Por Fiodor Morán
El país se dirige hacia su peor recesión desde la crisis financiera de 2003, con más de un millón de trabajadores cancelados o suspendidos, con la pandemia de covid19 haciendo estragos debido a la desastrosa gestión gubernamental y con un sistema de salud en gran medida privatizado. Sin embargo, los capitalistas de la industria azucarera están de fiesta.
En el período 2019-2020, los trabajadores de la industria azucarera lograron altísimos niveles de producción: Central Romana, la mayor empresa del sector, anunció una zafra de tres millones, doscientos cincuenta y ocho mil (3,258,000) toneladas cortas de caña, produjo trescientos ochenta y dos mil (382,000) toneladas cortas de azúcar; ciento treinta y un mil (131,000) toneladas cortas de azúcar refino y veinte millones de galones de melaza. Se trataría de la tercera mayor zafra de su historia. Los trabajadores del segundo mayor productor del país, el Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), hizo su segunda mayor molienda, para producir ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte (145,420) toneladas métricas de azúcar, la más alta de su historia. El azúcar es uno de los rubros de exportación con mayor crecimiento este año en República Dominicana y está bajo control de dos poderosos entramados capitalistas.
Central Romana, del grupo cubano-estadounidense Fanjul, tiene más de doce mil (12,000) trabajadores en la industria azucarera; por su parte CAEI, del grupo Vicini, cinco mil quinientos (5,500) trabajadores. Ninguna de las dos empresas hizo públicas las cifras de trabajadores contagiados y fallecidos por la pandemia o accidentes laborales en sus comunicados celebrando las cifras de producción. Con su demagogia habitual, los comunicados empresariales se refieren a los trabajadores como “héroes” y “colaboradores”. Pero lo cierto es que todo el mérito y el riesgo ha sido de los trabajadores, dominicanos y haitianos, mientras que toda la ganancia es para los capitalistas.
Al no haber libertad sindical en nuestro país, los dirigentes de los pocos sindicatos oficialmente reconocidos en la industria azucarera acuerdan con los capitalistas las condiciones laborales y salariales a espaldas de los trabajadores y los latifundios azucareros funcionan como Estados dentro del Estado, con su propia seguridad, sus propios toques de queda y limitaciones al libre movimiento, sometiendo a miles de trabajadores a condiciones de semiesclavitud con la complicidad del gobierno. Por ejemplo, en Central Romana se continuó trabajando en horarios distintos a lo estipulado en los decretos de estado de emergencia.
El año pasado, el gobierno fijó el salario mínimo de los empleados de la industria azucarera en 7,633.42 pesos mensuales. La jornada de trabajo de ocho horas para los trabajadores del campo del sector azucarero, los cañeros, está fijada oficialmente en la irrisoria cifra de 198.24 pesos. Mientras tanto, en mayo de este año la canasta básica promedio estaba en 31,049.91 pesos mensuales. Esto nos da una idea de la superexplotación aplicada por este sector de la burguesía con el apoyo del gobierno.
A la altísima exigencia del trabajo físico bajo el sol en temperaturas extremas hay que agregar que los empresarios suelen incurrir en trampas al pesar la caña para no honrar los pagos que corresponden por cuotas de producción. El capitalista se queda con lo que produce el trabajo ajeno y retribuye al trabajador con una ínfima porción de la riqueza que ha generado. Por eso, y por los vínculos con distintos gobiernos, es que estos latifundistas y explotadores se han hecho con otras empresas y bienes. Insólitamente, miles de trabajadores cañeros inmigrantes haitianos han tenido que salir a las calles sistemáticamente durante la última década para exigir que se les reconozca su derecho a la seguridad social, luego de haber dedicado largos años de trabajo a la industria, con sus respectivas cotizaciones para la seguridad social, pero los distintos gobiernos se niegan a acceder a esta justa exigencia.
La Unión de Trabajadores Cañeros, que ha organizado esta pelea por el derecho a las pensiones, también ha venido exigiendo para las comunidades de los 411 bateyes existentes la construcción de instalaciones de salud y educación pública, construcción y reparación de viviendas, así como el acceso a la electricidad y agua corriente, el respeto a la libertad sindical y aumentos salariales. Nos solidarizamos con estas exigencias y llamamos al conjunto del movimiento obrero y popular a apoyarlas de cara a la llegada del nuevo gobierno, ante el cual no tenemos ninguna confianza. Solo con la lucha unitaria podremos hacer valer estas justas reivindicaciones. Desde el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores consideramos que ningún salario mínimo debería ser inferior al costo de la canasta básica promedio y que toda persona asalariada debe gozar del derecho a organizarse sindicalmente de manera autónoma respecto de los patronos y el Estado, para negociar colectivamente las condiciones salariales y laborales. Para hacer valer esos elementales derechos democráticos debemos organizarnos y luchar.
