Por Manuel Gual
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28/02/2025. El presidente Abinader felicitó al ultraderechista Trump por su triunfo electoral “significativo” en noviembre de 2024, reafirmando sus vínculos “estratégicos” con EEUU. Ambos mandatarios comparten su condición de millonarios con ideologías racistas, conservadoras y anti obreras, y ya coincidieron en el poder en la segunda mitad de 2020. Abinader definió una política exterior de subordinación a EEUU, basada en la idea de que existe una “nueva guerra fría”. Esa subordinación se reflejó en la cesión parcial de la soberanía administrativa y económica dominicana a EEUU, con los acuerdos de pre-chequeo en aeropuertos y “cielos abiertos” para aerolíneas yanquis; también en el impulso de una coalición regional pro-estadounidense denominada “Alianza para el desarrollo en democracia”, junto a gobiernos de derecha de Costa Rica, Panamá y Ecuador. Además, se evidenció en el apoyo de Abinader al Estado genocida de Israel, con el anuncio de que el gobierno dominicano consideraría la posibilidad de mudar la sede de su embajada a Jerusalén ocupada, y posteriormente mediante el apoyo al sionismo durante su agresión genocida contra el pueblo palestino, a partir de 2023.
Luego de dos invasiones estadounidenses en el siglo XX, y las largas dictaduras pro yanquis de Trujillo y Balaguer, la dominación política y económica estadounidense se ha actualizado con instrumentos como un Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) o la asesoría yanqui en las obras del puerto de Manzanillo o la exploración de tierras raras en Pedernales. República Dominicana además sirve como punto de tránsito del tráfico de drogas hacia EEUU para suplir la gigantesca demanda de los consumidores de ese país, y en sentido inverso para el tráfico de armas estadounidenses hacia Haití.
Desde el Foro Económico de Davos, el ministro Víctor Bisonó ratificó la sumisión perremeísta ante Trump: aseguró que desde República Dominicana no se origina inmigración “ilegal” a EEUU y que el país se postula como alternativa para las empresas estadounidenses interesadas en expandirse en territorios próximos a EEUU, respaldando la extorsión arancelaria de Trump a la región para que frene sus relaciones económicas con China. Como es sabido, el gobierno oligárquico ve como una ventaja comparativa la ausencia de libertad sindical que permite a las empresas pagar salarios de miseria, obteniendo tasas de explotación mucho mayores a las que obtienen en otros países.
Bisonó miente acerca de la emigración a EEUU: la diáspora dominicana en EEUU, de más de dos millones y medio de personas, incluía en 2022 alrededor de 250 mil personas sin regularidad migratoria, y a través de la llamada “vuelta por México” 300 mil más ingresaron a EEUU en los últimos años. Para gran parte de la clase trabajadora y la juventud la emigración es la única salida ante la falta de oportunidades, los bajos salarios, la represión y la falta de derechos que caracterizan al régimen dominicano. Una de cada cuatro personas dominicanas vive en EEUU y las remesas representan uno de los principales ingresos de la economía nacional.
El lanzamiento de una ofensiva racista por parte de Trump contra los inmigrantes latinoamericanos y caribeños es una amenaza directa a la comunidad dominicana en Nueva York y otras ciudades estadounidenses, incluso en el Puerto Rico bajo dominación colonial, donde ya se reportan detenciones arbitrarias de personas dominicanas, con o sin sus papeles en regla. Mientras Abinader y su gobierno de oligarcas se frotan las manos ante las oportunidades de negocios que representa la llegada de Trump, las familias trabajadoras dominicanas en EEUU ven con angustia un despliegue represivo que recuerda al que desde hace muchos años emplea el régimen dominicano contra los trabajadores inmigrantes haitianos.
Efectivamente, las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Trump incluyen la designación de la inmigración a través de la frontera con México como una “invasión” y una “amenaza a la seguridad nacional”, el mismo discurso que emplean Abinader y la ultraderecha dominicana para referirse a la inmigración haitiana; se autoriza a los militares y policías locales a intervenir en las tareas de persecución migratoria y el uso de instalaciones militares como centros de detención de inmigrantes, tal y como también ocurre en República Dominicana; otra orden ejecutiva pretende negar la nacionalidad estadounidense a las personas cuyos padres extranjeros no cuenten con residencia permanente, aplicando un criterio parecido al que retroactivamente estableció la sentencia racista 168-13. Trump también ha ordenado reexaminar las protecciones temporales otorgadas a algunos migrantes, tal y como Abinader ordenó auditar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Estas medidas antidemocráticas y represivas de Trump enfrentarán obstáculos judiciales y políticos, no está claro en qué medida se implementarán, especialmente si generan una fuerte resistencia popular. Pero aún si no llegan al nivel de brutalidad autoritaria del Estado de excepción de facto de los últimos cuatro años de Abinader, las medidas de Trump son interpretadas por el gobierno del PRM como una legitimación de su propia política y una invitación a ir más lejos en la consolidación del apartheid dominicano. Esta es quizás la dinámica más peligrosa que se abre para la República Dominicana con el inicio de este nuevo gobierno de Trump.
