Por Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el Estado Español
2/10/2026. El desahucio de Maricarmen en Madrid ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ha hecho saltar la acampada de la Puerta del Sol en Madrid y se ha extendido por todo el Estado un clamor por la vivienda. Estamos hartas de los discursos reaccionarios de la derecha y del neoliberalismo, y de la vergonzosa respuesta de la izquierda parlamentaria. No aceptamos legitimar la especulación ni el derecho de los rentistas a extraer beneficio de nuestra fuerza de trabajo. No aceptamos que la vivienda sea una mercancía sujeta a las dinámicas salvajes del mercado inmobiliario. No aceptamos el discurso de la meritocracia ni la criminalización de quienes no pueden acceder a un alquiler o una hipoteca en condiciones.
Según el CGPJ, hace 10 años, el 50% de los desahucios era de alquileres, mientras que en 2025 fueron el 75%. Estos datos están ligados a la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora respecto al mercado inmobiliario. La realidad es que en 2000 una persona con contrato indefinido y sueldo medio podía acceder a una hipoteca con 31 años y pagarla en 20 años. En 2025, una persona en las mismas condiciones laborales compra una propiedad con 42 años y tarda 25 años en pagarla. El argumento meritocrático cae por sí solo. Y cae con mayor fuerza cuando se conoce que en el 2025, el 35% de viviendas se pagaron al contado. ¿Cuántas personas, por muchas horas que trabajen, y por mucho que ahorren, pueden pagar al contado un piso? Estos pisos pagados al contado son adquisiciones de grandes propietarios y fondos de inversión, que ahogan a la clase trabajadora con la complicidad del “gobierno más progresista de la historia”.
El Estado trabaja al servicio del capital, ejerciendo una violencia institucional estructural sobre la clase trabajadora, y el Gobierno «más progresista de la historia» es cómplice de ello. Reprime mediante los cuerpos policiales a quienes defienden el derecho a la vivienda, como en el desahucio de Maricarmen en Madrid. Avala un poder judicial que ejecuta desahucios incluso con protocolos antisuicidio activados, que acaban teniendo consecuencias fatales como el suicidio de Olga o el de Javier, vecinas de L’Hospitalet. Y mantiene un poder legislativo que lleva siete años protegiendo la acumulación de riqueza de una minoría a costa nuestra.
El Gobierno de Pedro Sánchez, ni con Sumar ni con Podemos, no ha puesto freno a la precarización de la clase trabajadora. La ayuda del bono de alquiler joven o la bonificación del IRPF a los rentistas son una transferencia descarada de dinero público a manos privadas. La abstención del PSOE hace dos semanas en la ley para prohibir la compra de pisos por parte de fondos buitre continúa permitiendo la acumulación de viviendas en manos especuladoras. Asimismo, haber dejado fuera de la Ley de Vivienda de 2019 (LAU 2019) los alquileres de temporada o por habitaciones permite que esas mismas manos rentabilicen salvajemente hasta el último metro cuadrado.
Otro ejemplo claro es el traspaso de las 40.000 viviendas de la SAREB a Casa 47, la nueva empresa pública estatal que ha sustituido a SEPES. Un modelo que pretende ofrecer vivienda asequible pero que excluye a personas con rentas inferiores a dos veces el IPREM, distribuye los pisos mediante sorteo y externaliza su gestión a servicers y fondos de inversión. Además, durante este traspaso continúan los desahucios y el acoso inmobiliario, en lugar de regularizar la situación de las familias que ya viven allí, tal como exige el movimiento por la vivienda.
Ahora el Ejecutivo comunica con orgullo la aprobación del decreto Maricarmen, pero la realidad es que es únicamente fruto de la presión popular. Un decreto que ha dividido en dos, separando del resto de medidas los contratos de alquiler indefinidos, para garantizar que el PNV y Junts lo tumben, una maniobra que ya utilizó el PSOE de Felipe González en 1985 con el Decreto Boyer. El decreto recoge la mayoría de las demandas con diversas medidas. En materia asistencial, frena los desahucios a personas vulnerables hasta 2030, aunque esta medida ya estaba incluida en la moratoria tumbada a principios de este 2026. Además, pasa a regular bajo la LAU de 2019 el alquiler por habitaciones y el temporal, tapando un agujero legislativo que nunca debería haber existido. Para atacar la especulación, prohíbe hasta 2028 que los fondos de inversión compren pisos por un precio inferior al 70 % de su precio de mercado; esta medida va en la dirección correcta, pero se queda muy corta: nosotras pedimos la prohibición total de la venta de pisos a cualquier precio por parte de fondos de inversión. Asimismo, impide a los grandes tenedores subir el precio si la renta ya está por encima del tope de referencia, aunque los topes se hayan estabilizado en valores vergonzosos a precio de mercado. En esta línea, ofrece bonificaciones de hasta el 100 % del IRPF a los rentistas para que no suban o reduzcan un 5 % los precios de los alquileres. ¿No es esto una indemnización? ¿No es esto legitimar la extracción de beneficios a costa del derecho a la vivienda?
Desde Lucha Internacionalista nos posicionamos frontalmente contra estas medidas neoliberales y temporales. Es una vergüenza tener que sufragar con recursos públicos a un grupo de parásitos del sistema y continuar permitiendo que la vivienda sea una mercancía más sujeta a las dinámicas capitalistas. El PSOE legisla para gestionar las migajas que quedan del parque de vivienda acumulado en manos privadas. Intenta imponer una falsa paz social, dando paliativos a la clase trabajadora y contentando al gran capital inmobiliario. Pero la realidad es que es una situación insostenible: la vivienda nunca será un derecho garantizado mientras exista el rentismo y se permita que sea un bien de mercado.
El Gobierno sabe esto, pero no aborda el problema, y no les convenceremos con buenas palabras ni acuerdos parlamentarios. Debemos obligarles a través de la movilización popular y con una de las herramientas más potentes de la clase trabajadora: la huelga general. La plataforma «Ens costa la vida» ya realizó una encuesta en todo el territorio catalán y encontró una mayoría de la clase trabajadora dispuesta a ir a la huelga por la vivienda. Y si la huelga general no es una realidad hoy en día, es por la connivencia de sindicatos como CCOO o UGT, que llevan años diciendo «todavía no». Para avanzar en la preparación de la huelga general es urgente organizarse en los barrios y en los centros de trabajo y de estudio; necesitamos la confluencia de movimientos sociales, sindicalismo de base y sindicatos de inquilinas, que exijan a la burocracia sindical de CCOO y UGT romper la paz social con los especuladores y fondos de inversión, y que se sumen al clamor popular contra los desahucios y por un parque de vivienda pública.
Desde Lucha Internacionalista nos posicionamos junto al movimiento por la vivienda, exigiendo la paralización inmediata de los desahucios, el cierre de los pisos turísticos, la intervención de los precios del alquiler para que no superen el 20 % de los salarios, la expropiación sin indemnización económica de grandes propietarios, fondos buitre y bancos, y un parque de vivienda pública de alquiler social bajo gestión 100 % pública.
La lucha por el derecho universal a la vivienda forma parte de la lucha contra el sistema capitalista, y comienza uniendo a todos los sectores laborales y avanzando hacia la huelga general.
