Por MST-RD, sección de la UIT-CI de República Dominicana
El gobierno dominicano dispuso una violenta represión contra los trabajadores azucareros para seguir cuidando los intereses empresariales. Compartimos este artículo publicado por las compañeras y compañeros del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, sección de la UIT-CI en República Dominicana, el pasado 3 de junio
El gobierno aplastó a sangre y fuego la protesta obrera en el Consorcio Azucarero Central: ¡Basta de superexplotación y semiesclavitud!
Agentes militares y policiales atacaron una huelga de los cañeros del Consorcio Azucarero Central (CAC) en el Batey 5, el 26 de mayo, dejando al menos 14 trabajadores con heridas por armas de fuego, armas blancas, fracturas y otras lesiones graves. Durante el ataque, los represores utilizaron maquinaria pesada y dispararon perdigones y balas contra los trabajadores que ejercían desde el día anterior su derecho a paralizar sus labores ante los abusos de la empresa. Luego del ataque, la Dirección General de Migración (DGM) procedió a deportar a más de sesenta trabajadores detenidos arbitrariamente, pese a que se encontraban en el país en situación migratoria regular, con un contrato vigente y una visa de trabajo. Este crimen atroz contra la clase trabajadora demuestra la ausencia de libertades democráticas elementales como la libertad sindical, así como la persistencia de formas de semiesclavitud y trabajo forzoso en el país.
Es muy grave que policías y militares intervengan en un conflicto laboral para aplastar la protesta obrera y que la DGM realice expulsiones arbitrarias violando la ley migratoria. Se confirma nuevamente el uso de la DGM para deportar a trabajadores y evitar que cobren sus salarios y prestaciones completas, actuando como un brazo paramilitar de los empresarios. El Ministerio de Trabajo, que históricamente ha sido cómplice del trabajo forzoso en la industria azucarera, y que lo ha defendido a nivel nacional e internacional en el caso de Central Romana, también es responsable de proteger a los capitalistas dominicanos y guatemaltecos del CAC. Esta empresa es la que paga un monto más bajo por la tonelada de caña cortada, menos de cien pesos, un monto incluso menor a los que pagan Central Romana y el CAEI, de por sí miserables.
En el Batey 5 se ha instalado un clima de terrorismo patronal y hay un gran hermetismo, lo que sumado a la complicidad de los principales medios de comunicación ha impedido que se conozcan más detalles de esta brutal represión antiobrera.
En este crimen “público-privado” también ha sido cómplice la burocracia sindical de la CNUS, ya que existe un sindicato en esta empresa que ante la represión y las deportaciones no hizo nada para defender a los trabajadores en lucha, ni siquiera ha emitido una declaración denunciando las acciones del gobierno y la empresa. No es de extrañar, pues el presidente Abinader fue orador en el congreso de la CNUS en 2021 y su dirigente vitalicio Pepe Abreu, quien es beneficiario de una abultada pensión de privilegio otorgada por el gobierno, se ha pronunciado en el pasado en apoyo a las empresas azucareras ante las denuncias de violaciones a los derechos laborales y trabajo forzoso, y ha sido siempre un servil agente de los gobiernos del PLD y el PRM. Las organizaciones sindicales internacionales CSA y CSI tienen como integrante a la CNUS, un aparato burocrático racista que es cómplice directo del trabajo forzoso en la industria azucarera.
La empresa, de capitales guatemaltecos y dominicanos, arrienda tierras y bienes que son del Estado dominicano, como consecuencia del proceso de privatización llevado a cabo por el primer gobierno del PLD a fines de los 90. Estos capitalistas han estafado al Estado dominicano, de acuerdo con una denuncia de la Articulación Nacional Campesina ante la PGR en el año 2020, al no pagar las cuotas de arrendamiento al Estado, además la empresa ha desalojado a campesinos de sus tierras, destruyendo sus cultivos, lo que ha generado protestas en los últimos años en la región, incluyendo un campamento campesino permanente conocido como el Campamento Libertad. Las comunidades campesinas también sufrieron detenciones arbitrarias y vienen denunciando la contaminación y el acaparamiento del agua por parte de la empresa.
Nos sumamos a la exigencia popular de que se ponga fin a la concesión de arrendamiento de las tierras estatales a los explotadores del CAC. Es el momento de realizar movilizaciones unitarias entre las organizaciones obreras y campesinas de todo el país contra esta empresa explotadora. Exigimos a la Procuraduría General de la República que cese su complicidad con los crímenes de la PN, los militares y la DGM contra los trabajadores inmigrantes haitianos y que emprenda acciones ante la represión y las detenciones arbitrarias. Llamamos a las organizaciones obreras del mundo a rechazar la semiesclavitud a la que son sometidos los trabajadores cañeros y que exijan al gobierno de Luis Abinader que respete los derechos laborales y pague inmediatamente las pensiones a los trabajadores cañeros retirados, así como indemnizaciones a los trabajadores reprimidos en Batey 5.
¡Alto a la política antiobrera del gobierno! ¡Castigo a los corruptos y represores de la PN, la DGM y los militares! ¡Revocación de la concesión al Consorcio Azucarero Central ya! ¡Solidaridad internacional con los trabajadores cañeros!
