EL MUNDO › DOS PERSONAS MURIERON Y SE DECRETO EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL CUSCO
Humala reprime la protesta minera. La población de Espinar se manifestó en contra de las actividades de la minera Xstrata. Fue detenido el principal dirigente.
Por Carlos Noriega Desde Lima
Otra vez las protestas campesinas contra la minería ponen en serios problemas al gobierno de Ollanta Humala. Esta vez, la violencia estalló en la región andina de Cusco, al sudeste del país, donde la población de la provincia de Espinar, ubicada a más de cuatro mil metros de altura, rechaza las actividades de la minera Xstrata, de capitales suizos, que explota cobre en esa zona. Como ocurre en otras regiones del país, la empobrecida población acusa a la minera de contaminar el agua de los ríos y de no dejar suficientes recursos económicos en el lugar a pesar de sus millonarias utilidades. La población se mantiene en huelga desde hace nueve días y el lunes los enfrentamientos entre huelguistas y la policía dejaron dos pobladores muertos, decenas de heridos y más de veinte detenidos.
El gobierno respondió a la protesta decretando, el lunes en la noche, el estado de emergencia, que anula las garantías constitucionales. Horas después de anunciado el estado de emergencia, ayer fue detenido el principal dirigente de la protesta campesina, Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de Espinar. El alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, acusado por la fiscalía por respaldar la protesta contra la empresa minera, denunció que había una orden de arresto en su contra y pasó a la clandestinidad. Aunque el oficialismo ha respaldado mayoritariamente al gobierno, algunos congresistas de la bancada oficialista criticaron al Ejecutivo por el manejo de la crisis social en Espinar. Desde la derecha llegó un apoyo cerrado al estado de emergencia y a la represión policial contra los pobladores opuestos a la minera Xstrata.
Los dos pobladores muertos en Espinar cayeron cuando la policía repelió a balazos las protestas contra la minera Xstrata. La población respondió lanzando piedras con sus hondas. Las muertes exacerbaron los ánimos de la población, que atacó una camioneta de la fiscalía, la quemó y secuestró al fiscal provincial de Espinar, Héctor Herrera, que iba a ordenar el levantamiento de uno de los cadáveres. Horas después lo dejaron libre. Un médico del centro de salud de la zona denunció que la policía atacó la ambulancia en la que llevaban a los pobladores heridos a un centro médico. El alcalde Mollohuanca acusó a la policía de haber disparado a quemarropa contra la población.
El primer ministro, Oscar Valdés, aseguró que el gobierno estaba dispuesto a dialogar con la población de Espinar, pero acto seguido anunció el estado de emergencia, acusó a los pobladores que protestan contra la minera de ser “extremistas” y justificó la represión policial que dejó dos muertos –otras versiones no confirmadas por el gobierno dieron cuenta de cuatro fallecidos–.
Días antes, el presidente Humala, que como candidato había apoyado las protestas sociales contra la contaminación minera, había llamado “intransigentes” y “violentistas” a los huelguistas de Espinar. En los diez meses del gobierno de Humala ha muerto una docena de personas por la represión policial contra las protestas sociales, la mayor parte de ellas por conflictos socioambientales entre campesinos y empresas mineras. Ningún policía ha sido sancionado por estas muertes, la mayoría de las cuales ha ocurrido desde que Valdés, un militar en retiro de comportamiento autoritario, asumió el cargo de primer ministro en diciembre pasado.
Las protestas en Espinar comenzaron el 21 de mayo con la exigencia de la población de que la empresa solucione los daños ambientales producto de sus actividades y se incrementen los ingresos económicos que la minera deja en la zona, pero con los días y la represión policial la protesta se ha ido radicalizando y ahora se escuchan voces que exigen el cierre de ésta. “El asunto del aporte económico de la empresa minera debe ser lo último a discutirse; lo principal es la contaminación causada por la mina”, ha asegurado el alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca.
“Presidente Ollanta, yo he pedido para que ganes y ahora nos haces matar”, solloza una mujer indígena frente a las cámaras de un canal de televisión. Detrás de ella, la policía la embestía contra los pobladores que se habían agrupado en la puerta del hospital de Espinar para averiguar por sus familiares heridos en los enfrentamientos del lunes. “Ollanta asesino, el pueblo te repudia”, coreaban los pobladores. Era el mismo pueblo que hace un año votó masivamente por Humala, que en Cusco ganó con cerca del 80 por ciento de los votos.
La policía justificó la violenta represión contra los pobladores reunidos pacíficamente en la puerta del hospital argumentando que el estado de emergencia prohíbe las reuniones. Ahí fue detenido el presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huamán. Poco antes de ser arrestado, había anunciado que la protesta continuaba y exigido el levantamiento del estado de emergencia y un diálogo con el gobierno para solucionar sus demandas. “Con el estado de emergencia nos pretenden callar”, denunció Huamán minutos antes de ser detenido.
Las violentas protestas de Cusco contra la minería se dan en la víspera de que se venza el plazo dado por las autoridades y la población de la región de Cajamarca, al norte del país, cerca de la frontera con Ecuador, para que el gobierno anule, por su alto costo ambiental, el proyecto minero aurífero Conga, de la empresa Yanacocha, que tiene como principal accionista a la transnacional norteamericana Newmont. Para mañana se ha anunciado el inicio de una huelga indefinida en Cajamarca, que ha encontrado el respaldo incluso del octogenario padre del presidente Humala, Isaac Humala, quien ha anunciado su viaje a Cajamarca para participar en las marchas que mañana darán inicio a la huelga contra la minera Yanacocha y el gobierno de su hijo.
Entrevista al alcalde de Espinar
Alcalde Óscar Mollohuanca: Espinar votó por Humala y lamentamos que nos califique ligeramente de extremistas
28-05-2012
No coordinamos con Tierra y Libertad
Ideeleradio.- El presidente de la República, Ollanta Humala, y el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, vinculan la protesta de Espinar con el movimiento Tierra y Libertad y posiciones violentistas y extremistas de manera muy ligera, sostuvo el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, al recordar que esta población, que hoy reclama seriedad al Gobierno, votó mayoritariamente por el líder de Gana Perú.
Fue al comentar las declaraciones de Humala Tasso, quien dijo que los grupos políticos de Cajamarca, que han estado en una posición intransigente y violentista, tratan de llevar un petitorio extremista en Espinar y al referirse a las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, quien cuestionó que el burgomaestre provincial esté vinculado al movimiento Tierra y Libertad, que lidera Marco Arana.
“Es una apreciación muy ligera, si bien es cierto yo pertenezco a Tierra y Libertad, pero eso no quiere decir que estemos coordinando este tema porque la provincia de Espinar tiene su proceso y su propia agenda que viene desde años atrás, y yo quiero decirle en este momento, que el tema del Convenio Marco ha sido iniciativa de Espinar cuando estuve en el gestión municipal de 1992 y 2002 […]”, puntualizó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Mayoritariamente votamos por Ollanta Humala, yo voté por Ollanta Humala y sus congresistas y lamento que ahora nos estén endilgando esas conjeturas, cuando no entienden la realidad compleja en Espinar y todo lo quieren reducir a soles más a soles menos, así no es”, manifestó.
No somos antimineros
El burgomaestre dijo, en ese sentido, que la población de Espinar no puede ser considerada antiminera porque lo que se busca es que exista una minería que respete el medioambiente, ello a propósito de la protesta contra la compañía Xstrata Tintaya.
“Que no se diga que somos antimineros, nosotros queremos una minería que respete mínimamente los temas ambientales, que respete los derechos humanos, que haya unas reglas claras y que se promueva el desarrollo integral y no de una manera tan tergiversada como hasta ahora se maneja la información por parte de la empresa”, aseveró.
“Lamentablemente se vincula esos temas de manera muy ligera y nos hace daño y el Gobierno, que debiera ser muy cauto y mucho más objetivo y escuchar a las partes, sencillamente no quiere venir desde Cusco a Espinar y eso ha generado estos problemas y estas reacciones”, indicó.
Gobierno debe ser serio y entender complejidad | Inicio
La autoridad provincial solicitó al Gobierno que entienda que la relación compleja entre comunidad y empresas no se reduce solo al recurso minero y económico, sino a aspectos mucho más complejos, como los referidos a los temas ambientales, sociales, culturales. Sugirió, por ello, al Poder Ejecutivo, que sea más serio al abordar estos temas, tras recordar que prácticamente toda su jurisdicción respalda las medidas de lucha.
“La comisión de avanzada que han planteado se ha subdivido en comisión de avanzado de lo avanzado, entonces son situaciones que el propio Gobierno genera, de malestar e inestabilidad a tal punto que, prácticamente, toda la provincia y todos los sectores se han pronunciado y están respaldando y apoyando la paralización, hasta los empresarios de restaurantes y hoteles se han sumado, los tricitaxistas que no estaban sumándose, también se han sumado”, señaló.
Denuncian que minera financia programas radiales | Inicio
En otro momento, Mollohuanca Cruz sostuvo que los recursos que provienen del Convenio Marco no ingresan a las arcas de la Municipalidad Provincial de Espinar. Indicó que el 90% o 95% de esos fondos son administrados por la propia minera a través de su ONG, Fundación Tintaya, y la Gerencia o Subgerencia de Relaciones Comunitarias y denunció que ese presupuesto se usa para financiar programa de emisoras locales que generan división en la población.
“En ninguna provincia de Espinar ve ni en cheque ni en efectivo esos recursos, sino que la empresa minera hace y ejecuta los proyectos. […] Allí hay gravísimos problemas, por ejemplo, de corrupción, de sobrevaloración de precios y nunca nos han presentado las liquidaciones de las obras y hay inclusive dineros que no se han gastado de años atrás y lo mantienen ellos en reserva, no sé para qué”, apuntó.
“De esos recursos del Convenio Marco utilizan para financiar programa de emisoras locales, 15 o 20 programas, para poner ahí sus voceros que denigran y que generan una seria de malestar, divisionismo en la población, hay un manejo político por parte de la empresa y eso es lo que queremos que cambie”, subrayó.
Porcentaje del Convenio Marco es totalmente relativo y conversable
Puntualizó que lo que buscan son mejores condiciones y garantías de vida, del medioambiente, de la preservación de los recursos hídricos, tras aclarar que el pedido de incremento del Convenio Marco es totalmente relativo, negociable y conversable.
“Lo que estamos planteando es que estos recursos de planteen de otra manera. No queremos que esos recursos sean manejados por la municipalidad provincial, sino que se constituya una especie de autoridad autónoma neutral, técnica y que sea administrada de manera equilibrada y neutral para que se implemente esos recursos, sin que esté en manos de la empresa ni en manos de la municipalidad provincial”, explicó.
“En cuanto al incremento, consideramos que es razonable que haya un incremento, pero no nos cerramos en el 30%, eso es absolutamente relativo y, en ningún momento, la población está pidiendo pasar al 30%, es un planteamiento totalmente relativo, negociable y conversable. Eso es lo que quisiera que se entienda, quienes están propagandizando esto”, añadió.
