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El 23 de enero, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó Presidente Interino de la República, en el marco de una multitudinaria marcha convocada para exigir el fin de la llamada usurpación del cargo presidencial por parte de Nicolás Maduro. Rápidamente, el gobierno de los Estados Unidos y los países miembros del Grupo de Lima reconocieron a Guaidó como el Presidente de Venezuela, y de ese modo se formalizó el inicio de una ofensiva injerencista para derrocar a Nicolás Maduro a partir de un golpe de Estado, todo con el objetivo de evitar que este caiga como producto de una rebelión popular independiente del pueblo trabajador.
El gobierno de Nicolás Maduro hoy es repudiado por la mayoría del pueblo venezolano. El mismo ha depauperado las condiciones de vida en el país para priorizar el pago de la deuda externa, y conservar la apropiación del mermado ingreso petrolero por los jerarcas gubernamentales, la boliburguesía y los empresarios de la fracción tradicional de la burguesía.
En ese marco, la Asamblea Nacional controlada por la oposición patronal, el 25 de enero promulgó la denominada “Ley de amnistía y de reconocimiento de todas las garantías de reinserción democrática para los funcionarios civiles y militares que colaboren en la restitución del orden constitucional”, que establece las condiciones jurídicas para ofrecer impunidad a los funcionarios civiles y a los oficiales militares y policiales que desconozcan la autoridad presidencial de Nicolás Maduro, y participen en su derrocamiento a partir de un golpe de Estado. De esa manera, han creado una norma legal para que se mantengan impunes un conjunto de delitos cometidos por los jerarcas oficialistas en actividades de corrupción y en la violación de derechos humanos básicos en los operativos represivos del Estado y las organizaciones armadas paraestatales.
Por otra parte, han presionado a los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y a los jerarcas civiles gubernamentales para que derroquen al gobierno de Nicolás Maduro. Esas presiones han tenido dos modalidades, que son las dos pinzas del cerco:
1.- La amenaza de una posible intervención militar en Venezuela y el llamado a los altos oficiales castrenses para que se sumen a la acción golpista. Eso lo han desarrolla a partir de declaraciones realizadas por altos voceros del gobierno de los Estados Unidos y de la intimidación efectuada el 23 de febrero con el amague de incursión terrestre en el territorio venezolano, mediante la excusa de la denominada ayuda humanitaria, que por su escaso presupuesto y verdadero objetivo, nunca se planteó solventar o paliar la depauperación de las condiciones de vida del pueblo trabajador.
Entre febrero y abril del presente año hemos escuchado la misma amenaza militar vertida en discursos imperialistas del presidente Donald Trump, el jefe del Departamento de Estado Mike Pompeo, el senador Marco Rubio, el asesor de política exterior John Bolton, el enviado especial para Venezuela Elliot Abrams y el Comandante del Comando Sur, Craig Faller.
2.- La aplicación de sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos como el embargo petrolero iniciado el 29 de enero, el cual bloquea las importaciones estadounidenses de petróleo venezolano y asume el control operativo de la empresa estatal Citgo; el 19 de marzo a la extracción y exportación de oro a través de Minerven; el 22 de marzo a entidades financieras estatales como Bandes, Banco de Venezuela y Banco Bicentenario; y al Banco Central de Venezuela el 17 de abril. Esas sanciones económicas son presentadas como acciones para frenar los negocios ilegales de los jerarcas civiles y militares del bloque gubernamental chavista, sin embargo, en realidad afectan directamente al pueblo trabajador al profundizar el colapso económico del país y, por ende, siguen depauperando sus condiciones de vida.
Después de tres meses, ni la oferta de impunidad, ni las amenazas militares, ni las sanciones económicas, han logrado convencer a los altos oficiales de la Fanb de derrocar con un golpe de Estado al gobierno de Nicolás Maduro.
En ese contexto, el gobierno ha conservado su relativa unidad alrededor de la autoridad de Nicolás Maduro, no sin contradicciones al interior del mismo, sumido en una pavorosa crisis económica y aislado internacionalmente. Contando, no obstante, con el apoyo económico y político de potencias capitalistas como China y Rusia; los grandes negocios ilegales y, sobre todo, con la ausencia de una movilización popular masiva que desborde a Guaidó, al aparato represivo del Estado y a los colectivos armados paraestatales.
La estrategia del gobierno de los EEUU, el Grupo de Lima y la oposición patronal en estos tres meses ha logrado la desmovilización del pueblo trabajador y la subordinación de sectores sindicales, muchos de ellos participantes en la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, que se han quedado en silencio ante la miserable propuesta de un salario mínimo de 20 dólares mensuales que fue expuesta por José Guerra, responsable económico del equipo de Juan Guaidó.
Además, en el llamado Plan País, han aprovechado el desprestigio y la falsa retórica socialista del gobierno de Nicolás Maduro para desplegar una campaña anticomunista que responsabiliza al socialismo de la debacle del capitalismo venezolano, y para promover un proyecto de sociedad que garantizaría el beneficio de los intereses unilaterales del capital transnacional y local con la privatización de empresas estatales; la profundización de la privatización de Pdvsa; la gestión privada de las políticas sociales compensatorias con la incorporación de la figura de las ONG, y la continuidad del pago de la deuda externa y de la precarización de las relaciones laborales.
En el trascurso del 2018, el pueblo trabajador desplegó centenares de protestas para exigir reivindicaciones concretas como un salario igual a la canasta básica, el cumplimiento de las contrataciones colectivas y el respeto a la libertad sindical. Ahora, en abril de 2019, el pueblo trabajador debe retomar la movilización con independencia de clase respecto a Guaidó para sacar al gobierno antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro, siguiendo el ejemplo de Sudán y Argelia, donde los trabajadores, el pueblo y la juventud, liquidaron dictaduras represivas y hambreadoras. Y al mismo tiempo, promover la ejecución de un Plan Económico Obrero y Popular, que tenga como lineamientos: un plan nacional de importación masiva de insumos productivos, alimentos y medicinas; el no pago de la deuda externa; una industria petrolera 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales; la confiscación de los bienes de los corruptos y repatriación de los miles de millones de dólares fugados al exterior; una reforma agraria que permita avanzar hacia el autoabastecimiento de alimentos; la eliminación del IVA y una reforma tributaria progresiva; la eliminación del gasto estatal en represión y de los gastos suntuarios gubernamentales, todo en la perspectiva de que sean los trabajadores quienes gobiernen el país.
Partido Socialismo y Libertad
