Rechazamos las maniobras antidemocráticas del gobierno para imponer el ajuste contra el pueblo

Ante la detención del alcalde metropolitano

Por: Partido Socialismo y Libertad

El gobierno de Maduro ha anunciado, por enésima vez, la existencia de conspiraciones golpistas, y valiéndose de estas denuncias ha apresado al alcalde metropolitano, Antonio Ledezma. Más allá de que adversamos a Ledezma, por los intereses de clase que representa como agente de los grandes empresarios y las transnacionales, repudiamos un procedimiento arbitrario que forma parte de una orientación gubernamental de emplear los tribunales y la Fiscalía como herramientas de persecución política. En lo inmediato esa orientación está al servicio de imponer a la población con la menor resistencia posible el brutal ajuste capitalista en curso. El arresto de Ledezma es utilizado para minimizar los anuncios sobre un inminente aumento del precio de la gasolina, medida que hace 26 años desató El Caracazo, y que sin duda tendrá un efecto devastador sobre los salarios, al incrementar los costos de los alimentos y demás productos de la canasta básica.

Ante un abrumador rechazo popular a la gestión gubernamental de Maduro, el gobierno está desesperado. La inflación, el desabastecimiento, los despidos, el crecimiento de la pobreza, corroen cada día más la base social del gobierno. La dirigencia del Psuv sabe que por la vía de un estallido social o de una desastrosa derrota en las elecciones de la Asamblea Nacional, su gobierno puede irse a pique en pocas semanas. Y aún tiene que administrar los efectos de una devaluación del 70%, así como un inminente aumento del precio de la gasolina. Este es el contexto en que se dan sus intentos de victimizarse denunciando un golpe del cual es incapaz de mostrar evidencias sólidas.

No es una situación nueva. Desde el año 2006, el gobierno viene sistemáticamente denunciando golpes de todo tipo, y empleando esa línea discursiva para criminalizar principalmente a los trabajadores que realizan huelgas, a los indígenas que recuperan tierras, y a los campesinos que ocupan latifundios. Calificando de «anarcosindicalistas» y «golpistas» a los trabajadores de Sidor, por ejemplo. Más recientemente también ha empleado ese recurso de persecución política por las vías judiciales en contra de dirigentes de organizaciones adscritas a la coalición de centroderecha Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Desde que fueran derrotados por la movilización popular el golpe de abril de 2002 y el paro patronal, así como el sabotaje a la industria petrolera en 2003, no ha habido intentonas golpistas, y el gobierno ha avanzado en pactos de cohabitación y negociados con Fedecámaras, la dirigencia de la Iglesia Católica y los partidos de la MUD. A tal grado se profundizaron los pactos, que el presidente Chávez otorgó una amnistía en diciembre de 2007 a los golpistas del 2002.

Hoy en día el gobierno se victimiza, aplicando un guión muy parecido al que emplea Cristina Fernández en Argentina ante el escandaloso caso del fiscal asesinado Nisman, o el que emplea Dilma Rousseff ante el descubrimiento del entramado de corrupción de Petrobras. Pero Maduro convence a muy pocos de la veracidad de los supuestos «golpes económicos», «golpes de cuarta y quinta generación», y «atentados golpistas». La población se percata cada vez con mayor claridad de que estos anuncios espectaculares se utilizan para desviar la atención de medidas de ajuste que empobrecen a la mayoría de los venezolanos, como la devaluación monetaria a través del mecanismo del Simadi o el aumento en 40% del transporte público, los aumentos de los precios de los alimentos, como el pollo y la carne recientemente, y los ajustes salariales por debajo de la inflación. Medidas que se están aplicando con el beneplácito de Fedecámaras y la dirigencia de la MUD. También forma parte del plan de ajuste, el pacto con Fedecámaras para agilizar los despidos a través de las Inspectorías del Trabajo. En virtud de esos acuerdos se están ejecutando centenares de despidos en el estado Carabobo, en empresas como Chrysler, Ajeven, Ford, Petrocasa, Wix y Vicson, así como en la planta de Toyota en Cumaná, y decenas de empresas más, al tiempo que el gobierno entrega a esos mismos empresarios millones de dólares para importaciones, a tasa preferencial. Esta es la realidad que el gobierno quiere ocultar.

Ciertamente, Ledezma es un político con un amplio prontuario represivo, merecedor del mayor repudio. Durante sus largos años como alto funcionario y dirigente de Acción Democrática estuvo directamente involucrado en la represión contra jubilados y pensionados, en la masacre de El Caracazo, en la masacre del Retén de Catia de 1992, así como numerosos ataques policiales contra estudiantes universitarios, trabajadores y la población en general, que resultaron en centenares de heridos, asesinados y detenidos. También participó en el golpe de abril de 2002.

Sin embargo, no es por ninguno de estos crímenes que el gobierno lo detiene, sino por un montaje judicial que presenta como evidencia de «golpismo» un remitido publicado en la prensa, en el que Ledezma, López y Machado sientan posición contra el gobierno. Más allá de que repudiemos el contenido de dicho remitido, por expresar planteamientos de corte neoliberal y pro imperialista, de ninguna forma podemos avalar que el gobierno criminalice, acusando de «golpismo», cualquier expresión de oposición. Tampoco podemos dejar de observar que los métodos antidemocráticos empleados por el gobierno para detener arbitrariamente a Ledezma, son los mismos que ha empleado al encarcelar a luchadores sociales y trabajadores. En las cárceles del país están detenidos cuatro trabajadores de las empresas básicas de Guayana: Rodney Álvarez de Ferrominera del Orinoco, y Leinys Quijada, Rederick Leiva y Heberto Bastardo de Sidor, víctimas de montajes judiciales. Por realizar asambleas, participar en huelgas, o protestar, se ha abierto procesos judiciales contra centenares de trabajadores, como nuestro compañero José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, empleando acusaciones que van desde «violación al derecho al trabajo», hasta «agavillamiento» o «violación de zona de seguridad».

Llamamos a la población a organizarse para resistir contra las medidas económicas antipopulares que impone el gobierno, así como contra toda restricción de las libertades democráticas. De materializarse cualquier intentona golpista, la enfrentaríamos en la calle, tal como hicimos en 2002. Pero hoy la principal necesidad del pueblo trabajador es enfrentar los recortes a los derechos democráticos, sociales y económicos que impone el gobierno de Nicolás Maduro.

¡Impulsemos la unidad obrera y popular contra el ajuste madurista, avalado por Fedecámaras y la MUD!