Por Propuesta Socialista, sección de la UIT-CI en Panamá
¡Todos y todas a la marcha del 30 de septiembre de 2026!
En los últimos días han salido a la luz graves denuncias sobre prácticas de vigilancia, perfilamiento a dirigentes sociales y sus familias.
La Alianza Pueblo Unido por la Vida, junto con organizaciones sindicales, sociales, ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, tras conocerse la denuncia presentada por organismos internacionales de derechos humanos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre estos hechos.
En un comunicado fechado el 10 de septiembre de 2026, la Policía Nacional ha reconocido públicamente: “No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos para el bien de operaciones que derivan en mantener el orden y la seguridad nacional”.
¿Orden y la seguridad nacional?
No obstante lo anterior, estos “agentes encubiertos” se adentraron a las estructuras sindicales, comunitarias, estudiantiles, gremiales en lucha por la soberanía nacional, derechos a la organización, respeto a los derechos humanos, opositores y opositoras a los embalses de río Indio, comarcales, estudiantiles, docentes, quienes estuvieron en primera fila contra la aprobada Ley 462, por el cierre de la minera Panamá, contra el alto costo de la vida, la protección del medio ambiente, derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, propias de regímenes dictatoriales, violatorias de los derechos humanos y de las libertades democráticas.
Minimizar el alcance de la persecución política y llevar al SUNTRACS a su mínima expresión
El ministro Abrego, durante una entrevista, señaló al SUNTRACS como organización objeto de estos seguimientos. Esto, a nuestro juicio, tiene como objetivo minimizar el alcance de esta vigilancia y perfilamiento a otros sectores y dos continuar con la política del gobierno empresarial de Mulino de llevar al SUNTRACS a su mínima expresión.
Mientras esto ocurre, el ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de diputados la propuesta presupuestaria del Ministerio de Seguridad de B/. 1,732.9 millones para la vigencia fiscal 2027.
También se conoció la existencia de un “fondo especial” de aproximadamente B/. 12.992 millones, acordado entre el Ministerio de Seguridad y la Autoridad del Canal de Panamá, destinados durante 3 años a “labores de patrullaje, protección y vigilancia de la vía interoceánica”, tiempo de vigencia del acuerdo de entendimiento con los Estados Unidos.
La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, señaló que estos recursos ya estaban contemplados en el presupuesto de 2026.
¿Cuál es el verdadero propósito de las labores de vigilancia?, ¿a quiénes se está vigilando?
Bajo la premisa de la Policía Nacional cualquier persona u organización que mantengan o exprese una posición contraria a la política del gobierno empresarial del presidente Mulino podría ser objeto de violación de derechos humanos y de las libertades democráticas. Por lo que en esta coyuntura, corresponde a todos los sectores que se reclaman democráticos exigir respeto a los derechos humanos y garantías para ejercer nuestro derecho a la organización, libertad de expresión y reunión, y a la protesta, derecho a la intimidad, por señalar algunos.
¡Basta de persecución y vigilancia!
¡Por el respeto a las libertades democráticas y los derechos humanos!
¡Todos y todas a la marcha del 30 de septiembre de 2026, 4:30 p. m., Parque Porras!
