Por: Partido Socialismo y Libertad
Repudiamos levantamiento de inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara y «ley contra el odio»
Esta semana la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha lanzado dos ataques brutales contra los derechos democráticos.
El primero de ellos ha sido el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la emisión de una orden de detención contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, por supuestamente haber promovido protestas entre los meses de abril y julio de este año. El segundo ha sido la aprobación de una «Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia política y la Tolerancia».
Más allá de que como opositores de izquierda al gobierno, no tenemos nada que ver políticamente con la MUD, y particularmente con Voluntad Popular, partido del cual Guevara es dirigente, entendemos su persecución como parte de una ofensiva antidemocrática que arreció luego de la derrota del gobierno en las elecciones del 2015.
Hoy está claro que la Asamblea Nacional ha sido liquidada de hecho, siendo suplantada por la ANC. El gobierno desconoció lo expresado por el voto popular luego de quedar en minoría en el parlamento, optando por eliminarlo. Lo mismo hizo al perder las elecciones en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, creando una autoridad paralela y transfiriéndole parte de las competencias y presupuesto, para luego encarcelar al alcalde.
Estos ataques no se han limitado a la oposición patronal, durante largos años se han dirigido contra los sectores obreros y populares, con asesinatos y encarcelamiento de dirigentes obreros, campesinos, indígenas y populares. La MUD dejó correr esos ataques gubernamentales pues los consideraba favorables a los intereses de la clase capitalista, y solo cuando sufrió en carne propia la persecución gubernamental hizo denuncias sobre la deriva dictatorial del chavismo. Pero aún en estos casos la oposición patronal ha sido inconsecuente en la denuncia, pues siempre ha estado dispuesta a pactar con el gobierno, como ha quedado demostrado con su participación en las elecciones fraudulentas regionales. Por ello la MUD hoy es repudiada por millones de venezolanos que han comprendido el rol colaboracionista de esa oposición patronal cuyas capitulaciones han servido para sostener al gobierno de Maduro, y que además avala el paquete de ajuste que aplica Maduro.
Nuestro partido repudia sin ninguna duda la persecución y la criminalización de toda disidencia; de toda opinión opositora; la proscripción electoral de la mayoría de los partidos; el encarcelamiento de sindicalistas como los miembros de Fetracarabobo; la desaparición forzada de militantes de izquierda como Alcedo Mora, la represión asesina contra las personas que protestaron entre abril y julio, la destitución arbitraria del gobernador electo del Zulia, y en definitiva la imposición de un Estado policial al servicio de mantener en el poder a la repudiada boliburguesía.
La «ley contra el odio» es una nueva herramienta represiva para sofocar los últimos espacios de libre expresión que quedan en los medios electrónicos y las redes sociales. Pero además permite la ilegalización de partidos políticos, el cierre de canales de televisión, emisoras radiales y periódicos, el castigo con durísimas penas de 10 a 20 años de prisión a quienes opinen contra el gobierno. Detrás del hipócrita discurso de la promoción de la paz lo que se esconde es la voluntad de silenciar las voces de ese 87% de la población que repudia al gobierno y aterrorizarla para que no se movilice.
Ahora más que nunca es necesario redoblar la organización de los trabajadores y los sectores populares para derrotar a un gobierno hambreador, que aplica un brutal ajuste contra el pueblo trabajador y recorta las importaciones de alimentos y medicinas para pagar una deuda externa ilegal e ilegítima. Que pretende atornillarse al poder apoyándose en los militares y ejecutando toda clase de fraudes electorales.
Llamamos a la más amplia unidad de los trabajadores, los campesinos, la juventud, las mujeres, los indígenas, estudiantes y sectores verdaderamente revolucionarios para construir una alternativa política que luche consecuentemente contra el gobierno y que presente un programa para salir de la actual crisis, partiendo del no pago de la deuda externa, la nacionalización del 100% de la industria petrolera, la confiscación de las propiedades de la boliburguesía y los empresarios de maletín que sobrefacturaron importaciones, para garantizar la reactivación y reorganización de la economía sobre nuevas bases democráticas, al servicio del pueblo trabajador.
