de los involucrados, debido a que no existen cifras oficiales disponibles.
El 11 de julio fue el punto más álgido de la represión al disenso en Cuba. Históricamente existía el acoso sistemático de los Órganos de la seguridad del estado a quienes disentían a lo largo y ancho del espectro político; existían también casos de expulsiones de centros de estudio o trabajo por cuestiones ideológicas y muchas otras manifestaciones por el estilo. No obstante, el 11 de julio la represión fue ejercida en el cuerpo de los manifestantes.
Tal es el caso del joven músico y poeta Abel Lescay, quien tras manifestarse en la ciudad de Bejucal fue arrestado durante la noche en su casa. Este proceso es particular, porque fue conducido a la estación de policía desnudo y sufrió Covid 19 durante el arresto.
Abel salió a manifestarse como cualquier otro ciudadano, no atentó contra ningún tipo de propiedad y la Fiscalía le acusa de los cargos: desacato a la figura básica, desacato a la figura agravada y desorden público, por los cuales le piden siete años de prisión.
Por demás, Lescay es estudiante del Instituto Superior de Arte (ISA) y podría perder su carrera en caso de ser declarado culpable. Será juzgado los durante los días 5 y 6 de diciembre en el Tribunal Provincial de Mayabeque.
Casos como este acontecen en Cuba en estos días, casos absurdos e inconcebibles. Cuando hablo de estos temas con integrantes de la izquierda de otros países, resulta inaudito que a alguien le exijan semejantes condenas por salir a ejercer el derecho a manifestación. «Si es así estaríamos todos eternamente en la cárcel», me comentó un amigo argentino.
Escribo estas líneas llena de temor, aún sabiendo lo que significan en cuanto a repercusiones para una militante de la izquierda alternativa que vive y trabaja en Cuba. Escribo estas líneas porque la dicotomía principal de una militante de izquierda en Cuba es tener claro a quiénes se enfrenta y en qué contexto. Si bien tenemos como socialistas la misión de luchar contra el imperialismo en el mundo, si bien estas palabras podrían ser instrumentalizadas por otras causas, en Cuba ya no podemos callar, porque se trata de las vidas de muchas y muchos. Se trata del derecho a disentir y existir con dignidad. Llamo a la militancia de izquierda internacional y a quienes lean este texto a no dudar en indagar y apoyar la causa de los presos políticos en Cuba. Llamo a la solidaridad internacional con Abel Lescay, porque solo así seremos escuchados. La izquierda debe pensarse como una en el mundo. No podemos pensar al opresor solamente como un burgués, la burocracia también oprime. No me canso de decirlo: Socialismo sí Represión No.
