Por Prensa UIT-CI
12/6/2026. Compartimos el comunicado de prensa de la flotilla Global Sumud exigiendo la libertad de las y los compañeros detenidos ilegalmente en LIbia Este.
La flotilla Global Sumud exige la liberación de 10 detenidos del convoy terrestre libio tras la supuesta prolongación de su detención en Bengasi.
BENGHAZI, LIBIA – La Flotilla Global Sumud (GSF) expresa su profunda preocupación diplomática y jurídica tras conocerse que la detención de 10 voluntarios humanitarios del Convoy Terrestre Global Sumud se ha prorrogado 30 días más en Bengasi. Los voluntarios se encuentran actualmente bajo custodia de la Agencia de Seguridad Interna del Este (ISA), un poderoso organismo de seguridad que opera bajo la autoridad de facto de las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF) en el este de Libia.
Según información comunicada por vía diplomática, esta prórroga suscita serias preocupaciones sobre el manejo del proceso previo al juicio y la falta de garantías procesales básicas. GSF aún no ha recibido confirmación oficial por escrito de la orden de prórroga y está solicitando urgentemente documentación legal. Al parecer, la decisión se tomó sin la debida notificación a las familias ni a sus representantes legales, y se produce tras una comparecencia previa ante el fiscal sin el conocimiento de las familias ni de los representantes de los voluntarios.
No se trata de un asunto procesal menor. Se trata de la detención continuada de civiles desarmados, incluidos médicos, que formaban parte de una misión humanitaria para romper el bloqueo a Gaza y entregar ayuda al pueblo palestino. El uso de procedimientos legales opacos para prolongar su detención no hace sino agravar la responsabilidad política de quienes los retienen.
Si bien los informes diplomáticos indican que los voluntarios reciben artículos de primera necesidad, como alimentos y acceso a duchas, GSF subraya que las condiciones físicas básicas no justifican una detención. La falta de comunicación consular regular, la ausencia de claridad jurídica y la falta de documentación oficial sobre la supuesta prórroga de 30 días evidencian una grave violación de los derechos humanos fundamentales.
Los gobiernos cuyos nacionales se encuentran entre los detenidos ya no deben tratar este asunto como un simple trámite consular. Deben actuar de forma pública, urgente y conjunta para lograr la liberación y repatriación de estos civiles no violentos —profesionales de la salud, trabajadores humanitarios, un cineasta y un periodista— detenidos tras intentar entregar ayuda humanitaria en Gaza.
Cada día adicional de detención aumenta la responsabilidad política de las autoridades que los retienen y de los gobiernos que tienen la capacidad de intervenir.
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