Por Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Concentración en Fiscalía (Caracas) el 19 de febrero. 10 a.m.
El gobierno cívico-militar de Maduro ha desatado una ofensiva brutal contra los trabajadores y trabajadoras que intentan protestar contra el brutal paquetazo de ajuste que aplica el gobierno. Este ataque se ha expresado en los últimos días en Pdvsa, con la detención de Marcos Sabariego y Gil Mujica de la refinería de El Palito.
Previamente fueron jubilados forzosamente José Bodas, secretario general de la Futpv, Jaime López y Eudis Girot, directivos de la Futpv, así como José Cedeño, secretario general del sindicato Superoctano, entre muchos otros. Más recientemente fueron detenidos por el Dgcim Dolores Herrera y Gustavo Yánez en Lagunillas, y los compañeros Piña y Bencomo en Ciudad Ojeda, estado Zulia. Mientras que muchos otros trabajadores son perseguidos y acosados por los cuerpos de seguridad del Estado.
En nuestra industria se han desarrollado masivas asambleas y movilizaciones en los muelles de Tía Juana y La Salina, en la costa oriental del lago, en el edificio Miranda en Maracaibo y en la refinería de El Palito en Puerto Cabello, en las cuales se manifestó el descontento generalizado de la clase trabajadora y su disposición de enfrentar las precarias condiciones de trabajo, así como para exigir salarios y pensiones iguales a la canasta básica, el restablecimiento de los comedores, del Sicoprosa y el pago de los intereses del fondo de pensiones de los jubilados de Pdvsa.
El gobierno insiste en hundir en la miseria a las trabajadoras y trabajadores venezolanos, dejando caer sobre sus hombros el peso de la crisis económica y social que el gobierno y los empresarios crearon. Implementando un brutal paquetazo que solo beneficia a los funcionarios gubernamentales, a la burguesía emergente aliada de Maduro y a las transnacionales imperialistas, profundizando el saqueo y la entrega de nuestros recursos.
Este paquetazo ha destruido nuestros salarios, las convenciones colectivas, y todos los derechos y reivindicaciones laborales. El mismo se expresa en el sector público en el memorando 2792, que en la industria petrolera se concreta en el factor de equilibrio 9030, con el cual se prohíbe que un trabajador gane más de 2,5 salarios mínimos. Elimina de facto las tablas salariales, el pago de horas extra, el bono nocturno, los sistemas de guardias y los demás derechos adquiridos por las trabajadoras y trabajadores petroleros a lo largo de años de lucha.
En ese marco, somos los trabajadores y trabajadoras quienes tenemos que soportar las sanciones impuestas por Trump y el imperialismo, pero debemos tener claro que estas no han hecho sino agravar la tragedia que ya veníamos padeciendo. Por ello, no hay ningún supuesto legado que defender. El único legado que tiene el pueblo trabajador después de 21 años de falso socialismo son salarios de hambre, destrucción de las convenciones colectivas, y persecución a todo el que se atreve a reclamar sus derechos.
Esta ofensiva represiva del gobierno cívico-militar de Maduro no sólo se manifiesta en Pdvsa. Víctima de la misma han sido trabajadores y dirigentes sindicales de otros sectores como William Prieto de Fogade, directivos del sindicato docente en Sucre (Suepples), trabajadores siderúrgicos en Guayana, y el secretario general del Sindicato Siderúrgico Nacional, Alejandro Alvarez, entre otros.
Lo que está en curso es un plan represivo deliberado del gobierno para acallar la protesta obrera y popular, y eliminar cualquier obstáculo que se interponga en la aplicación del paquetazo de ajuste de Maduro. En Pdvsa la persecución a los que luchan, intenta acallar cualquier voz que se levante contra el plan de privatización y entrega de nuestra principal industria a las transnacionales gringas, rusas, chinas, europeas, y al capital nacional.
Debemos hablarle con claridad a los petroleros y petroleras, y a todos los trabajadores del país. No se trata simplemente de una medida de algún gerente desprevenido, o de acciones asiladas del ministro Piñate o de Wills Rangel. Todo esto es una ofensiva fríamente calculada del gobierno para tratar de aplastar cualquier disidencia en Pdvsa y las empresas del Estado. Piñate, el presidente de Pdvsa y demás funcionarios, solo son ejecutores del plan del gobierno cívico-militar de Maduro. Mientras Wills Rangel y sus acólitos son cómplices del gobierno enquistados en el seno del movimiento obrero.
Desde C-cura planteamos que es urgente salirle al paso a esta ofensiva antiobrera. O veremos destruidas todas las reivindicaciones logradas a través de años de lucha, así como nuestras organizaciones sindicales, y la más mínima expresión de autonomía e independencia respecto al gobierno y los partidos patronales de la oposición burguesa encabezada por Juan Guaidó. Es ahora o nunca.
En tal sentido proponemos a la Coalición Sindical, a SinatraUCV, a los compañeros del Frente de Trabajadores Activos y Jubilados del Metro de Caracas, a la Juventud Obrera Católica, a Provea, al Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, y a todas las organizaciones y corrientes político-sindicales que hacen vida en el seno del movimiento de las trabajadoras y trabajadores petroleros, a concentrarnos el próximo miércoles a las 10 a.m. en la sede de la Fiscalía en Caracas, para exigir el cese a la represión, la inmediata liberación de los trabajadores detenidos, y el fin a la persecución de que son objeto muchos otros.
15 de febrero de 2020
