El sábado, 16 de marzo, a menos de un mes de reiniciado el “diálogo” con la oposición patronal, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sacó nuevamente los dientes y aplastó con violencia una movilización pacífica que exigía la liberación de los presos políticos que mantiene el régimen.
De lo que se trata para quienes detentan el poder es de mantener en pie la proscripción estricta del derecho a la protesta, sostener la regimentación policial de la población. Tal es el nerviosismo del régimen que desde hace más de seis meses se mantienen ocupadas las principales rotondas de Managua con empleados públicos del FSLN, para impedir la realización de marchas o manifestaciones, mientras que gran parte de la capital, hacia los alrededores del palacio presidencial, se encuentra militarizada.
La violencia de Ortega y Murillo es proporcional a su temor a la movilización popular. La jornada se saldó con la detención de 164 personas, entre ellas la ex guerrillera y ex funcionaria sandinista Mónica Baltodano; seis heridos, así como varios periodistas golpeados y robados por la policía. Todos habrían sido liberados 8 horas después. No obstante, lo más importante es que el pueblo demostró nuevamente su disposición de lucha para salir de Ortega y Morillo y su desconfianza en los diálogos entre el gobierno y la burguesía opositora reunida en torno a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
“La Alianza”, como es llamada popularmente, luego de la represión declaró las negociaciones “en alto riesgo” y el lunes 18 de marzo asistió a la sede de las negociaciones, la Escuela de Negocios de Managua, únicamente a leer un comunicado repudiando la represión. Sin embargo, no rompió categóricamente su participación en las negociaciones. La alianza ha sido copada por los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), mientras que la mayoría de las agrupaciones campesinas, estudiantiles, sindicales y del movimiento de mujeres han desertado de ella, al no apoyar los diálogos con el gobierno. La Iglesia Católica se reacomodó ante el repudio popular a las negociaciones, retirándose de ellas, pero no para jugar un rol de mayor beligerancia sino por el contrario de mayor neutralidad, tal y como se desprende de las actuaciones del Nuncio Apostólico.
La agrupación opositora disidente Unidad Nacional Azul y Blanco fue la que convocó la movilización, la primera desde octubre y que se llevó a cabo pese a las amenazas del gobierno de reprimir. El 27 de febrero el gobierno había sacado de la cárcel a cien de los 777 presos políticos, aunque sin libertad plena sino un régimen de casa por cárcel. Una nueva liberación de presos se limitó a solo 50 presos más en marzo. Los presos han denunciado torturas y maltratos, muchos de ellos han sido enjuiciados y condenados utilizando la ley “antiterrorista” de Ortega, aprobada en el marco de la rebelión del año pasado. Se han aplicado condenas absurdas como las del 16 de febrero contra tres dirigentes campesinos, de 159 a 216 años de cárcel.
Lo que lleva al autodenominado Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional orteguista a emprender la farsa de la negociación es su preocupación por la crisis económica, por la que se espera una caída del PIB del 11% este año, agravada por sanciones del imperialismo yanqui que limitan el acceso al endeudamiento en el mercado financiero de EEUU. Los objetivos del régimen con los diálogos son el cese de las sanciones y patear hacia el año 2021 una reforma electoral para regir el proceso electoral presidencial. Para los empresarios opositores el objetivo es el adelanto de las elecciones y la “normalización” del país. Los intereses y las aspiraciones populares realmente no están contenidas en dichos diálogos.
Apoyamos la lucha del pueblo nicaragüense por la libertad de sus presos políticos, por la restitución del derecho a la protesta y por el fin de la dictadura de Ortega y Murillo. Para avanzar en esa dirección es necesario lograr la unidad de los sectores populares, estudiantiles, campesinos y obreros, en instancias de coordinación sin la participación de capitalistas, para articular una política unitaria de los de abajo contra la dictadura, sin la injerencia del imperialismo o los empresarios, que por sus propios intereses de clase son siempre los más prestos a conducir el proceso de luchas hacia el pantano de la negociación, con tal de obtener concesiones mezquinas por parte del régimen. Desde la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) llamamos al conjunto de la izquierda y el movimiento obrero de Latinoamérica a asumir el internacionalismo y denunciar a la dictadura nicaragüense, tal y como en la década del 70 se hizo ante el somocismo.
Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
20 de marzo de 2019
