Por La Voz de los Trabajadores, órgano del MST de República Dominicana, organización simpatizante de la UIT-CI
19/01/2022. La mañana del 18 de enero, un centenar de trabajadores cañeros retirados afiliados a la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) y activistas de la Coordinadora Popular Nacional, protestaron frente al Palacio Nacional contra las medidas antiobreras y las privatizaciones que impulsa el gobierno del PRM.
Miembros de las organizaciones denunciaron en una declaración conjunta que el gobierno de Luis Abinader viola la libertad sindical y el derecho a la reunión y la protesta, al impedir durante las últimas semanas que los cañeros se movilicen para exigir el pago de sus pensiones. Sobre el reciente anuncio del gobierno de que otorgará 484 nuevas pensiones, la UTC denunció que en los listados publicados no aparece ninguno de los trabajadores que la organización ha censado. Ha de recordarse que el gobierno de Abinader se comprometió a pagar 1,610 nuevas pensiones en septiembre de 2020 pero luego redujo esta lista a 295, exclusivamente trabajadores cañeros dominicanos, y luego dejó de pagar 210 pensiones a cañeros que ya las recibían, en un despiadado ataque a sus derechos adquiridos. Aún restarían por reconocerse y pagarse más de 7 mil pensiones a trabajadores cañeros retirados y sus descendientes.
Todas estas medidas, así como la complicidad de la Policía Nacional y grupos de extrema derecha para impedir las movilizaciones cañeras, demuestran el talante antiobrero y racista del gobierno de Abinader.
Recientemente los trabajadores cañeros han reclamado el aumento del pago de la tonelada de caña a 580 pesos, exigencia a la que se niegan los capitalistas del azúcar, y sobre la que nada dicen las burocracias sindicales propatronales, que además se niegan a sindicalizar a los braceros y a exigir la formalización de su relación laboral con las empresas, dado que trabajan a destajo. Las escandalosas condiciones laborales de semiesclavitud de esta industria han llamado la atención de medios de prensa internacionales y hasta del Congreso de los EEUU, donde cursan investigaciones que podrían afectar a la cuota de importaciones con aranceles reducidos de la que gozan los grandes capitalistas azucareros radicados en República Dominicana. Los dirigentes de la CNUS y la CNTD se han pronunciado en apoyo a los capitalistas azucareros, desestimando las denuncias de superexplotación y las pésimas condiciones de vida que predominan en los bateyes. En el caso de la CNUS, llegando a la desfachatez de plantear que en los bateyes se vive «en mejores condiciones que las que tienen muchos dominicanos en cualquier parte del país».
Desde la Coordinadora Popular Nacional se insistió en exigencias planteadas desde el año pasado como la eliminación de las ARS y AFP, que se detengan los proyectos de depredación ambiental megaminera, que se eliminen mecanismos de corrupción institucionalizada como los barrilitos y cofrecitos, rebaja de los combustibles y un aumento de salarios que permita a las personas trabajadoras cubrir el costo de la canasta básica familiar, que actualmente supera los 40 mil pesos. Criticaron la política gubernamental de endeudamiento externo desaforado, los desalojos masivos de viviendas en los sectores populares, que ahondan el déficit habitacional, el hacinamiento y la precariedad; así como la política ultraconservadora del gobierno y los principales partidos del sistema de promover un código penal con prohibición absoluta del aborto.
También repudiaron la privatización de Punta Catalina a través de un fideicomiso, mientras prevalece la impunidad de los corruptos que contrataron y ejecutaron la obra más costosa en la historia del país.
Finalmente, llamaron a protestar en las calles para defendernos de un gobierno al servicio de los ricos. En tal sentido anunciaron que apoyan la convocatoria a una protesta regional el 30 de enero en San Pedro de Macorís con demandas similares.
