Por Simón Rodríguez Porras, dirigente del PSL sección de la UIT-Ci de Venezuela
6/06/2022. El 24 de mayo, un joven de 18 años atacó a tiros una escuela en el pueblo de Uvalde, en Texas, asesinando a 19 niños y 2 maestros, antes de ser abatido por la policía. Previamente le había disparado a su abuela hospitalizada. Diez días antes, otro joven de 18 años, un fascista, perpetró una masacre en un supermercado de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, asesinando a diez personas e hiriendo a tres.
Estos crímenes y la total incapacidad del régimen estadounidense para tomar alguna medida para prevenir nuevas masacres, o para erradicar sus causas más estructurales, son síntomas de una profunda degradación política y social.
Más allá de evidenciar el enorme poder de la industria de las armas en EEUU, o el carácter ultrarreaccionario de la derecha republicana, estos crímenes y la respuesta gubernamental ante ellos, sirven para subrayar la dinámica cada vez más caótica de la política estadounidense, evidenciando que siguen dadas las condiciones para nuevas crisis como la del 6 de enero de 2021, cuando hordas de ultraderecha atacaron el Capitolio atendiendo al llamado de Trump a desconocer las elecciones.
El culto reaccionario a las armas
Con una tasa de homicidios anual de 5,4 por cada 100 mil habitantes en 2019, EEUU está muy por debajo de los países con peores índices, El Salvador (48,7) y Venezuela (39). Sin embargo, esta tasa es muchísimo mayor a la de otros países industrializados como Canadá (1,5), Australia (1,3), Reino Unido (0,5) y Alemania (0,7). El contraste es aún mayor cuando se trata de tiroteos masivos, prácticamente inexistentes en los demás países industrializados. Pese a la escasa recurrencia de este tipo de crímenes, en Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, se adoptaron leyes restringiendo el acceso a armas de alto calibre, luego de masacres perpetradas entre 1996 y 2020. En cambio en EEUU se contabilizaron más de 2.600 tiroteos masivos (aquellos con cuatro o más heridos sin contar al atacante) entre 2013 y 2020, y continúan aumentando, duplicándose la tasa anual de tiroteos masivos entre 2017 y 2021.
Como es ya habitual, el presidente Biden llamó a imponer limitaciones a la comercialización de armas de alto calibre en su alocución luego de la masacre de Uvalde, un pueblo de mayoría pobre e inmigrante. Sin embargo, el parlamento bicameral estadounidense es extremadamente antidemocrático y prácticamente impermeable al apoyo popular mayoritario a estas medidas. La derecha republicana se beneficia de la sobrerrepresentación de la población rural más conservadora, sobre todo en el Senado y en el colegio electoral que elige al presidente. Aprovecha ese sólido piso parlamentario para promover políticas muy reaccionarias, como el gerrymandering o las restricciones del derecho al voto que castigan principalmente a la población negra, indígena y de origen inmigrante, que a su vez solidifican la representación de la derecha.
Otro actor destacado es la Asociación Nacional del Rifle (NRA), una organización ultrarreaccionaria, abiertamente racista, que cabildea a favor del comercio irrestricto de armas de alta potencia y tiene su expresión política en el partido Republicano.
Todo esto implica que un sector minoritario de blancos racistas y fundamentalistas religiosos, de extracción rural, puede imponer, en virtud de los vicios antidemocráticos del régimen político, legislaciones derivadas de su culto fanático a las armas. Esta perspectiva extremista ha sido recogida en la legislación y la jurisprudencia, a tal punto que la Corte Suprema bajo control conservador falló en 2008 y 2010 estableciendo que la segunda enmienda blinda el derecho individual prácticamente irrestricto a la posesión de armas.
Es una peculiar interpretación, impregnada además del alienado individualismo característico de los EEUU, de un texto constitucional del siglo XVIII que no se refiere a un derecho individual al armamento sino colectivo, derivado de la necesidad de organizar milicias para defender al Estado recién formado en un momento en el que carecía de fuerzas armadas regulares.
Como puede verse, al apego legalista extremo y el fetichismo constitucional estadounidense se ha superpuesto una interpretación reaccionaria bastante extrema, con peculiares consecuencias. En la mayoría de los estados es legal comprar un arma larga o de guerra a una edad más temprana que la edad mínima para consumir alcohol. De hecho no hay un límite de edad federal para la propiedad de un arma larga y en la mayoría de los estados tampoco hay una legislación que lo limite, lo que hace que sea legal que infantes obtengan y utilicen rifles u otro tipo de arma larga, por ejemplo si sus padres se las obsequian.
Nada de esto podría llevar a la equivocada conclusión de que el derecho a armarse es igual para todas las personas. La cuestión clave de quién tiene derecho a poseer y a usar las armas en EEUU no es un asunto meramente legal, sino uno que se ha resuelto históricamente. El régimen del imperialismo estadounidense no tolera la autodefensa obrera y popular. En la década de 1860 se promulgaron leyes de regulación de la tenencia de las armas en el sur racista específicamente para desarmar a la población negra recién emancipada de la esclavitud. Más recientemente, siendo Reagan gobernador de California en 1967, la derecha republicana aprobó, con apoyo de la NRA, una ley estadal para ilegalizar el porte de armas cargadas en espacios públicos, específicamente para criminalizar a las Panteras Negras, que propugnaban la autodefensa comunitaria ante la brutalidad policial racista. Algunos de los actuales presos políticos más antiguos de EEUU son precisamente personas negras e indígenas como Mumia Abu Jamal o Leonard Peltier, cuyas organizaciones fueron perseguidas y diezmadas por el terrorismo de Estado, sin que jamás los gobiernos los consideraran sujetos con derecho a defenderse por medio de las armas.
El auge del terrorismo supremacista blanco “made in USA”
La masacre perpetrada por el racista Payton Gendron forma parte del auge del terrorismo racista y de ultraderecha estadounidense. Gendron dejó un documento en internet con materiales copiados y pegados de otras declaraciones y manifiestos neofascistas. Allí plasmó teorías conspirativas y desvaríos ideológicos comunes a sectores de ultraderecha también de Europa y gran parte del mundo, incluyendo Latinoamérica. La principal preocupación del criminal es un supuesto desplazamiento de la población blanca por la inmigración no-blanca, un supuesto proceso de reemplazo étnico y cultural, además impulsado por una imaginaria conspiración judeo-marxista.
El Director Nacional de Inteligencia admitió en marzo de 2021 que la violencia extremista “racialmente motivada”, un eufemismo para referirse al supremacismo blanco, representa la amenaza más letal del terrorismo doméstico. Los supremacistas blancos además construyen redes internacionales, muchas de sus organizaciones en Europa cuentan con apoyos estatales como el del imperialismo ruso. La turba de ultraderecha que atacó el Capitolio el 6 de enero de 2021, apoyando a Donald Trump y desconociendo las elecciones presidenciales de 2020, mostró el potencial desestabilizador de estos grupos pese a su relativa marginalidad, dados sus vínculos con el partido Republicano y la complicidad de los cuerpos represivos ante sus acciones.
La contradicción más notable está en el hecho de que el gobierno estadounidense constata que el terrorismo de ultraderecha es la mayor amenaza interna en el país, cobrando muchas más víctimas que el terrorismo inspirado en el fundamentalismo islámico, pero sus acciones van por un rumbo totalmente diferente. Entre 2001 y 2021 los ataques terroristas de la ultraderecha racista cobraron 114 víctimas en EEUU. Antes de ello, en 1995 el ultraderechista McVeigh voló un edificio gubernamental en Oklahoma matando a 168 personas e hiriendo a 680. Sin embargo el sesgo racista de los cuerpos de seguridad, gran parte de cuyos miembros simpatiza con muchas de las ideas de la ultraderecha, y el propio carácter burgués, reaccionario y racista del régimen, donde sectores fascistizantes del partido Republicano dan expresión política e institucional a las ideas y los valores de esos grupos, constituyen condiciones que impiden que se ponga freno a la ultraderecha desde el Estado. La mayor parte de los recursos represivos y de inteligencia en materia antiterrorista se destinan a perseguir a ciertas expresiones de fundamentalismo islámico.
Crisis y polarización
El régimen de la mayor potencia capitalista mundial presenta una serie de características que imposibilitan cualquier tipo de reforma democrática. El blindaje de un Senado reaccionario y antidemocrático bloquea cualquier posibilidad de eliminar el colegio electoral o aplicar el elemental criterio de que los votos de todas las personas tengan el mismo valor y efecto. Ese blindaje institucional antidemocrático es un garante del avance del poder de la industria armamentística representada por la NRA y de la impunidad de la ultraderecha racista y con expresiones terroristas, al tiempo que impide que se tome ninguna medida racional para prevenir nuevas masacres escolares o atentados terroristas, ni restringiendo el acceso a armas de alto poder ni mucho menos eliminando las causas de la decadencia social y la desesperación que es el caldo de cultivo para el fundamentalismo religioso cristiano y las ideologías neofascistas.
Al mismo tiempo, la movilización masiva de 2020 contra la violencia policial racista, el mayor movimiento social en la historia estadounidense, y el giro de un sector de la juventud hacia la izquierda, indican que la polarización política y social se intensifica. Para atenuarla es posible que Biden y los demócratas intenten impulsar alguna tímida reforma referida a la tenencia legal de ciertos tipos de armas, pactada con algún sector de los republicanos. Algo cosmético y sin ninguna incidencia de fondo.
Para los socialistas es una obligación señalar la ilegitimidad de un régimen incapaz de dar respuesta a problemas tan elementales como las masacresen colegios y lugares públicos y el terrorismo de ultraderecha, y como esta incapacidad está relacionada con rasgos estructurales del régimen, como su carácter profundamente antidemocrático y racista. De allí que el régimen no ceda a las exigencias populares, que refleja una opinión claramente mayoritaria, de mayores restricciones al comercio de armas dentro de los EEUU. La denuncia contra el enorme poder de la NRA en el Congreso y el Senado, contra la impunidad de la ultraderecha, incluyendo el hecho de que Trump no haya sido enjuiciado y encarcelado por encabezar una conspiración criminal el 6 de enero de 2021, cobran así una urgente actualidad.
Hasta las más elementales reivindicaciones democráticas son, en el contexto de EEUU, un cuestionamiento al conjunto del sistema y del régimen. Convertir esas exigencias en una poderosa movilización social y articular una organización política de la clase trabajadora en torno a ellas resume el desafío para la construcción de una alternativa política en EEUU.
