Por MST República Dominicana y La Voz de los Trabajadores
4/02/2024. La reelección del derechista Nayib Bukele en la presidencia de El Salvador en una elección fraudulenta refleja una tendencia al fortalecimiento de elementos bonapartistas en los regímenes capitalistas de Centroamérica, aumentando la concentración del poder en la figura presidencial y de los cuerpos represivos. Bukele es en gran medida el fruto del fracaso de la centroizquierda, de la que él mismo proviene, de la corrupción con los petrodólares chavistas, en cuyo lavado participó, y de la descomposición social de las últimas décadas en la región, que justificó a la mirada de muchos su autodesignado rol mesiánico como represor de las pandillas y «dictador cool», según sus propias palabras.
Bukele dijo que el 85% que afirma haber obtenido en la elección es el porcentaje más alto logrado en una elección presidencial en la historia, falsificando los hechos como es su costumbre. En numerosas ocasiones, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, gobiernos con rasgos autoritarios o abiertamente dictatoriales han obtenido votaciones similares. Bukele, cuya postulación para la reelección violó explícitamente la Constitución pero obtuvo el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral bajo su control, también se jactó de que El Salvador pasa a ser un país «democrático de partido único». Su principal bandera la constituyen las detenciones masivas con las que reprimió a las pandillas, encarcelando a más de 75 mil salvadoreños para lograr la tasa de encarcelación más alta del mundo. Además perpetró numerosas ejecuciones. La disminución de la actividad de las pandillas conocidas como Maras es la base de su apoyo popular. Aunque Bukele pactó con esas estructuras mafiosas en los inicios de su gobierno, luego pasó a combatirlas en una guerra total, aprovechando la ofensiva militar y el Estado de excepción para aplastar los derechos democráticos del pueblo salvadoreño.
En materia económica y social el gobierno de Bukele ha sido un desastre. Bukele es un fanático de las criptomonedas y convirtió el bitcoin en moneda de curso legal en 2021, coincidiendo con una caída estrepitosa de su precio que generó más de 56 millones de dólares en pérdidas al Estado salvadoreño en un año. Bajo el gobierno de Bukele, la pobreza extrema se ha duplicado, ha crecido el hambre y el crecimiento económico ha sido el más lento de Centroamérica. Su proyecto de crear una zona franca de criptomonedas con energía geotérmica proveniente de un volcán fracasó y tuvo que negociar un préstamo de mil trescientos millones de dólares del FMI para no caer en la cesación de pagos de la deuda externa, reforzando los lazos de dependencia con el imperialismo.
Bukele es un capitalista que inició su carrera política en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), siendo electo alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, en 2012 y 2015 respectivamente. En su primera gestión como alcalde fue beneficiario de la administración de cuantiosos petrodólares gracias a los acuerdos entre el FMLN y el gobierno de Venezuela. El fracaso de los gobiernos del FMLN encabezados por Mauricio Funes, prófugo acusado de corrupción que vive actualmente en Nicaragua, y Salvador Sánchez Cerén, fue aprovechado por Bukele para crear su propio partido, Nuevas Ideas, y concurrir con el partido GANA a las elecciones presidenciales de 2019. El fiscal general nombrado por los diputados bukelistas en 2021 fue un abogado que trabajó para Alba Petróleos, una empresa mixta de capital estatal venezolano y de las alcaldías administradas por el FMLN. El fiscal era investigado desde 2018 por lavado de dinero en un caso que involucra al propio Bukele.
En febrero de 2020 el presidente salvadoreño alcanzó cierta notoriedad internacional al enviar tropas a ocupar el Congreso durante una votación sobre la aprobación de un préstamo para dotación para los cuerpos represivos, amenazando con disolver el parlamento. En 2021 su partido ganó la mayoría parlamentaria y pasó a tomar control de la máxima corte del país, destituyendo a jueces que investigaban la corrupción del gobierno. En 2022 lanzó su ofensiva represiva contra las Maras, surgidas de la deportación masivas de criminales centroamericanos en la década de 1990 desde Estados Unidos. En 2020 Bukele había pactado con la Mara Salvatrucha ciertas una tregua a cambio de apoyo electoral en las elecciones de 2021. Cuando ese pacto se hizo público, Bukele persiguió a la página El Faro, que publicó la investigación periodística. También se distanció del gobierno estadounidense luego de la salida del ultraderechista Donald Trump. Ante las acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos esgrimidas por el gobierno de Biden, Bukele respondió expulsando a dos diputados de su partido por cercanía con la embajada yanqui y optó por estrechar relaciones con el imperialismo chino, con el que negocia un tratado de libre comercio. China es el segundo socio comercial salvadoreño, después de EEUU. Las exportaciones salvadoreñas a China se han multiplicado por más de diez durante el gobierno de Bukele.
Bukele no solo es un renegado de la centroizquierda, también ha traicionado sus orígenes palestinos al apoyar al Estado genocida de Israel, lo que le ha valido críticas por parte de la diáspora palestina en El Salvador, una comunidad de unas 100 mil personas. Bukele ha recibido cuantioso equipamiento israelí para sus fuerzas represivas y ya desde su gestión como alcalde de San Salvador había visitado al régimen de apartheid en un viaje patrocinado por las autoridades sionistas. Israel aportó el 83% de las importaciones salvadoreñas de armas entre 1975 y 1979 para reprimir al pueblo, un apoyo que continuó durante la década de los 80 durante la brutal represión fascistoide que dejó decenas de miles de personas asesinadas. La postura de Bukele sobre la guerra civil es de equiparar la violencia del terrorismo de Estado con la de las guerrillas, sostener la impunidad y pisotear la memoria histórica.
Aunque las perspectivas inmediatas son ciertamente muy sombrías, la suerte del pueblo salvadoreño está vinculada estrechamente a las luchas obreras y populares en toda la región centroamericana y a la posibilidad de que surja una alternativa política de los sectores populares y la clase trabajadora para confrontar los proyectos antidemocráticos de los capitalistas locales. La derrota de la derecha guatemalteca y el proceso de movilización contra las amenazas golpistas representa la apertura de nuevas posibilidades en esa dirección.
