Por Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI en Venezuela
Los recursos provenientes del petróleo controlados por Estados Unidos, deben colocarse al servicio de las víctimas
El pasado miércoles 24 de junio, a partir de las 6:04 de la tarde, se produjeron dos sismos casi simultáneos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, con epicentros en el estado Yaracuy, en centro occidente, a unos 168 kms. de la capital. Se trató de un fenómeno inusual y altamente peligroso conocido como doblete sísmico. El mismo afectó la zona central del país y especialmente al estado La Guaira y a Caracas; con severas repercusiones en estados como Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy, Lara, entre otros.
El último parte del gobierno cifra el número de fallecidos en 589 y 2.980 heridos, una cifra que con las horas seguramente seguirá aumentando, lamentablemente. Aún hay muchas personas desaparecidas, las cuales se encuentran bajo los escombros de varias decenas de edificaciones que colapsaron.
Desde el Partido Socialismo y Libertad manifestamos al pueblo trabajador venezolano nuestro más profundo dolor ante las innumerables pérdidas de vidas humanas, y las cuantiosas pérdidas materiales, particularmente de viviendas, ocasionando que hasta el momento hayan más de 27 mil personas damnificadas. Nos solidarizamos con los sectores populares y trabajadores y trabajadoras afectadas por los terremotos, y nos unimos en un abrazo solidario con cada familia trabajadora que hoy padece esta tragedia en carne propia.
Un desastre natural en medio de una gran catástrofe social
Esta catástrofe llega en el peor momento para nuestro país. Después de años de corrupción y robo de los recursos provenientes del petróleo; de destrucción de los servicios públicos consecuencia de la reducción del gasto social, y de aplicación de un brutal ajuste capitalista que ha descargado la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. Mientras el gobierno avanza en su pacto con Trump entregando nuestros recursos naturales, prepara despidos en la administración publica y pretende reformar la ley del trabajo en función de los intereses del empresariado.
Un país en precarias condiciones y serias dificultades para enfrentar una catástrofe de la magnitud de la que acaba de producirse. Sin agua, con apagones eléctricos crónicos, con un transporte deficiente, sin gas, escasez de gasolina, con millones de trabajadores sanitarios que se fueron del país por los salarios de hambre, y el sistema de salud destruido después de años de desinversión y severas sanciones imperialistas, aplicadas por Estados Unidos, el mismo país que nos bombardeó hace 6 meses y que ahora hipócritamente nos ofrece «ayuda».
En un reciente informe de la Encuesta Nacional de Hospitales, arrojó que en 2024 había un déficit de cerca del 60 % de la capacidad quirúrgica, con unos cuatro quirófanos operativos en promedio cuando la capacidad arquitectónica por hospital es de unos 10. Además, en el 91 % de los centros hospitalarios los pacientes deben llevar los insumos para ser operados, mientras que el índice de desabastecimiento de insumos de emergencia era del 36 %. Reivindicamos la labor del personal sanitario, que a pesar de la precariedad, trabaja con mística y compromiso para salvar vidas.
Un evento sísmico de tal magnitud y extensión territorial afecta sin distingos a todo el tejido social, pero son los sectores populares, habitantes de las barriadas más pobres, y las trabajadoras y trabajadores, los que sufren las peores consecuencias, producto de las difíciles condiciones sociales en las que viven.
Todos los recursos del Estado deben estar disponibles para atender a las víctimas
Llamamos a todos los sindicatos, consejos comunales y demás organizaciones populares a dar toda su solidaridad a las familias afectadas, activando centros de acopio, controlando la distribución de la ayuda para evitar la corrupción de la burocracia gubernamental.
Le exigimos al gobierno interino de Delcy Rodríguez y a todas las instituciones, que todos los recursos del Estado se destinen de inmediato a los afectados, y a las labores de rescate de las personas que permanecen bajo los escombros. El BCV inyectó más de 5.500 millones de dólares en efectivo a la banca privada en solo cinco meses para subsidiar a los ricos. ¡Exigimos que esta entrega de dinero al sector privado y la banca se detenga y esos recursos vayan al fondo de emergencia para la atención a los familiares de las víctimas y a la reconstrucción de las viviendas de las personas que quedaron damnificadas! ¡Atención diligente y reconstrucción habitacional inmediata para las víctimas!
El gobierno debe exigir a las grandes empresas nacionales y transnacionales que apoyen económicamente y que las empresas privadas de la construcción pongan a disposición del gobierno toda su maquinaria pesada y equipos para remoción de los escombros y salvar las vidas de cientos de personas que aún permanecen atrapadas en los edificios que colapsaron.
Horas antes de los potentes terremotos, se conoció que el gobierno venezolano hará público que su deuda externa es de 240 mil millones de dólares, y que aspira a cerrar un acuerdo con los acreedores para pagarla. Ante la gravedad de la situación creada por la catástrofe exigimos que el gobierno desista de esto y planté su condonación.
Ya varios gobiernos del mundo han manifestado su disposición a enviar ayuda material y humanitaria, en ese sentido le exigimos a los gobiernos que aún no se han manifestado, que lo hagan y envíen ayuda al pueblo venezolano que atraviesa por una dramática situación. Por cierto, uno de esos “países” es Israel, que nos envía “ayuda” mientras ejecuta un genocidio en Gaza y toda Palestina.
Exigimos que Estados Unidos levante de una vez por todas las sanciones que aún pesan sobre nuestra economía, particularmente las financieras y petroleras. Rechazamos la emisión de la licencia No. 60 que acaba de emitir la Ofac, la cual facilita el envío y procesamiento de fondos destinados a la asistencia humanitaria, de forma transitoria y solo hasta el mes de octubre, exigimos que sea permanente.
Igualmente exigimos que el imperialismo estadounidense entregue a Venezuela todo el dinero obtenido por venta de petróleo y minerales, y que mantiene represados en el departamento del Tesoro, y que esos recursos se destinen a un fondo especial de emergencia para atender la tragedia.
26 de junio de 2026
