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Portugal: ¡La vivienda no puede esperar: ocupemos las calles para derrotar el OE2027!

by UIT-CI
noviembre 19, 2026
in Destacables, PORTUGAL
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Portugal: ¡La vivienda no puede esperar: ocupemos las calles para derrotar el OE2027!
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Por Trabalhadores Unidos, sección de la UIT-CI en Portugal

19/11/2026. La crisis de la vivienda sigue expulsando a trabajadores y estudiantes de las ciudades, consumiendo una parte cada vez mayor de los salarios y condenando a miles de personas a la precariedad y la inestabilidad. Frente a esta realidad, el Gobierno se prepara para aprobar unos Presupuestos del Estado para 2027 que no enfrentan las causas estructurales de esta crisis y mantienen intactos los intereses de quienes convierten una necesidad básica en un negocio millonario.

No podemos aceptar que los Presupuestos del Estado se aprueben como si nada estuviera ocurriendo en las calles. La movilización por el derecho a la vivienda debe continuar e intensificarse, para exigir que el Gobierno dé marcha atrás con sus políticas y para presionar a todos los partidos con representación parlamentaria a que no permitan la aprobación de unos presupuestos que perpetúan la crisis habitacional.

 

¡Más viviendas públicas, menos especulación!

El OE2027 sigue sin asumir un compromiso serio con el aumento del parque público de viviendas, ni presenta una estrategia capaz de movilizar el patrimonio inmobiliario existente para responder a las necesidades de quienes no pueden pagar los precios del mercado.

La realidad es que Portugal tiene más viviendas que familias, pero eso no significa que las personas tengan acceso a una vivienda. Hay cientos de miles de inmuebles vacíos, muchos de ellos en los centros de las ciudades, algunos abandonados y otros mantenidos fuera del mercado, mientras trabajadores y estudiantes son empujados cada vez más lejos de sus lugares de trabajo y estudio. En lugar de seguir apostando principalmente por la construcción de nuevas viviendas, es necesario poner el patrimonio existente al servicio de las necesidades de la población, mediante un programa público de rehabilitación de inmuebles abandonados y subutilizados, comenzando por las zonas de mayor presión urbanística.

Esta es una respuesta que puede permitir disponer de viviendas más rápidamente, aprovechando edificios que ya existen, recuperando los centros urbanos y combatiendo la especulación inmobiliaria. Pero no basta con poner viviendas en el mercado: es necesario garantizar que sus precios sean realmente accesibles. Defendemos la creación de un parque público de viviendas para alquiler y adquisición, con alquileres y cuotas hipotecarias controlados en función de los ingresos reales de la población, tomando como referencia el salario mínimo y el salario medio en Portugal y garantizando que los gastos de vivienda no superen el 35% de los ingresos familiares. La Caixa Geral de Depósitos, en tanto banco público, también debe movilizarse para apoyar el acceso a la compra de viviendas a precios controlados.

Las modificaciones propuestas por AD al OE2027, que refuerzan el papel de las juntas parroquiales en materia de vivienda, no pueden servir para disimular la ausencia de una política nacional. Los gobiernos locales tienen, naturalmente, un papel importante, pero no podemos aceptar que la responsabilidad del Estado central se traslade a municipios y juntas parroquiales con capacidades financieras profundamente desiguales y cuya actuación depende de las opciones políticas de cada gobierno local.

El ejemplo de Lisboa es esclarecedor: mientras miles de personas no consiguen encontrar una vivienda en la ciudad donde trabajan, el gobierno municipal de Carlos Moedas insiste en subastar terrenos municipales, en lugar de preservarlos y destinarlos a la creación de vivienda pública. El patrimonio público no puede seguir siendo tratado como una oportunidad de negocio. El Estado central debe asumir la responsabilidad de financiar, adquirir, rehabilitar y ampliar el parque público de viviendas, garantizando una respuesta universal y no dependiente de la disponibilidad financiera de cada municipio ni de la voluntad de cada alcalde.

 

El Gobierno y la oposición quieren que la lucha se conforme con las migajas

El Gobierno sigue rechazando las medidas necesarias, mientras intenta restar importancia a la dimensión y la legitimidad de la movilización popular. En el mismo momento en que miles de personas salen a las calles, Luís Montenegro viene a decir que no podemos andar reclamando medidas «para todo y para todos», invocando la estabilidad financiera.

¿Pero estabilidad para quién? ¿Para quienes trabajan y no pueden pagar un alquiler? ¿Para quienes tienen que elegir entre pagar la cuota de la vivienda y afrontar los demás gastos? ¿Para los estudiantes que se ven obligados a abandonar las ciudades donde estudian? ¿O para los grandes propietarios, inversores y grupos económicos que siguen acumulando riqueza a costa de una necesidad básica?

Las cifras ayudan a comprender la dimensión del problema. Una investigación del diario Público reveló que los 220 miembros del Gobierno y diputados del PSD, Chega, IL y CDS-PP poseen, en conjunto, 1.039 inmuebles, valorados en 55,6 millones de euros. Además, una investigación sobre participaciones empresariales identificó a 40 políticos con participaciones en empresas del sector inmobiliario, cuyos ingresos conjuntos superaron los 23 millones de euros en 2025.

No se trata de afirmar que la titularidad de un patrimonio o la participación en una empresa constituyan, por sí mismas, una ilegalidad. Se trata de cuestionar qué intereses están representados en las decisiones políticas sobre la vivienda y denunciar la connivencia entre el poder político y los intereses económicos que se benefician de esta crisis. Estamos hartos de escuchar hablar de estabilidad financiera cuando se trata de garantizar las ganancias de los grandes propietarios, mientras la estabilidad de la vida de quienes trabajan y estudian sigue siendo sacrificada.

Tampoco podemos aceptar las maniobras de los partidos de la oposición para presentar pequeñas concesiones como si fueran respuestas a la crisis. El PS no puede utilizar la inclusión de medidas puntuales en los Presupuestos como excusa para dejar pasar unas cuentas que siguen sin responder a las reivindicaciones del movimiento por la vivienda. La propuesta de eliminar definitivamente la comisión bancaria por el reembolso anticipado de los créditos hipotecarios, por ejemplo, es una medida positiva, pero no resuelve el problema de los alquileres inalcanzables, la falta de vivienda pública ni el peso de las cuotas hipotecarias sobre los salarios. La propia AD se limita a defender una suspensión temporal de esta comisión durante 2027.

Lo mismo ocurre con las promesas de Chega de aprobar medidas para reducir los costes de la vivienda y de los combustibles. No necesitamos más anuncios ni medidas aisladas para adornar el discurso político. Necesitamos un cambio efectivo de política que enfrente los intereses de la especulación inmobiliaria y garantice el derecho a la vivienda.

 

¡Del 21 al 24 de noviembre, la lucha continúa frente a la Asamblea de la República!

Frente a todo esto, tenemos ahora una tarea concreta y urgente: el acampe frente a la Asamblea de la República, entre el 21 y el 24 de noviembre, durante la discusión y votación final de los Presupuestos del Estado. Es necesario exigir que los Presupuestos del Estado sean rechazados si el Gobierno no da marcha atrás. Ninguna concesión puntual puede servir para encubrir unos presupuestos que mantienen todo esencialmente igual. Es necesario presionar al Gobierno y a todos los partidos, sin excepción, y exigirles que asuman sus responsabilidades ante quienes luchan por el derecho a tener un lugar donde vivir.

Es fundamental llevar hasta las puertas del Parlamento la fuerza de quienes han salido a las calles, de quienes están acampando, de quienes enfrentan alquileres imposibles y de quienes no aceptan seguir siendo expulsados de las ciudades. La votación final del OE2027 está prevista para el 24 de noviembre. No podemos permitir que los partidos decidan a puertas cerradas, sin sentir la presión de quienes se ven directamente afectados por sus decisiones.

También sigue abierta la discusión en comisión y la votación de la nueva ley de alquileres. Esa batalla no ha terminado. Pero, en este momento, tenemos una oportunidad concreta de aumentar la presión sobre el Gobierno y sobre todos los partidos que pueden permitir la aprobación de los Presupuestos. Es necesario convertir este acampe en un momento de convergencia, participación y movilización, capaz de demostrar que no vamos a desistir hasta conquistar respuestas.

 

¡Necesitamos construir una lucha capaz de vencer!

La movilización que se ha desarrollado en las últimas semanas demuestra que existe una enorme disposición a luchar. La encuesta de Aximage para el Diário de Notícias, difundida el 13 de noviembre, reveló que el 70% de los portugueses está de acuerdo con las razones que motivaron las manifestaciones y los acampes por el derecho a la vivienda. Este apoyo atraviesa al electorado de diferentes fuerzas políticas y demuestra que las reivindicaciones del movimiento responden a una necesidad sentida por una amplia mayoría de la población.

Ni siquiera los intentos de restar importancia a las movilizaciones por parte de Paulo Rangel, quien afirmó que no había grandes manifestaciones por la vivienda, consiguen borrar esta realidad. Cuando más de 30 ciudades se movilizan, cuando miles de personas salen a las calles y cuando siete de cada diez portugueses reconocen la legitimidad de esta lucha, el problema no está en la dimensión de las protestas. Está en un Gobierno que sigue negándose a escuchar a quienes exigen soluciones.

Perdimos la oportunidad de convertir el 11 de noviembre en una jornada histórica de huelga general ibérica por la vivienda. También perdimos la oportunidad de concentrar la máxima presión popular los días 23 y 24 para derrotar estos Presupuestos, utilizando la huelga general como herramienta de lucha. Pero no podemos convertir las oportunidades perdidas en motivos para retroceder. Por el contrario, tenemos que sacar las conclusiones necesarias, debatir democráticamente los próximos pasos y preparar nuevas iniciativas capaces de elevar la movilización.

Seguimos necesitando una lucha que exija un aumento significativo del parque público de viviendas, la rehabilitación y puesta a disposición de los inmuebles vacíos, medidas efectivas para combatir la especulación inmobiliaria y el control de los precios de los alquileres y de las cuotas de los créditos hipotecarios. Una lucha que no se limite a pedir pequeñas modificaciones de una u otra ley, sino que enfrente la política de este Gobierno y los intereses económicos que la sostienen.

También es necesario seguir construyendo las condiciones para una huelga general por la vivienda, que haga converger a trabajadores, estudiantes, inquilinos, movimientos sociales y a todos los afectados por esta crisis. Una huelga capaz de demostrar la fuerza de quienes hacen funcionar el país, pero a quienes se les niega el derecho a vivir con dignidad. El camino debe ser el de la más amplia unidad posible, construida mediante el debate democrático y la participación de todos, pero también con una orientación combativa, decidida a conquistar victorias concretas.

No aceptamos que nuestra vida siga siendo el negocio de otros. No aceptamos que la estabilidad financiera de los grandes propietarios y de los fondos inmobiliarios valga más que la estabilidad de nuestras vidas. Del 21 al 24 de noviembre, ocuparemos las calles frente a la Asamblea de la República. Para exigir que el OE2027 no se apruebe sin respuestas a la crisis de la vivienda. Para exigir el derecho a tener un lugar donde vivir. Para seguir construyendo la lucha que puede vencer.

Tags: EuropagobiernomovilizaciónPortugalpresupuestoProtestasRechazovivienda
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