Por Partido Socialismo y Libertad (PSL) – 20-6-2012
Resumen del programa del candidato presidencial Orlando Chirino
Un documento para el debate
La etapa abierta en nuestro país en 1989 ha demostrado sobradamente la disposición de millones de venezolanos a movilizarse y pelear por condiciones de vida dignas y la construcción de un orden social de justicia y auténtica democracia. Pero asimismo, ha demostrado que la ausencia de una dirección política consecuente, honesta y revolucionaria, ha dado al traste con esas legítimas y sentidas aspiraciones de la mayoría empobrecida de nuestro país.
La multiplicación de las protestas sociales y las huelgas entre 2009 y 2012, muestran que las condiciones sociales y políticas del país son suelo fértil para la construcción de una organización política revolucionaria, con una orientación de independencia de clase y con un horizonte estratégico de socialismo con democracia. Pero además, la crisis capitalista mundial y las erupciones revolucionarias en el mundo árabe y Europa, permiten a millones de personas abrir los ojos ante la inviabilidad de un sistema que algunos intelectuales burgueses pretendieron presentar como «el mejor de los mundos posibles», o incluso como «el fin de la historia».
Por otra parte, el proyecto de colaboración de clases llamado «Socialismo del siglo XXI» no es socialista, ni siquiera verdaderamente antiimperialista, y no apunta a cambios estructurales, no tiene nada que ver con la construcción de una sociedad verdaderamente justa, democrática, y sin explotación.
Lejos de cumplir sus promesas hacia el pueblo, el gobierno pacta
con transnacionales y es el administrador de los negocios comunes de la clase capitalista en estos tiempos de crisis.
El Partido Socialismo y Libertad presenta este resumen de nuestro documento programático para el debate con los trabajadores, los estudiantes, las organizaciones comunitarias, los consejos comunales, los campesinos, los ambientalistas, los indígenas, las organizaciones feministas, y todos aquellos honestamente preocupados por la necesidad de superar la pobreza y la dependencia a la que están sometidos millones de venezolanos hoy en día. De ese debate saldrá enriquecido con propuestas y aportes de muchos activistas honestos y luchadores que creen en la necesidad de un gobierno de las organizaciones obreras y populares.
Por la autonomía política de los sectores obreros y populares frente a empresarios y burócratas
Tal y como hemos visto a lo largo del último medio siglo, los burgueses y sus partidos, pueden adoptar los más diversos ropajes ideológicos. Unos se hacen llamar «socialistas del siglo XXI», otros «progresistas» o «democráticos», «unitarios», etc. Pero hoy en día vemos como coinciden en entregar el petróleo y los recursos naturales a las transnacionales como Chevron, Repsol, ENI, Total, Statoil, a empresas mineras chinas y rusas, o a transnacionales comercializadoras de materias primas como la suiza Glencore.
Además, defienden que la salud y la educación sigan siendo objeto de mercantilización y que sean un jugoso negocio para algunos empresarios, en vez de ser entendidas como derechos sociales y competencia exclusiva del sector público. En el curso de la actual crisis económica mundial, en la que los gobiernos y los empresarios del mundo buscan descargar sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis, se viene aplicando en nuestro país un plan de ajuste que incluye el aumento del IVA, la liberación de los precios de los alimentos, la devaluación de la moneda, el congelamiento de los contratos colectivos del sector público, aumentos del salario mínimo por debajo de la infl ación y muy alejados del monto de la canasta básica, y una agresiva política de criminalización contra aquellos que protestan en defensa de derechos colectivos. Los sectores opositores de derecha incluso plantean que si llegan a
gobernar, realizarán un importante aumento en el precio de la gasolina, eliminarán la inamovilidad laboral, liquidarán lo que poco que queda de control de precios, y devaluarán la moneda eliminando el control cambiario.
Nosotros, desde el PSL, en cambio consideramos que es posible y necesario plantear otro programa frente a la crisis, un programa de los trabajadores y el pueblo, para que la crisis la paguen quienes la generaron: los empresarios, los banqueros, los burócratas corruptos, las transnacionales saqueadoras, los latifundistas parasitarios e improductivos. Un conjunto de medidas para que no sean los más pobres y los trabajadores que producen la riqueza de este país quienes terminen pagando los platos rotos de la crisis capitalista.
Los trabajadores debemos gobernar
Todos los días los empresarios y burócratas nos dicen que no hay plata para pagar contratos colectivos, para respetar los compromisos contractuales de las dependencias estatales; lo mismo dicen los alcaldes y gobernadores de la oposición para escamotear los derechos de sus empleados. Pero mientras nos dicen que no hay recursos para pagar salarios, para dotar escuelas y hospitales, o para construir viviendas, todos los días las transnacionales petroleras se llevan millones de dólares, debido a que son propietarias de hasta un 40% de las empresas mixtas petroleras y gasíferas. Millones de dólares se van para pagar una deuda externa que en gran medida tiene un origen ilegal, pues nació con la estatización de deudas privadas en la época del puntofijismo, una deuda odiosa que ha servido únicamente para engordar los bolsillos de los corruptos y de los empresarios que hacen negocios con el Estado. Hay que parar el saqueo.
Las medidas que sería necesario adoptar sólo pueden ser instrumentadas por un gobierno de los trabajadores y los sectores populares, un gobierno que se conquiste por medio de la movilización y la autoorganización popular, y que construya nuevas relaciones sociales de producción, que liquide la explotación del trabajo y el saqueo de nuestros recursos, y que preserve el medio ambiente de la depredación desenfrenada que vemos hoy en día, la cual compromete las condiciones mínimas necesarias para la vida de las futuras generaciones.
Por la nacionalización de la industria de los hidrocarburos. Que el petróleo sea 100% venezolano sin empresas mixtas ni transnacionales
La aspiración a ser dueños del principal producto de exportación de nuestro país desde comienzos del siglo XX, el petróleo, y de utilizar los recursos de la renta petrolera para apalancar el desarrollo de la industria nacional y de un sistema de seguridad social integral público y universal, es algo compartido por la gran mayoría de los venezolanos. Pero lo cierto es que la renta petrolera en manos de las transnacionales, de los capitalistas nacionales y de un Estado al servicio de esos dos sectores, ha alimentado en cada ciclo político a camadas de nuevos ricos y ha engrosado las arcas de las empresas petroleras y gasíferas del imperialismo.
Aunque en 1978 el gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera, el decreto promulgado por ese gobierno dejó abierta una puerta trasera por la cual podían entrar nuevamente las transnacionales al negocio, a través de los contratos de servicios. Aprovechando ese resquicio legal, el gobierno de Rafael Caldera en la década del 90 aplicó en el marco de la Agenda Venezuela una criminal entrega de la industria a las grandes transnacionales yanquis y europeas, a través de contratos que les permitían controlar los aspectos centrales del negocio petrolero, como la exploración, extracción y comercialización del petróleo. Las transnacionales se pagaban y se daban el vuelto, dejando en el país unas regalías pírricas del 1%.
Aunque el gobierno del presidente Chávez en un primer momento aumentó esos impuestos de manera importante, no sólo no se decidió a renacionalizar la industria, sino que aplicó una fórmula tanto o más entreguista que la de Caldera, al convertir a las transnacionales en socias de empresas mixtas, con contratos a largo plazo, y con participaciones accionarias de hasta un 40%. La Faja del Orinoco se dividió en bloques y se entregó a los mayores pulpos petroleros del imperialismo yanqui y europeo por la vía de la constitución de empresas mixtas. La primera tarea antiimperialista del pueblo venezolano para superar su dependencia económica y política respecto de los centros de poder internacional, es recuperar el control del petróleo, denunciando los contratos por medio de los cuales se han constituido las empresas mixtas petroleras. La industria petrolera tiene que ser 100% nacional y estatal, y ser manejada bajo el control democrático de los empleados, técnicos y obreros. Al recuperarse los ingentes recursos que hoy son saqueados por las transnacionales imperialistas o por los sectores empresariales nacionales, será posible redirigir la renta para atender a las necesidades sociales y levantar un aparato productivo que supla las necesidades básicas de la población. Para cumplir esta tarea es imprescindible que se establezca un gobierno de los trabajadores y los sectores populares organizados.
Por la recuperación de las empresas básicas de Guayana
Hay que elaborar un plan de inversiones para el rescate de las empresas básicas, bajo el control democrático de los trabajadores de esas empresas, quienes no sólo conocen al detalle todos los problemas que enfrentan las empresas y el tipo de medidas necesarias para su recuperación, sino que además son los dolientes directos del desastre operativo en el que se encuentran sumidas luego de más de dos décadas de desidia y sabotaje patronal silencioso.
En vez de exportar únicamente materias primas y subsidiar los negocios de las transnacionales y la burguesía nacional, debemos desarrollar aguas abajo la industria, procesar las materias primas y exportar tanto productos acabados como materias procesadas, sincronizar los planes de producción de las empresas como Sidor a los requerimientos nacionales en temas como la construcción de viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura vial agrícola, urbana e interurbana. No es casual que los gobiernos del último medio siglo hayan incumplido las promesas de desarrollar estas empresas aguas abajo, pues han estado ligados a los sectores transnacionales de los cuales estas empresas son subsidiarias. Dichos gobiernos en las últimas dos décadas han visto con buenos ojos la estrategia de quebrar las empresas para entregarlas a transnacionales.
Aumento general de salarios y salario mínimo igual a la canasta básica
La primera trinchera de la lucha económica está representada por la defensa del salario. Nosotros defendemos que ningún trabajador debe dedicar 8 horas diarias de su vida a un oficio que no le garantice al menos un salario que cubra el monto de la canasta básica. Pero hoy hacen falta entre dos y tres salarios mínimos para cubrir esa canasta básica, según las cifras oficiales.
Sabemos que además de las políticas oficiales y de las empresas privadas de congelar los salarios y no discutir contratos colectivos, o precarizar y tercerizar el empleo, también se roba a los trabajadores a través de la inflación, que en Venezuela es la más alta del continente en la última década. Nuestra respuesta de clase ante este mecanismo de despojo es exigir que los salarios sean indexados trimestralmente a la inflación, para que no retrocedan ante la especulación con los precios. La farsa de la actual «Ley de precios justos», el «Pacto antiinflacionario» aplicado en el segundo gobierno de Caldera, u otros mecanismos similares no tendrán ningún efecto, pues no se trata de medidas que impliquen el control social de los trabajadores y los consumidores organizados sobre la fijación de los precios. Las comisiones técnicas que verifican la evolución de la inflación deben estar constituidas de manera paritaria por representantes del gobierno y de las organizaciones obreras y populares.
Garantizar el derecho al trabajo y reducir la jornada laboral
Uno de los aspectos más irracionales de las economías capitalistas como la venezolana es el hecho de que haya millones de personas con la aptitud y la disposición de trabajar para ganarse el sustento propio y el de su familia, pero que no consigan empleo. Y mientras tanto, nuestro país no produce suficientes alimentos para autoabastecerse, tiene un enorme déficit de viviendas, enfrenta problemas de vialidad e infraestructura, y en general tiene tremendas potencialidades económicas no aprovechadas por una burguesía y una burocracia acostumbradas al dinero fácil de la especulación comercial y financiera, así como a los negocios con el Estado petrolero.
Más de la mitad de la población venezolana se debate entre el desempleo, el trabajo informal, y el trabajo precario. El Estado y las empresas privadas apelan a toda clase de fórmulas para sobreexplotar a los trabajadores, a través de la tercerización, el uso de cooperativas, los contratos temporales. Como el salario mínimo es absolutamente miserable, los trabajadores muchas veces tienen que rebuscarse con más de un empleo, trabajar los fines de semana, trabajar a destajo, o «matar tigres» conduciendo taxis o por medio del comercio informal para poder sobrevivir. Millones de mujeres madres de familia tienen que combinar las largas jornadas laborales formales con el trabajo doméstico.
La solución no vendrá de la mano de un gobierno al servicio de Fedecámaras o de la burguesía chavista. Un gobierno de los trabajadores como el que nosotros proponemos, aplicaría un plan nacional de emergencia contra el desempleo, aplicando de manera férrea una inamovilidad laboral vigilada y hecha cumplir por los sindicatos y demás organizaciones obreras. Además, colocaría como uno de los objetivos prioritarios de la inversión de la renta petrolera un plan de obras públicas, de construcción de viviendas, y de desarrollo agroindustrial, que permita emplear a millones de personas actualmente dispuestas a trabajar y necesitadas de empleo, a quienes la economía capitalista únicamente garantiza exclusión y miseria.
Todos los trabajadores del sector estatal, incluyendo a los de las misiones sociales creadas por el actual gobierno, deben gozar de plenos derechos laborales. Pero al mismo, es necesario que los miles de activistas oficiales que reciben estipendios o salarios sin trabajar, a cambio de militar en el partido de gobierno, se dediquen a labores productivas o administrativas útiles a la sociedad, eliminando el parasitismo clientelar que ha promovido el chavismo, como también ocurrió en los gobiernos adecos y copeyanos.
Transitoriamente, hay que crear un seguro por desempleo igual al salario mínimo para quien busque pero no logre acceder a un empleo. Debe respetarse el derecho al trabajo por cuenta propia y cesar la política de persecución y criminalización del comercio informal.
Debe reducirse la jornada laboral a un máximo de 6 horas diarias y 36 semanales, lo cual mejorará el rendimiento del trabajo y permitirá absorber a más trabajadores al proceso productivo.
Las empresas cerradas o abandonadas deben ser estatizadas y puestas a funcionar bajo el control democrático de los trabajadores para preservar el derecho al trabajo y eliminar el régimen de explotación. Debe garantizarse el derecho de los trabajadores de todas las empresas a conocer la contabilidad que llevan los patronos, aboliéndose el secreto comercial y bancario del que se valen los patronos para ocultar la realidad de las empresas cada vez que quieren justificar despidos y desmejoras en las condiciones laborales.
Contra la tercerización y el trabajo precario
Un gobierno de los trabajadores debe castigar con penas de cárcel a aquellos patronos públicos o privados que incurran en prácticas superexplotadoras como la tercerización, que violan el principio de a igual trabajo igual remuneración. Asimismo, debe ser severo e implacable a la hora de castigar con cárcel las prácticas laborales fraudulentas como la realización de contratos temporales consecutivos que impiden al trabajador acumular el tiempo necesario para estabilizar la relación laboral con sus patronos.
Por un verdadero control obrero democrático y revolucionario
Partimos de la defensa del derecho de los trabajadores a brindarse sus propias formas de organización de manera autónoma y rechazamos la pretensión de institucionalizar mecanismos para promover los rompehuelgas, bandas armadas y grupos de trabajadores al servicio de la patronal.
Es una perversión muy grande que utilizando engañosamente términos provenientes de las tradiciones de lucha del movimiento obrero internacional, llame «control obrero» a formas de cogestión parecidas al esquema de «calidad total», que en realidad implican un control sobre los obreros, o que llame «consejos obreros» a unos consejos patronales, cuya función es esquirolear.
El verdadero control obrero, significa que las empresas funcionen bajo el mandato democrático de la asamblea de trabajadores, que las decisiones más importantes se voten en asamblea, que se creen comités por área de trabajo, electos democráticamente, para llevar adelante el proceso productivo, y que en última instancia se socialice la propiedad de las empresas para garantizar su funcionamiento democrático y que las ganancias no sean robadas por ningún patrono, sino que se reinserten en la sociedad, por la vía de mejores salarios para los trabajadores y de las inversiones necesarias en el aparato productivo y en todos los servicios públicos.
No a los planes de ajuste capitalistas. Que la crisis la paguen los empresarios, las transnacionales, los banqueros, los latifundistas y los burócratas corruptos
Para que la crisis la paguen sus responsables, se debe eliminar el IVA y sustituir ese «impuesto a la pobreza» por impuestos a las ganancias, las rentas y las grandes propiedades; se implemente un control de precios bajo la gestión directa de los trabajadores y de las comunidades, y que se abran los libros contables de las empresas para que el pueblo pueda conocer la verdadera estructura de costos; eliminación de los subsidios estatales a los capitalistas; que se establezca un piso salarial igual a la canasta básica y una escala móvil de salarios que compense trimestralmente el avance de la inflación, y que se destine un mayor presupuesto a salud, educación, vivienda y creación de empleos productivos.
Democracia de los trabajadores y el pueblo
Son los trabajadores, los profesionales y técnicos los que gestionarán directamente las principales industrias del país, a través de sus organizaciones sindicales genuinas y autónomas. Esta gestión debe ser democrática, con el control y decisión desde las bases, con transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, como única garantía de que las ejecutorias sean en beneficio de los trabajadores y del pueblo, cerrándole espacios al surgimiento de círculos de burócratas privilegiados, y a sus nidos de corrupción.
Estamos por el verdadero socialismo con libertad y democracia de los trabajadores y el pueblo. Se garantizará el verdadero poder popular, y rechazaremos las castas burocráticas que actualmente vienen impidiendo la realización de las demandas populares. Plena autonomía de los consejos comunales y otras organizaciones populares.
Educación para todos
Es necesario elevar los salarios de los docentes de primaria y profesores secundarios y universitarios. Por una educación universal, estatal, pública, laica y gratuita. Por la elaboración de leyes para el sector educativo democráticamente consultadas a profesores, alumnos, padres y la comunidad.
Respeto a los contratos colectivos, a las actas convenio y a las Normas de Homologación de los docentes universitarios. Derecho a sindicalización y a contratación colectiva para los docentes de las Misiones educativas. Inversión en mejoramiento de la infraestructura y por la construcción de nuevas escuelas, liceos y universidades.
Sostenimiento de las misiones educacionales y su integración al sistema nacional de educación pública. Total respeto a la autonomía universitaria. Planifi cación y control democrático del presupuesto universitario, y acceso irrestricto a la educación superior. Por una educación crítica y liberadora. No a la educación privada, por educación 100% gratuita y pública.
Por un aumento del presupuesto de salud pública
Mejorar y organizar un sistema nacional integrado de salud y de la red hospitalaria estatal. Aumento de salarios a médicos y personal de salud en todas sus escalas. Medicamentos gratuitos para toda la población. Mantener la Misión Barrio Adentro, como una transición hasta la superación de la crisis hospitalaria. Basta de desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios. Por la abolición de la salud como negocio privado y la garantía de salud pública, gratuita y de calidad para todos. Por el desarrollo de una industria farmacéutica estatal al servicio del acceso de todos a medicinas baratas. Promoción de la atención preventiva en materia de salud.
Por un plan nacional de viviendas populares y reforma urbana
Es necesario estructurar un plan nacional del Estado venezolano con participación de los trabajadores de la construcción, los profesionales del ramo (ingenieros, arquitectos) y las universidades. Reforma urbana, para liquidar el latifundio de concreto y viabilizar el acceso a la vivienda para los inquilinos. Apoyo al movimiento de pobladores en defensa de su derecho a la vivienda. No a los planes de vivienda improvisados que se traducen en más hacinamiento y carencia de servicios. Por la realización de concursos públicos, con jurados conformados por reconocidas figuras académicas, para proyectos de urbanismo.
Reforma agraria y creación de una poderosa agroindustria estatal bajo control de sus trabajadores
Además de liquidar el latifundio y repartir tierras a los campesinos y sectores populares dispuestos a trabajarlas, también es imprescindible crear una agroindustria estatal bajo control de sus trabajadores para impulsar la producción y superar la dependencia de las importaciones masivas de alimentos. Los campesinos deben acceder a créditos baratos, herramientas y tecnología, en un plan nacional para lograr la soberanía alimentaria. Se debe estimular la vuelta al campo, por medio del apoyo a la actividad agrícola, para descomprimir las ciudades y lograr un desarrollo más equilibrado del país. Apoyo a la investigación científica sobre modos de producción agrícola sustentables.
Por el respeto a las libertades democráticas
Por libertad para el impulso y creación de medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos. Por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Por los derechos de la mujer, igualdad de salarios y de oportunidades en el empleo. Contra toda forma de discriminación contra la población LGBT. Contra el racismo.
A favor de la movilización
No creemos que las elecciones por sí solas resuelvan nuestros problemas. Lo fundamental para lograr los cambios revolucionarios que proponemos es la organización y la movilización de las masas oprimidas y explotadas, para construir una nueva institucionalidad democrática de los trabajadores y el pueblo.
Protección del medio ambiente
Los desastres ambientales son una de las consecuencias más nefastas del orden capitalista imperante en nuestro país y el mundo. El gobierno de los trabajadores y los sectores populares que proponemos, tomará todas las medidas necesarias para reducir el impacto ambiental de la actividad económica, e imponer el criterio de la sustentabilidad. Por la creación del Parque Nacional Caura en toda la cuenca de este río venezolano. Medidas ejemplarizantes contra empresas que lesionen el ambiente. No a los proyectos carboníferos en la Sierra de Perijá. Promoción de la agroecología.
Que el Estado garantice fuentes de sustento económico alternativas a los mineros auríferos artesanales del estado Bolívar.
No a los tratados contra la doble tributación, no al pago de la deuda externa
Los gobiernos del puntofijismo contrajeron de manera ilegal una cuantiosa deuda externa, que ha continuado siendo pagada religiosamente por el gobierno del presidente Chávez. Gran parte de esta deuda proviene de la estatización de deuda privada de empresarios.
En el gobierno de Chávez, el endeudamiento externo ha crecido, y se ha incluido en las modalidades de endeudamiento el pago con ventas a futuro de petróleo, hierro y aluminio. Estos contratos lesivos contra la soberanía y completamente ilegítimos, deben ser denunciados por la República y los responsables de contraer estos compromisos deben ser procesados legalmente por atentar contra el interés público. De igual manera, los tratados contra la doble tributación permiten a transnacionales que saquean los recursos naturales y explotan a los trabajadores de nuestro país evadir compromisos fiscales, al optar por pagar en su país de origen los impuestos correspondientes a su actividad económica en Venezuela.
Estos tratados deben ser asimismo denunciados. Promoveremos un frente de países deudores y de organizaciones populares y obreras latinoamericanas para al desconocimiento de la deuda externa, por constituir un mecanismo de dominación económica y política de los países periféricos.
Impuestos para los que más tienen, no más impuestos a la pobreza
Los gobiernos capitalistas apelan a instrumentos impositivos de carácter regresivo, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para hacer recaer sobre los hombros de los más pobres el funcionamiento del Estado y el financiamiento que éste brinda por medio de subsidios a los sectores empresariales.
Un gobierno de las organizaciones obreras y populares eliminará el IVA y lo sustituirá por impuestos progresivos, que pechen más a quien más ganancias obtenga.
Para combatir la criminalidad, hay que liquidar la pobreza
A diferencia del enfoque represivo y demagógico que le da la derecha al tema de la seguridad personal y la criminalidad, llamando a armar hasta los dientes a los cuerpos represivos y lanzar dispositivos punitivos, nuestro partido plantea que la única manera de superar este problema, que azota con particular dureza a los sectores populares urbanos, es terminando con el oprobioso legado de exclusión y pobreza que sigue padeciendo la mayor parte de la población venezolana. No habrá solución represiva a las consecuencias sociales de la pobreza y la desigualdad. Por eso todo nuestro programa está orientado a superar estructuralmente esos problemas. Sin embargo, es cierto que las mafi as policiales y judiciales tienen gran responsabilidad en el crecimiento del problema de la criminalidad, frente a ello hay que implementar mecanismos de control social sobre esta rama del Estado. Que los comisarios y jefes policiales sean elegibles y revocables por las comunidades populares, a través del voto directo, y que las propias comunidades participen en la elaboración de estrategias contra la criminalidad. También es imprescindible superar el problema de hacinamiento carcelario y erradicar las mafias de funcionarios policiales y militares que trafican drogas y armas en estos recintos. Los centros penitenciarios deben brindar condiciones para la educación laboral y la reinserción social de los reclusos. No a la impunidad de los criminales de cuello blanco.
Contra el acaparamiento y la especulación
Los trabajadores de las empresas agroalimentarias y del comercio deben conocer la contabilidad de las empresas y articularse con las asociaciones de consumidores para combatir el acaparamiento, la escasez artifi cial y la especulación, con las cuales sectores empresariales castigan a la población, sobre todo inflando los precios de los alimentos. A diferencia de los controles burocráticos de precios anunciados de manera esporádica por el actual gobierno, proponemos que sean las propias organizaciones obreras y populares las encargadas de combatir el robo y la especulación por parte de los empresarios del comercio.
Por servicios públicos de calidad
Con una industria petrolera 100% nacional, sin empresas mixtas ni transnacionales, se pueden garantizar los recursos necesarios para asegurar el acceso de toda la población a servicios públicos de calidad. Con la participación democrática de los trabajadores eléctricos en la gestión de Corpoelec se diagnosticaría a tiempo los déficit en inversiones y se evitaría un cuadro de colapso del sistema eléctrico como el que vemos hoy. Las mesas técnicas de agua deben gozar de autonomía respecto del gobierno, para poder cumplir a cabalidad su labor.
La empresa de telecomunicaciones estatal debe redoblar esfuerzos por brindar servicios de telefonía fija y móvil, así como internet, a gran parte de la población que carece de estos servicios.
Autonomía, democracia, y libertad sindical
Los trabajadores deben darse sus propias formas de organización, sin interferencia por parte del gobierno. No a la intromisión del CNE en las elecciones sindicales. No a la creación de centrales sindicales corporativas como la CBST o la CTV. Por la refundación del movimiento sindical desde abajo, sobre bases autónomas, democráticas y de clase. Abolición de todas las limitaciones al derecho a huelga.
No a la discriminación contra la mujer
La mujer trabajadora sufre con particular dureza las condiciones de explotación capitalista. Estamos en contra de toda forma de discriminación laboral hacia la mujer. Por el derecho a tres meses de permiso prenatal y seis meses de permiso postnatal para las trabajadoras, con estabilidad laboral absoluta para las trabajadoras embarazadas y las madres, hasta dos años después del parto. Debe ser obligación de los patronos y el Estado garantizar servicio de guardería a los hijos de las madres trabajadoras. Derecho a jubilación para las amas de casa.
Por la solidaridad con los pueblos que luchan contra el capitalismo en el mundo
Rechazamos todo apoyo político a gobiernos capitalistas como la dictadura capitalista china, o el gobierno imperialista de los EEUU. Apoyo irrestricto a los pueblos árabes que luchan contra las dictaduras, en el marco de la revolución árabe. Apoyo a los trabajadores griegos en su lucha contra los dictados económicos de la Unión Europea. Apoyo al movimiento de los Indignados y Ocupa Wall Street, en Europa y los EEUU, respectivamente. Contra todo colonialismo.
