Por Movimiento por la Libertad y la Dignidad
15/09/2026. Compartimos la declaración política del Movimiento por la Libertad y la Dignidad de Siria en apoyo a las últimas y grandes movilizaciones que enfrentan la decisión del gobierno de aumentar un 40% el combustible.
Los nuevos precios del combustible se anunciaron el sábado por la noche mediante una circular emitida por el Ministerio de Energía. El precio del litro de diésel subió de 125 a 175 libras sirias, mientras que el de la gasolina de 95 octanos aumentó de 152 a 195 libras y el de la gasolina de 90 octanos, de 142 a 185 libras. Esta decisión desencadenó una ola generalizada de protestas, registrándose movilizaciones en más de 80 localidades.
A partir del domingo, la gente comenzó a concentrarse en diversas zonas de Hasaka, Raqa y Deir ez-Zor. Las protestas adoptaron diversas formas: desde huelgas en el sector del transporte, cortes de carreteras y quema de neumáticos, hasta el bloqueo del paso de camiones cisterna por algunas áreas. Las protestas se extendieron rápidamente a Idlib, Alepo, Hama, Damasco, Manbij y otros lugares.
Las demandas eran claras y directas: revertir los nuevos precios y exigir responsabilidades a los autores de la medida, empezando por el ministro de Energía, Mohammed al-Bashir. La decisión no implica simplemente un aumento en el precio del litro de gasolina o diésel; amenaza con repercutir directamente en las tarifas de transporte y en los precios de los productos y bienes de primera necesidad —especialmente la harina y el pan—, imponiendo a las clases populares cargas que no pueden permitirse asumir.
Asimismo, diversas organizaciones, agrupaciones políticas y personas independientes han convocado una sentada para el martes 15 de septiembre, a las 19:00 horas, en la plaza pública de Salamiya.
Ante la creciente ola de protestas, el gobierno de transición se apresuró a anunciar que revisaría los precios, planteando la posibilidad de devolverlos a sus niveles anteriores o de optar por un incremento menor. Por su parte, la Asamblea Popular decidió convocar al ministro de Energía a una sesión el 17 de septiembre para debatir la decisión, tras una solicitud firmada por más de 59 diputados.
Sin embargo, estas promesas no han logrado hasta ahora aplacar el malestar popular, y las manifestaciones y sentadas continúan en varios puntos. Quienes participan en las protestas tienen todo el derecho a recibir estos anuncios con cautela, dado que las promesas gubernamentales han quedado reiteradamente solo en eso, promesas. La gente no quiere escuchar de acciones futuras. Exigen que se revierta la decisión y se adopte una política económica que proteja su derecho a vivir con dignidad.
Durante el último año, el gobierno trabajó para ganarse el apoyo de la opinión pública, especialmente en las gobernaciones orientales, de cara al proceso de integración con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). En aquel entonces, se afirmaba que la liberación de Jazira devolvería su riqueza a la población y que los habitantes se beneficiarían de los recursos de su región, libres de la «corrupción» y las políticas de las FDS.
Bajo el control de las FDS, el precio del litro de gasolina no superaba las 80 nuevas libras sirias. Hoy, apenas un año después, el precio en Jazira ha alcanzado las 195 libras.
¿Qué pasó, entonces, con las promesas de devolver la riqueza al pueblo?
Cambiar el partido que controla los recursos no basta si la riqueza misma permanece fuera del control de la población. Carece de sentido liberar recursos de una autoridad para transferirlos a otra si el pueblo sigue privado de su derecho a decidir cómo se extraen y gestionan dichos recursos, y cómo se distribuyen los ingresos que generan.
A través de sus medios oficiales, el gobierno de transición promueve la idea de que el aumento de los precios de los productos se debe a los mayores costos de transporte y seguros a nivel mundial, derivados de la crisis en el estrecho de Ormuz y de las condiciones de navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.
Es posible que estos factores tengan un impacto real en los costos de importación y transporte, y no se pueden ignorar los cambios en la economía global. Sin embargo, utilizarlos para justificar que sean únicamente las clases populares quienes soporten el costo de la crisis no constituye una solución.
Desde que asumió el poder, el gobierno de transición ha dependido en gran medida del apoyo económico externo y de la apertura del mercado a las importaciones, mientras que la producción nacional, los sectores agrícola e industrial y la protección de los recursos del país no han recibido la prioridad que merecen.
No es posible construir una economía independiente mediante un mercado abierto al capital y a las importaciones si se deja a los productores, trabajadores y campesinos sirios bajo la presión de los precios y la pobreza.
La riqueza de Siria no es una mercancía que deba entregarse a empresas extranjeras. El petróleo, el gas, el trigo, el agua y la tierra no son propiedad del gobierno ni de los inversores. Pertenecen al pueblo sirio, que ha pagado un precio enorme a lo largo de dieciséis años de revolución y guerra, y que no salió de ellas solo para encontrarse frente a más pobreza, precios más altos e inseguridad económica.
Nos solidarizamos con las protestas populares y exigimos lo siguiente:
- Revocar de inmediato los nuevos precios del combustible y restablecer los precios a los niveles previos a dicha decisión.
- Elaborar un plan nacional claro e integral para el sector del petróleo y el gas, basado en el reconocimiento de los recursos naturales como propiedad del pueblo sirio, en lugar de como algo que deba repartirse entre empresas extranjeras e intereses privados.
- Proteger y nacionalizar los recursos y sectores estratégicos —principalmente el petróleo y la agricultura— y situar la producción bajo la supervisión y el control de quienes trabajan en ella, garantizando que los recursos se destinen a servir a la sociedad en lugar de a maximizar los beneficios de los inversores.
- Apoyar a los campesinos, a los trabajadores y a la producción nacional, y suministrar los insumos necesarios para la agricultura y la industria, a fin de evitar las crisis recurrentes de trigo, combustible y productos de primera necesidad, así como las cargas económicas derivadas de los precios que, en última instancia, recaen sobre los pobres.
- Exigir una investigación y la rendición de cuentas por parte del Ministro de Energía, del gobierno y de todos los responsables de esta decisión, la cual evidencia un enfoque basado en el ejercicio unilateral del poder y en el monopolio de la toma de decisiones y de las fuentes de poder. La riqueza del pueblo no es propiedad del gobierno, y los recursos del país no deben gestionarse sin supervisión popular ni rendición de cuentas.
- Involucrar al pueblo y a los trabajadores de los sectores productivos en la elaboración de la política económica y en la gestión de los recursos, en lugar de imponer decisiones desde arriba y hacer que los trabajadores, los campesinos y los pobres soporten sus consecuencias.
La crisis petrolera no es simplemente una crisis por un litro de gasolina, del mismo modo que la crisis del trigo no se reduce a una tonelada de trigo, ni la crisis económica es una mera cuestión de cifras en los boletines de precios. Se trata de la crisis de todo un modelo económico que antepone el mercado y el beneficio a los seres humanos, concentra la riqueza en manos de unos pocos y hace que la mayoría de la población pague el precio de las crisis.
La crisis del petróleo, de la agricultura y de una economía maltrecha no puede resolverse mediante más privatizaciones, dependencia de potencias extranjeras ni aumentos de precios impuestos a los sectores más pobres.
La solución comienza con el control popular sobre los recursos, con la reconstrucción de la producción nacional, con la participación de trabajadores y campesinos en la gestión de los sectores donde generan riqueza y con una distribución de los recursos basada en criterios de equidad y sostenibilidad.
Movimiento por la Libertad y la Dignidad – Siria
15 de septiembre de 2026
