Declaración UIT-CI y Alternativa Socialista
«El tal paro agrario no existe», dijo en tono descuidado el presidente Juan Manuel Santos el pasado 24 de agosto, en un vano intento por invisibilizar las masivas e intensas protestas protagonizadas por campesinos colombianos que desde el pasado 19 de agosto se declararon en rebeldía contra diecisiete gravosos Tratados de Libre Comercio impulsados desde el gobierno de Álvaro Uribe y firmados bajo la actual administración, presidida por J. M. Santos, los cuales condenan al agro colombiano a la quiebra y a la miseria a miles de familias campesinas.
Cuando el Presidente hizo estas irresponsables aseveraciones, ya existían grandes concentraciones campesinas en los departamentos de vocación agrícola como Boyacá, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, Cundinamarca, las adyacencias de Bogotá, y buena parte de las principales carreteras nacionales estaban bloqueadas.
Las desaliñadas afirmaciones del Presidente no hicieron más que echarle leña al fuego. Otros sectores del campo que habían anunciado su incorporación al paro se motivaron. Los transportistas que reclaman rebaja en los precios de los combustibles, con sus camiones se sumaron al bloqueo del resto de carreteras principales que aún estaban transitables. Los estudiantes universitarios quienes sufrían la dilatación gubernamental de la negociación del proyecto de reforma universitaria se levantaron de las mesa para expresar su inconformidad y expresar en las calles su solidaridad activa y combativa con el paro agrario.
Por su parte, el movimiento sindical agrupado en las centrales sindicales, encabezados por los aguerridos trabajadores de la salud, de los bancarios y los empleados y trabajadores de la Universidad Nacional, convocaron a una Movilización Nacional para hacerle ver al presidente Santos que el Paro Nacional Agrario en Colombia si existe, que es combativo y que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría pueblo.
Colombia despierta de la pesadilla neoliberal
Desde principios de los años noventa del siglo pasado, el gran capital nacional e internacional lanzó una feroz ofensiva en Colombia privatizando las empresas y entidades financieras del Estado, desarrollando reaccionarias reformas a la legislación laboral, entregó a las instituciones privadas la seguridad social y el sistema de pensiones; profundizó en la educación secundaria y universitaria la voracidad del capital privado; aceleró el proceso de firmas de Tratados de Libre Comercio sometiendo a condiciones desventajosas a la industria nacional y la producción agropecuaria; entregó mediante onerosas concesiones a firmas internacionales la construcción de obras de infraestructura vial encareciendo al máximo los costos de transporte terrestre, a lo que le sumó la elaboración de refinadas fórmulas matemáticas para justificar e imponer los precios internacionales de combustible, que hacen que en Colombia se paguen quizás los más altos precios por litro de gasolina en el mundo a pesar que la empresa estatal de petróleos, que también fue abierta a la inversión privada, produce en la actualidad más de un millón de barriles diarios.
La ilusión del modernismo producto de la integración al mercado mundial, aunado a los ingresos multimillonarios derivados de la rentable industria de la producción y tráfico de estupefacientes, ayudaron a que amplios sectores de clase media vivieran el espejismo del desarrollismo y el crecimiento económico; además de convertirse en la base social de gobiernos como el de Álvaro Uribe y José Manuel Santos y utilizados como punta de lanza en contra las acciones de protesta de los sectores afectados por la fiesta neoliberal.
Sin embargo la resaca llegó y diversos sectores sociales empezaron a sufrir y comprender los efectos de su alucinación. Ahora entienden a carta cabal que los TLC son nefastos para el país, que las empresas cierran sus puertas dejando en la calle una estela de desempleo y de empleos precarios, que la salud es un gran negocio y la educación es un privilegio para una ínfima minoría. Que los recursos naturales y muy particularmente las materias primas, se entregan a precio de gallina flaca y que los grandes proyectos de minería a cierto abierto deterioran el medio ambiente a pasos agigantados y atentan contra la salud y la vida de las comunidades. Esta es la explicación de fondo que ha hecho que se conjuguen en el tiempo varias luchas, llevando a la explosión social que hoy se escenifica en Colombia, permitiendo que el pueblo despierte de la terrible pesadilla neoliberal.
El estallido del 29 de agosto
Presionados por la masiva lucha de los campesinos y los incesantes reclamos de miles de sus afiliados, los dirigentes de las centrales obreras se vieron obligados a romper su pasividad y su recurrente política de concertación con los gobierno, para hacer el llamamiento a una Movilización Nacional este pasado 29 de agosto. Esta convocatoria se constituyó en el gran articulador de las numerosas luchas que desde distintos sectores se vienen realizando.
Miles de trabajadores, estudiantes, empleados y comunidades se volcaron a las calles de las principales ciudades del país, particularmente en Bogotá, para expresar su solidaridad con los campesinos, pero también para exponer sus reclamos que desde hace años vienen siendo desconocidos y desatendidos por los distintos gobiernos de empresarios y terratenientes que se han alternado en el poder en Colombia.
La ira estalló este jueves 29 de agosto, del mismo modo que sucedió recientemente en Brasil. La indignación no pudo ser contenida por las medidas reaccionarias del gobierno nacional y del Alcalde de Bogotá (ex militante de la guerrilla del M-19) quienes en forma conjunta decretaron el toque de queda en localidades como Soacha, Bosa y la populosa barriada de Ciudad Bolívar de la capital de la República en la que habitan cerca de un millón de personas de escasos recursos económicos. Tampoco pudo evitarla la decisión de suspender las clases en todos los colegios de secundaria y universidades.
La multitudinaria y combativa protesta bloqueo totalmente la comunicación terrestre en los ejes viales Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali, la vía al Llano que comunica a Bogotá con Villavicencio; la carretera Bucaramanga-Cúcuta en dirección a Venezuela y la vía Panamericana que conduce desde Cali hacia la frontera con Ecuador, atravesando los departamentos de Cauca y Nariño. En la Costa Atlántica, los taxistas, estudiantes y campesinos y comunidades pobres secularmente abandonados, también salieron a las calles masivamente. Medellín, capital del departamento de Antioquia y otros municipios cercanos con fuerte concentración de pequeños y medianos productores agrícolas, fueron escenario de grandes movilizaciones campesinas y estudiantiles, a las que se sumaron los camioneros con sus vehículos. Los cafetaleros hicieron lo propio en los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, a la vez que los mineros del departamento de Tolima, y los 5.000 trabajadores de la multinacional Drummond en la Costa Atlántica en huelga desde hace un mes, salieron con sus herramientas a sumarse a los bloqueos de las carreteras.
Mil doscientas personas retenidas, buena parte de ellas judicializadas, 450 heridos de cierta consideración, 4 muertos este jueves 29 de agosto, sumado al desabastecimiento de productos agrícolas en los principales centros urbanos, así como daños con fuerte impacto económico, son las cifras que dan buena cuenta de la magnitud e intensidad de los enfrentamientos con la policía y el ejército, que siguiendo instrucciones gubernamentales arremeten en forma violenta y desproporcionada contra los pobladores que salen a expresar su profundo malestar político, económico y social.
Ese profundo malestar que se expresó el jueves 29 de agosto pone en evidencia que Colombia vive una situación explosiva, resultante de la indolencia y la soberbia ante los reclamos populares, así como la sumisión a los mandatos de los gobiernos extranjeros y de las multinacionales, que desarrollan los distintos gobiernos de oligarcas, empresarios y terratenientes que rigen los destinos del país.
La explosión de este jueves 29 de agosto de 2013 hace recordar la heroica jornada de protesta de aquel lejano 14 de septiembre de 1977 que modificó el escenario político del país. Aunque debemos decir que ésta explosión de los campesinos que lleva doce días y de las combativas movilizaciones del 29 de agosto, son mucho más contundentes, más extendidas en el tiempo y reflejan una correlación de fuerzas favorable para los sectores populares, campesinos, laborales y estudiantiles, que hacen pensar que el pueblo colombiano con sus manos y sus luchas están labrando su nuevo destino.
Rechazar la militarización de Bogotá y de las carreteras nacionales
Este viernes 30 de agosto, a las 8 de la mañana, el presidente Santos, quien ahora sí reconoce que el Paro Nacional Agrario es una «Tormenta», se ha dirigido al país pretendiendo descalificar la Movilización Nacional del 29 de agosto, catalogándola como una jornada de acciones violentas protagonizadas por supuestos infiltrados y vándalos. Detrás de esta falsedad, el gobierno del presidente Santos decreta la militarización de Bogotá y las carreteras nacionales, en un esfuerzo desesperado por quebrar el poderoso paro de los campesinos y la amplia solidaridad que ha despertado entre la población.
En esta oportunidad el gobierno no ha podido decir que detrás de las acciones de protesta están las organizaciones guerrilleras del país, en tanto que las Farc desde hace varios meses y más recientemente el ELN, están más preocupadas por su propia hoja de ruta de negociaciones con el gobierno. Agenda política que va a contramano de las luchas obreras, populares, campesinas y estudiantiles, y reflejan la completa renuncia de esas organizaciones a las razones históricas que les dieron justificación hace más de 50 años. Por tal razón recurre en forma desvergonzada a acusar a los activistas como integrantes de un supuesto «Cartel de Vándalos», ofreciendo millonarias recompensas para quienes les denuncien, recurriendo a la vieja táctica que desde hace años desarrolla el Gobierno y Ejército Nacional en contra de la guerrilla.
No existe tal «cartel de vándalos» y si lo existe está conformado por todos los ex presidentes del país, los congresistas de las distintas facciones de la burguesía y los partidos políticos de los empresarios, los oligarcas y los terratenientes que llevan más de 200 años negociando lo que no es de ellos, entregando los recursos y bienes del país a las multinacionales, que han hipotecado el futuro de la nación con la impagable deuda externa, que han desplazado y expropiado de sus tierras en forma violenta -apoyándose en el ejército y las organizaciones paramilitares-, a un millón de familias campesinas y que han asesinado a más de medio millón de colombianos durante cincuenta años de cruenta represión, masacres y acciones de exterminio contra los luchadores del campo y la ciudad.
Mantener el pulso firme en las calles
Más que nunca se impone la unidad de los diversos sectores en lucha. Es imprescindible impedir la división de las negociaciones, caer en la trampa de condenar el supuesto vandalismo o llamar a levantar los bloqueos cuando el gobierno amenaza con la militarización de Bogotá y las carreteras. En tal sentido es saludable que numerosos sectores de campesinos que hoy bloquean las carreteras se hayan negado a aceptar la petición de desbloquear que han solicitado los negociadores por parte de los campesinos.
Si bien es cierto el gobierno reconoce el paro, a sus interlocutores y ha comenzado a ofrecer alternativas a los reclamos, ello no es ninguna garantía para confiar en su palabra, cuando todo el país sabe que el Presidente Santos se distingue por asumir compromisos y luego desconocerlos.
La propuesta gubernamental de restringir la importación de peras, lacto-sueros, tomate, papa, leche en polvo, fríjol, arveja y quesos; definir mediante decreto los aranceles para fertilizantes y que pagará cada kilo de papa que entra del extranjero como si hubiera sido producida por los campesinos colombianos; son salidas parciales.
El pliego de reclamos que exige la derogatoria de los TLC que atentan contra el agro y la industria nacional, debe seguir siendo la bandera de los luchadores colombianos. Ese reclamo es respaldado por millones de colombianos, que ven que es posible movilizarse, arrinconar al gobierno y derrotar sus planes de entrega y sumisión a las potencias extranjeras y las multinacionales.
La Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) y su sección en Colombia, Alternativa Socialista se colocan incondicionalmente del lado de los luchadores sociales, llama a seguir desarrollando el paro agrario nacional, todas las acciones de solidaridad de los trabajadores y la juventud. A su vez, los invita a darle una perspectiva revolucionaria y socialista al combate, construyendo el partido revolucionario de los trabajadores.
Esta tarea es posible ahora que miles salen a las calles y pueden identificar en su propia experiencia quienes están comprometidos hasta el final con sus reclamos.
– Basta de represión.
– No a la militarización de Bogotá!
– Derogación de los TLC que favorecen a las multinacionales!
– Basta de entrega de los recursos naturales, mineros, marítimos y la biodiversidad
– Unidad de todos los sectores en lucha!
Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
Alternativa Socialista, su sección en Colombia
31 de agosto de 2013
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