Simón Rodríguez, dirigente de la UIT-CI*
El 20 de abril el ex policía Derek Chauvin fue condenado por el asesinato de George Floyd. Un jurado lo declaró culpable de las tres imputaciones: asesinato en segundo grado y tercer grado, así como homicidio en segundo grado. Se transmitió por televisión la lectura de la sentencia y el momento en que un inexpresivo Chauvin era esposado y retirado de la corte por los alguaciles para ser trasladado a una cárcel.
Fue indudablemente un triunfo de la rebelión antirracista del verano del año pasado, en cuyo transcurso salieron a las calles más de 20 millones de personas, en marchas gigantescas en cientos de ciudades de todos los estados del país, sobrepasando a la represión policial y de la Guardia Nacional, incendiando locales policiales y derribando estatuas y monumentos racistas.
Se espera que la condena, que debe ser dictada por un juez en las próximas semanas, sea de más de diez años de cárcel. El fallo fue celebrado por la juventud y las comunidades que constataron que con su movilización se pudo abrir una brecha en las prácticas de instituciones racistas hasta el tuétano. Se marcó un hito histórico. Según la Unión Americana para las Libertades Civiles es la primera vez en la historia del estado de Minnesota que un policía blanco es condenado por asesinar a un hombre negro bajo su custodia.
Se estima que poco más del 1% de las denuncias de brutalidad policial derivan en algún tipo de sanción en ese estado. La policía emplea métodos violentos 7 veces más frecuentemente contra negros que contra blancos en el capital estadual, Minneapolis. Pero en el resto del país las cosas no son muy diferentes. Entre 2005 y 2017 fueron asesinadas alrededor de mil personas por año por la policía en EEUU. En todo ese período, solo 29 policías fueron condenados por asesinato u homicidio involuntario (BBC, 15/4/2021).
La movilización derrotó a la impunidad
El primer reporte policial sobre los hechos de aquel 25 de mayo fue un intento de encubrir el asesinato de Floyd. Según ese documento, el arresto se habría realizado sin incidentes, pero al notar los efectivos que el “sospechoso” parecía “estar sufriendo algún padecimiento médico”, solicitaron asistencia médica, lo que no evitó que falleciera luego en un centro médico.
Pero el asesinato de Floyd, a quien se acusó de haber comprado cigarrillos con un billete falso de 20 dólares, fue grabado en video por varias personas, entre ellas una adolescente, y quedó expuesto ante los ojos del mundo el crimen. Durante nueve minutos Floyd fue asfixiado por Chauvin, con la ayuda de otros tres policías, cuyo juicio se realizará en los meses venideros. Las primeras declaraciones de los fiscales locales indicaban que ningún policía sería enjuiciado. Pero las protestas masivas cambiaron todo. Al final la policía decidió intentar lavar su imagen, testificando contra Chauvin y acusándolo de violar los procedimientos establecidos, algo que casi nunca se ve en los tribunales dada la complicidad corporativa de la policía y su ideología racista.
Alivio y nerviosismo entre los capitalistas
El presidente Biden se mostró “aliviado” por la condena, reflejando la reacción más extendida entre los capitalistas, temerosos de un nuevo estallido de ira popular si el racista Chauvin era absuelto. Para la corriente política liberal de la burguesía imperialista que representa, lo más importante es recomponer la confianza en las instituciones represivas y judiciales, demostrando que el sistema judicial “funciona”. Con un astuto cinismo, Biden incluso pretende ponerle el nombre de Floyd a una ley de reforma policial. Durante las protestas antirracistas del año pasado la recomendación de Biden a la policía era no disparar a matar sino “disparar a las piernas”.
Como parte del esfuerzo por lavar la cara del régimen, el Fiscal General Merrick B. Garland anunció un día después de la sentencia contra Chauvin que se abrirá una nueva investigación a cargo del Departamento de Justicia, que se suma a la investigación federal sobre el asesinato de Floyd, para determinar si el Departamento de Policía de Minneapolis lleva a cabo prácticas inconstitucionales o ilegales, si hay patrones de brutalidad represiva, discriminación u otras prácticas. Normalmente este tipo de investigación se salda con negociaciones de reformas, por lo que su sentido es más político que propiamente judicial. De ahí que Garland insista en el estribillo liberal de que la mayoría de los policías actúan “honorablemente” y están a favor de reformas.
Pero otros sectores no pueden ocultar su resentimiento ante el resonante triunfo de la lucha antirracista. El editorial del Wall Street Journal el 20 de abril se lamentó de que la condena de Chauvin no será vista como la demostración de que el sistema funciona, sino como un triunfo de las protestas “ilegales”. Este sector conservador entiende que la lección que millones han sacado de esta experiencia no es la más conveniente para la burguesía.
Mientras habla de reformas y de superar el racismo, el régimen sigue apretando sus tuercas con la aprobación reciente de 29 leyes estaduales represivas que atacan el derecho a la protesta. La cifra de las nuevas leyes antidemocráticas podría subir a un centenar si se aprueban los proyectos pendientes. Una de las leyes, por ejemplo, aprobada en Florida el día antes del fallo contra Chauvin, permite criminalizar a personas que participen en protestas en las que haya violencia, sin que la persona incriminada haya cometido personalmente ningún acto violento.
Las tareas pendientes
Siguen impunes miles de asesinatos racistas tan brutales como el perpetrado contra George Floyd, aunque no todos hayan sido registrados en video. La lucha por llevar a la cárcel a los policías racistas y asesinos continúa, fortalecida por la condena a Chauvin. Tampoco debe olvidarse que durante las protestas antirracistas de 2020 se produjeron miles de detenciones, luego de lo cual cientos de personas han resultado criminalizadas y muchas continúan tras las rejas. Es importante continuar luchando por una amnistía general para todos los luchadores antirracistas. La exigencia de recortar drásticamente los presupuestos policiales para reinvertir el dinero en la necesaria asistencia social en el marco de la crisis económica, también sigue vigente.
Las ilusiones en que la condena de Chauvin marca un viraje, alimentadas por Biden, su gobierno del Partido Demócrata y otros políticos del sistema, no tienen asidero en la realidad. La brutalidad policial racista no se ha detenido. Cerca de la corte donde fue condenado Chauvin, apenas un mes antes, fue asesinado Duarte Wright, un afroamericano de 20 años, detenido por tener supuestamente una matrícula expirada. Casi simultáneamente con la lectura del veredicto contra Chauvin, en Columbus, Ohio, policías asesinaron con cuatro disparos a Ma´hkia Bryant, una adolescente negra que en medio de un altercado había llamado a la policía para que interviniera. Luego del asesinato, un policía gritó “Blue Lives Matter” (las vidas azules importan), consigna utilizada por la extrema derecha para reivindicar la brutalidad policial racista.
La realidad es que hay alrededor de 800 mil agentes policiales en EEUU, un verdadero ejército cuyo enemigo es el pueblo pobre y trabajador, al que los capitalistas necesitan mantener a raya en medio de la abismal desigualdad social, privado de derechos sociales como el acceso a la salud pública gratuita; con salarios miserables y regímenes de precarización laboral. Los sectores más oprimidos y explotados de la clase trabajadora son los afroamericanos, los inmigrantes y los indígenas, contra ellos se ensaña la violencia organizada del Estado capitalista, lo mismo bajo gobiernos demócratas o republicanos.
Ninguna reforma policial puede apuntar a modificar esta función del aparato represivo capitalista. Esto es lo que también alimenta el legítimo odio de la juventud a la policía y el deseo de eliminarla que subyace a la exigencia de abolirla. Pero el gobierno capitalista e imperialista de Biden, por más presión que se ejerza sobre él, no va a realizar una reforma que cambie la función social de la policía, mucho menos va a abolirla y renunciar a una herramienta fundamental para mantener los mecanismos de la explotación en funcionamiento. En Minneapolis, al calor de las protestas, el concejo municipal declaró que eliminaría la policía y la sustituiría por una fuerza comunitaria. Apenas cambió la correlación de fuerzas en las calles, se abandonó el proyecto.
La rebelión antirracista logró la condena de Chauvin. Fue un factor decisivo para la derrota política y electoral de Trump. Ha sido una fuente de inspiración para luchadores de todas partes del mundo. Todavía no se han terminado de cosechar sus frutos y quedan muchas batallas por delante. La destrucción de la policía es una tarea revolucionaria que solo pueden llevar a cabo los trabajadores, la juventud y las comunidades oprimidas en la medida en que puedan construir sus propias organizaciones políticas y defenderse de la violencia de los capitalistas y sus gobiernos, en última instancia instaurando un poder obrero y popular. Solo entonces podremos decir que se hizo justicia a las víctimas de este sistema de opresión y explotación.
22/4/2021
*Unidad Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional
