Por: Partido Socialismo y Libertad
Caracas, 15 de octubre de 2018. En Venezuela no hay nada más torcido que los Derechos Humanos, el derecho a la vida es permanentemente cuestionado con el hambre y la falta de asistencia hospitalaria. Ejercer el derecho a la protesta se paga con la vida, solo veamos a los mas de 130 jóvenes asesinados durante las manifestaciones del año 2017.
La tortura y la represión, son parte de la política de Estado, así como los operativos policiales, aplicados en el marco de las OLP, que han cobrado la vida de más de 8.300 personas, que se constituyen en ajusticiamientos extrajudiciales, en los últimos años (Informe OEA, 2018).
A esta larga lista, se agrega la muerte en extrañas circunstancias del concejal por Libertador y del partido Primero Justicia, Fernando Albán, la cual ha ocasionado consternación nacional y mundial.
El único responsable de la muerte: el gobierno de Nicolás Maduro
El concejal por el municipio Libertador de Caracas, fue arrestado de manera ilegal por el Sebin el pasado viernes 5 de octubre, a su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía proveniente de los EE.UU. Durante dos días, fue imposible conocer el paradero del dirigente, hasta el domingo en la tarde. Menos de 24 horas después, su cadáver apareció tendido en las inmediaciones del edificio del Sebin de la Plaza Venezuela.
El fiscal Tarek William Saab, informó que el concejal se había «suicidado» lanzándose por la ventana de un baño del piso 10 del Sebin. Pocas horas después, el ministro del interior Reverol, contradiciendo al fiscal, anuncia: «estaba en la sala de espera antes de suicidarse». Esas contradicciones en el discurso oficial nos recuerda el asesinato de Fabricio Ojeda presentado como un suicidio en el año 1966 y el asesinato de Jorge Rodríguez en 1976 que intentaron encubrir como una muerte natural, ambos crímenes ocurridos en pleno Puntofijismo por parte del Sifa y la Disip.
Lo primero que hay que afirmar, es que el único responsable de la muerte del concejal es el gobierno de Nicolás Maduro. El artículo 44 de la Constitución Nacional es claro sobre ello: «El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, osometidas a su autoridad en cualquier otra forma».
Por otra parte: ¿Por qué creer en este gobierno que habla del suicidio en el caso de Albán? Es que acaso no ha habido suficientes pruebas del carácter represivo de sus órganos de seguridad como el Sebin. ¿Es que las decenas de jóvenes muertos en las protestas de los años 2014 y 2017 no son prueba suficiente de que estamos en presencia de un gobierno criminal? ¿Dónde están los derechos humanos fundamentales de los centenares de presos políticos torturados?
Se ha denunciado hasta el cansancio que el Sebin se presenta por encima de la constitución, las leyes y las instituciones del país, ignorando las decisiones de los jueces que dan libertad plena a muchos detenidos. ¿No ha sido el Sebin el responsable de apresar, en retaliación, a los familiares de los políticos y militares perseguidos?
Castigo a los culpables de la muerte de Albán
No tenemos nada que ver con la política del partido de Albán. Nos separa un abismo de diferencias políticas e ideológicas, pero por lo expuesto, demandamos una investigación a fondo de los hechos. Sanción a los responsables directos e indirectos de la custodia de Albán, incluyendo al tristemente célebre director del Sebin, general Gustavo González López. También estamos por la eliminación de este órgano represivo, al margen de cualquier legalidad constitucional, violador permanente de los derechos humanos de cientos de venezolanos.
Este episodio no es el único. Desde hace varios años el PSL viene realizando una campaña contra la desaparición del luchador Alcedo Mora; por el esclarecimiento de los asesinatos por sicarios de los dirigentes y luchadores del estado Aragua Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, y también, una campaña porque se haga justicia en el crimen horrendo del dirigente indígena Sabino Romero, así como por la libertad del trabajador de Ferrominera del Orinoco, Rodney Alvarez.
Estas demandas son parte de la lucha que hay que desarrollar contra el gobierno de Maduro, no solo por su política económica de hambre, sino también por la corrupción, la tortura y la constante violación de los derechos humanos en el país.
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