Durante 13 años, Repsol se enriqueció externalizando beneficios y pasivos ambientales de Argentina. Los impactos ambientales y en la salud de, entre otras, las comunidades mapuche, han sido muy graves.
Por Hernán Scandizzo y Marc Gavaldà / autores de ‘La Patagonia Petrolera’ (Buenos Aires/ Tarragona)
Lunes 30 de abril de 2012.
Ilustración: Marín León Barreto
Rebosan los periódicos con abultadas cifras de la inversión que Repsol arriesgó en Argentina, pero escasean los análisis sobre los impactos sociales y ambientales generados por una compañía que vampirizó la economía argentina con estrecha complicidad de sus autoridades.
ANTECEDENTES
«YPF [Sociedad del Estado] es la única empresa petrolera del mundo que produce pérdidas». Bajo este argumento, durante la primera presidencia de Carlos Menem, comenzó el proceso de privatización de una compañía que destinaba sus beneficios a sostener la renta nacional y a ampliar reservas hidrocarburíferas. Además, en 1998 YPF SA concentraba el 44% de las reservas probadas de petróleo y el 33% de gas de Argentina, además de la concesión de yacimientos en EE UU, Venezuela, Perú, Guayana, Ecuador e Indonesia.
EL DESEMBARCO
En abril de 1999, Repsol lanzó una OPA a YPF en la bolsa de Nueva York por el monto de 15.000 millones de dólares, en un momento en que el barril estaba a 15 dólares (hoy cuesta 120). En la tasación la consultora Merrill Lynch redujo deliberadamente un 30% su estimación de las reservas explotables, con el objetivo de subestimar el valor de la empresa antes de la venta. En la transacción se entregaron ilegalmente las acciones que los trabajadores de YPF tenían de la empresa, hecho que motivó un juicio impulsado por los miles de familias afectadas que esperan todavía cobrar. En los primeros meses Repsol-YPF, se dedicó a transferir la propiedad de las áreas de Perú, Ecuador y Venezuela a Repsol de España, con perjuicio para Argentina, porque las utilidades generadas pasaron a transferirse a España y no a Argentina, que fue la que invirtió en los proyectos. También vendió diferentes concesiones a empresas como ENAP (Chile) y British Petroleum, generando dinero en metálico por el trabajo anterior realizado por YPF.
DESEMPLEO Y REPRESIÓN
Aunque Repsol presume de haber aumentado la plantilla hasta más de 13.000 empleados, antes de la privatización YPF contaba con 55.000 empleados. Sólo en General Mosconi y Cutral Co-Plaza Huincul, los despidos motivados por la privatización iniciada en 1989 sumaron más de diez mil. De hecho, el movimiento piquetero nació en pueblos petroleros desvalijados. Históricas son las reprimendas que sufrieron las familias que se apostaron en las rutas para recuperar su trabajo. En 2000 y 2001, la intervención de Gendarmería contra las protestas en Mosconi y Tartagal, en Salta, causó al menos cinco muertos. En 2001 se denunció que francotiradores apostados en tanques de Refinor –refinería cuyo 50% Repsol controlaba a través de YPF– dispararon contra los manifestantes. También en la última década, desempleados y trabajadores petroleros de poblaciones de la provincia de Santa Cruz sufrieron represión y encarcelamiento en movilizaciones por reivindicaciones salariales.
LA CONTAMINACIÓN
La guinda del pastel argentino fue sin duda el mega yacimiento de Loma de la Lata, que en el momento de su adquisición aportaba la mitad de la producción de petróleo argentino y el 60% de gas. En 2001, 17 años antes de expirar la concesión, Repsol consiguió una prórroga hasta el año 2027. Según fuentes de la Secretaría de Energía de la Provincia de Neuquén, «ésta fue una situación totalmente irregular, a puerta cerrada, evitando la obligatoria evaluación económica y de reservas».
En el interior de ese yacimiento, las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ, acorraladas y contaminadas por cientos de pozos, elevaron una denuncia civil por 445 millones de dólares, exigiendo la reparación de la salud y la cultura. En sus tejidos acumulan entre 17 y 30 metales pesados diferentes, fruto de la condensación de gasolina en las capas freáticas. Algo parecido ocurre en la vecina localidad de Añelo, cuyos pobladores denuncian la presencia de hidrocarburos en el agua de la red. En sus 13 años, Repsol- YPF ha acumulado denuncias por impactos ambientales en varias regiones de Argentina: contaminación de suelos y quema de residuos tóxicos en la refinería de Luján de Cuyo, (Mendoza), actividades en la Reserva Ramsar De Llancanelo –en la misma provincia–, vertidos en las terminales exportadoras de Caleta Olivia y Caleta Córdova –Santa Cruz y Chubut–, o las 1.700 piscinas de residuos en mal estado detectadas en Santa Cruz. Una lista que comienza a ampliarse al haber perdido Repsol la protección gubernamental y que sirve de argumento para rebajar las exigencias económicas de Antonio Brufau.
