Por Aisha Awdeh del Movimiento de Libertad y Dignidad (Siria)
9/10/2026. El anuncio realizado el 25 de agosto por Mazlum Abdi, comandante militar de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) [Las FDS es una alianza militar constituida por fuerzas Kurdas], de la disolución de las FDS como fuerza militar independiente, seguido del anuncio de su nombramiento como asesor del presidente de transición Ahmed Shara, tuvo una amplia repercusión en la política siria y regional. Estos acontecimientos constituyen la última etapa del proceso del acuerdo desarrollado durante los últimos meses, pero también han suscitado amplios debates debido a su importancia política y militar. En este artículo evaluaremos la experiencia de las FDS y el acuerdo de integración desde una perspectiva revolucionaria e internacionalista.
Antecedentes del acuerdo
Han transcurrido ocho meses desde el acuerdo de integración firmado el pasado 29 de enero entre las FDS, dirigidas por Mazlum Abdi, y el Gobierno sirio de transición, encabezado por Ahmed Shara, en medio de crecientes presiones estadounidenses y turcas para poner fin a la división militar y política. Desde la firma del acuerdo, ambas partes han intentado fortalecer sus posiciones y obtener el mayor número posible de ventajas políticas, militares y administrativas. Sin embargo, el factor que más influyó para empujarlas hacia un arreglo fue la presión exterior.
Para comprender lo sucedido, es necesario examinar el cambio de posición de Estados Unidos. Durante más de una década, Washington apoyó a las FDS como su principal aliado en la guerra contra la organización Estado Islámico (ISIS) y les proporcionó una considerable ayuda material y militar. Pero, en última instancia, no ofreció garantías permanentes a su proyecto político. Con el cambio de la situación en Siria y el ascenso de la nueva autoridad en Damasco, también cambiaron las prioridades de la administración estadounidense. Mantener a las FDS como fuerza militar independiente ya no coincidía necesariamente con la necesidad de un Estado sirio central capaz de extender su control sobre el territorio, concentrar las armas en una sola institución militar y abordar las cuestiones relacionadas con ISIS, los grupos armados y los combatientes extranjeros. Así, Washington pasó de apoyar a una fuerza armada local a apoyar al Estado central en Damasco. Este cambio refleja la naturaleza de la política imperialista, basada en intereses estratégicos cambiantes y no en una lealtad permanente a sus aliados.
La posición de Turquía, por su parte, fue más clara. Desde la aparición de las FDS, Ankara consideró que la existencia de una fuerza kurda armada en su frontera constituía una amenaza para su seguridad nacional y vinculó a esa fuerza con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). También temía que ello alentara a los movimientos kurdos dentro de Turquía a reclamar más derechos nacionales y autonomía. Por eso, no estaba dispuesta a aceptar que siguiera existiendo en su frontera sur una administración kurda con una fuerza militar independiente. La integración de las FDS en las instituciones del Estado sirio coincide con este objetivo y se produce al mismo tiempo que el proceso de negociación encaminado a poner fin al conflicto armado con el PKK, en el marco de lo que se conoce como «Turquía sin terrorismo». Este proceso puede interpretarse como un logro importante para la clase burguesa gobernante en Turquía, en el contexto de sus esfuerzos por reorganizar las relaciones de fuerzas políticas y militares.
Aquí aparece la contradicción fundamental de la experiencia de las FDS. Durante años construyeron una fuerza militar, instituciones civiles y una administración autónoma en el norte y el este de Siria. «Rojava» (es decir “oeste” en kurdo) se convirtió, para amplios sectores del pueblo kurdo, en un símbolo de la posibilidad de construir un modelo político diferente. Sin embargo, el proceso del acuerdo orientó esta experiencia hacia la integración en el Estado sirio. Esto incluyó la integración de las instituciones civiles y militares y la devolución a las instituciones del Estado de la gestión de los pasos fronterizos y de los yacimientos de petróleo y gas natural.
El 25 de agosto, Mazlum Abdi anunció la disolución de las FDS como fuerza militar independiente y la conclusión del proceso de integración en las instituciones del Estado sirio. Así terminó la existencia de las FDS como fuerza militar independiente, después de años de guerra y de alianza con Estados Unidos. Mazlum Abdi, antiguo comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias, pasó a ser asesor del presidente Ahmed Shara. Esta imagen resume la magnitud de la transformación que ha experimentado la región en un breve período.
Este desenlace político y militar provocó decepción en sectores del pueblo kurdo, especialmente entre las familias de los mártires. Muchos consideraron que los años de guerra y sacrificios, y las esperanzas depositadas en el proyecto de autoadministración, habían desembocado en un arreglo muy inferior a sus aspiraciones. Después de todo lo que se dijo sobre «Rojava», la democracia y la autonomía, el proceso terminó con la renuncia a la fuerza militar independiente a cambio de la participación en las instituciones del Estado central y de algunos cargos políticos y administrativos.
Esto no significa que el reconocimiento de los derechos de los kurdos o la participación en las instituciones del Estado carezcan de importancia. El reconocimiento de la identidad nacional y cultural del pueblo kurdo, la garantía del derecho a la educación en la lengua materna y al desarrollo de actividades culturales, la participación política y la representación justa en las instituciones del Estado, la participación en la gestión de los asuntos locales, la igualdad en la ciudadanía y la lucha contra la discriminación son demandas fundamentales que deben abordarse en este marco.
Pero, si estos derechos no se convierten en garantías constitucionales y legales aplicables, quedan expuestos a retrocesos cuando cambien las relaciones de fuerzas. Por ello, su reconocimiento no debe seguir dependiendo de los decretos y decisiones del Gobierno de transición, sino basarse en garantías constitucionales claras en la Constitución del nuevo orden, que aseguren el reconocimiento de la identidad kurda y protejan los derechos nacionales, culturales y políticos del pueblo kurdo. La forma del Estado y el sistema de administración local serán elementos decisivos para determinar el futuro de la cuestión kurda.
La cuestión de las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ), parte de las FDS, sigue siendo delicada, no solo por los acuerdos relativos a su integración militar, sino también por su significado político y social como símbolo del papel de las mujeres en la experiencia kurda y en la guerra contra ISIS. La forma en que estas unidades se integrarán en las instituciones del Estado, su estructura de mando y el grado en que conservarán su carácter organizativo propio siguen siendo objeto de debate. Se ha planteado la opción de incorporarlas al Ministerio del Interior como una fuerza organizada y especial, pero siguen abiertas las cuestiones relativas al alcance de la integración, la estructura de mando y el grado de autonomía de estas unidades. Por eso, es necesario distinguir entre lo acordado y lo que efectivamente se ha aplicado, y seguir la evolución de su situación organizativa y militar. El resultado de este proceso reflejará, en gran medida, la posición de las mujeres en los sistemas político y de seguridad que se están construyendo.
Los efectos de los años de guerra no pueden superarse simplemente mediante la reorganización de las instituciones militares. Las cuestiones del desplazamiento, la propiedad, las violaciones de derechos y el retorno de la población siguen pendientes en Kobani, Ras al-Ain («Serekaniye»), Afrin, Hasaka y otras zonas. Estas cuestiones requieren soluciones políticas y jurídicas serias que garanticen los derechos de las víctimas y de las personas desplazadas, y abran el camino para abordar los efectos del conflicto en lugar de dejarlos acumularse en la sociedad.
¿Dónde queda la clase trabajadora en todo esto?
La dimensión económica y social sigue siendo la más ausente del debate. Mientras la mayor parte de las discusiones gira en torno al ejército, el petróleo, las fronteras, la seguridad, la soberanía y los cargos, la vida de los trabajadores y los campesinos permanece en el último lugar de la lista de prioridades.
Los trabajadores árabes y kurdos se enfrentan a problemas similares, desde el desempleo, la pobreza y la subida de los precios hasta el deterioro de los servicios y las crisis energética e hídrica. Los campesinos, por su parte, afrontan crisis de producción, comercialización y recursos. Desde esta perspectiva, reducir el conflicto a la relación entre Damasco y las FDS, entre los kurdos y Turquía, o entre Washington y las fuerzas sirias convierte a las clases populares en un actor secundario de un conflicto determinado por las élites políticas y militares.
Aquí se hacen visibles los límites del discurso nacionalista cuando se separa de la cuestión social. El trabajador kurdo y el trabajador árabe, pese a sus diferentes pertenencias nacionales, comparten numerosos intereses económicos. Lo mismo ocurre con los campesinos árabes y kurdos. Por ello, la defensa de los derechos nacionales de los kurdos no debe separarse de la defensa de los derechos sociales y económicos de todos los habitantes de la región. Construir la solidaridad de clase no exige superar las diferencias nacionales ni restarles importancia, sino reconocerlas y combatir las formas de discriminación asociadas a ellas. Esto permite construir intereses comunes sobre la base de la igualdad y de derechos equivalentes.
Desde esta perspectiva, el acuerdo parece servir, ante todo, a los intereses de la administración estadounidense y del Gobierno turco en la reorganización de las relaciones de fuerzas regionales de manera que se preserven sus intereses. Se centra en cuestiones de seguridad, petróleo, ejército, administración y distribución de cargos, sin abordar las raíces sociales y económicas del conflicto. Si estas cuestiones quedan fuera del arreglo, cambiar quién dirige las instituciones no mejorará, por sí solo, las condiciones de las clases populares.
La experiencia de las FDS revela los límites de confiar en las potencias extranjeras. Pese a los sacrificios realizados por las FDS en la guerra contra ISIS, el apoyo estadounidense no se convirtió en una garantía permanente para su proyecto político. Cuando cambiaron los intereses de Estados Unidos, también cambió la relación.
Aquí cabe recordar la frase de Marx sobre la historia, que aparece una vez como tragedia y otra como farsa. La historia kurda contemporánea está llena de promesas internacionales y alianzas que terminaron en decepción cuando cambiaron los intereses de las grandes potencias. El problema no reside en establecer alianzas o emprender negociaciones, sino en vincular el futuro de todo un pueblo a la voluntad cambiante de potencias extranjeras.
El fin de las FDS como fuerza militar independiente no significa el fin de la cuestión kurda en Siria. Su integración en el Estado sirio tampoco determina el futuro de la relación entre árabes y kurdos. La próxima etapa tomará forma en torno a la Constitución del nuevo orden, los derechos nacionales y culturales, la forma de la administración local, el retorno de las personas desplazadas y el tratamiento de las cuestiones de propiedad y de las violaciones de derechos, junto con las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y los campesinos.
Una salida que tome partido por el trabajo y la libertad solo puede alcanzarse mediante la movilización de las masas y su participación activa en la vida política. En este marco, no se puede aceptar que el nuevo orden se construya mediante acuerdos impuestos desde arriba ni que la nueva Constitución sea redactada por una asamblea que no represente la libre voluntad del pueblo. Hacer realidad las demandas de libertad y dignidad de la revolución exige garantizar la libertad de los partidos políticos, celebrar elecciones libres y justas basadas en el sufragio universal y establecer una asamblea constituyente libre y soberana. La capacidad de los distintos sectores de la sociedad para decidir su destino depende de su libre participación en el proceso político.
Si el arreglo se limita a unificar las fuerzas, redistribuir los cargos y controlar el petróleo, los pasos fronterizos y las instituciones de seguridad, seguirá siendo una reorganización de las relaciones de fuerzas entre las autoridades locales y los Estados, sin abordar las raíces del conflicto ni hacer justicia a sus víctimas. Además, hasta ahora, el acuerdo no ha disipado las tensiones entre las comunidades árabes y kurdas ni ha ofrecido pasos serios hacia la paz social y la justicia para las víctimas de las distintas partes.
Para las clases populares, el verdadero criterio de cualquier arreglo no es el número de cargos obtenidos por uno u otro liderazgo, ni quién controla los pasos fronterizos y los yacimientos petrolíferos, sino el alcance de los derechos políticos, nacionales, sociales y económicos que consigan conquistar. El trabajador y el campesino, sean árabes o kurdos, necesitan un sistema político y social que garantice sus derechos, su libertad y su dignidad, no solo un cambio en los nombres de las fuerzas dominantes.
En última instancia, lo necesario no es solo poner fin a la guerra, sino eliminar las condiciones que la hicieron posible desde el principio. En este contexto, construir una alternativa política independiente del Gobierno y de la clase capitalista, que enarbole las demandas de libertad y dignidad de la revolución, sigue siendo la tarea más urgente para los revolucionarios.
