Por UNIR, sección de la UIT-CI en Colombia
11/08/2026. Desde UNIR expresamos nuestra más profunda solidaridad con las miles de familias trabajadoras, campesinas, indígenas, afrodescendientes, populares y de sectores medios afectadas por el terremoto ocurrido en el país. En momentos como este, acompañamos el dolor de quienes han perdido seres queridos, han resultado heridos o han visto destruidas sus viviendas, sus medios de subsistencia y los espacios que construyeron con años de esfuerzo y sacrificio.
Los terremotos son fenómenos naturales asociados a la dinámica geológica del planeta. La ciencia ha demostrado que no pueden evitarse. Sin embargo, sus consecuencias sociales no son el resultado exclusivo de la naturaleza. La magnitud de los daños y las pérdidas humanas está estrechamente relacionada con las condiciones materiales en las que vive la población, con la calidad de la infraestructura, con la planificación territorial y con las políticas públicas destinadas a la prevención y la gestión del riesgo.
Por ello, aunque hoy se repita que esta tragedia nos afecta a todos por igual, es necesario señalar que esto no es completamente cierto. Los sectores más golpeados suelen ser los trabajadores, los pobres del campo y la ciudad, quienes habitan viviendas precarias, asentamientos informales o construcciones levantadas sin las condiciones técnicas necesarias. También resultan gravemente afectados amplios sectores medios que, pese a años de trabajo, residen en edificaciones que no cumplen adecuadamente las normas de construcción sismorresistente o carecen de mantenimiento y supervisión suficientes. Como ocurre con otras catástrofes, el riesgo y el sufrimiento se distribuyen de manera desigual en una sociedad atravesada por profundas diferencias económicas y sociales.
Muchos nos estremecemos hoy al ver las imágenes de edificaciones agrietadas o derruidas en ciudades como Cali, Pereira o Manizales. Sin embargo, esas escenas, por dolorosas que sean, no alcanzan a mostrar toda la dimensión humana y social de esta tragedia. La gran mayoría ni siquiera logramos imaginar el sufrimiento y las privaciones que enfrentan nuestros hermanos y hermanas de las costas del Pacífico colombiano, especialmente en el Chocó, habitadas por miles de familias en comunidades identificadas como las más aisladas y empobrecidas de la región. Allí, donde históricamente han predominado el abandono estatal, la falta de infraestructura, la precariedad de las comunicaciones y la ausencia de servicios básicos, muchas comunidades ni siquiera cuentan con los medios necesarios para informar oportunamente la magnitud de los daños sufridos o solicitar ayuda. Esta realidad vuelve a poner de manifiesto que los desastres naturales no afectan a todos por igual: las consecuencias más graves recaen sobre quienes ya padecían las mayores condiciones de exclusión, pobreza y vulnerabilidad antes de que ocurriera la emergencia.
Frente a esta situación, exigimos que la atención de la emergencia, la recuperación y la reconstrucción se orienten exclusivamente a garantizar los derechos y las necesidades de las comunidades afectadas. Rechazamos cualquier intento del Gobierno Nacional, de los gobiernos departamentales o municipales, así como de los sectores empresariales o políticos, de utilizar esta tragedia con fines propagandísticos, clientelistas o electorales. Los recursos públicos destinados a la emergencia deben manejarse con absoluta transparencia, control social y rendición permanente de cuentas.
La reconstrucción no puede convertirse en un nuevo negocio para contratistas, intermediarios o grupos económicos. Debe estar al servicio de las familias trabajadoras y de las comunidades afectadas, garantizando vivienda digna, infraestructura segura, empleo, acceso a servicios públicos y el pleno respeto de las normas técnicas y ambientales.
Desde la anterior perspectiva, nuestra organización propone que los parlamentarios del Pacto Histórico, en forma ejemplar, destinen el 90 % de sus elevados ingresos durante el tiempo que se extienda la atención de al emergencia, para que se constituya un Fondo Obrero, Popular, Campesino y Comunitario de Solidaridad y Reconstrucción, dirigido a atender las necesidades urgentes de la población afectada. Del mismo modo, que las organizaciones sindicales y sociales, adopten mediante asambleas el aporte voluntario de un día de salario de cada afiliado para dicho fondo, además de víveres y otros elementos que se requieren con urgencia en la actual situación. Este fondo debe ser administrado por organizaciones sociales representativas de los trabajadores, las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, barriales y populares, bajo estricta vigilancia de veedurías ciudadanas y mecanismos democráticos de control social que garanticen el uso transparente de cada recurso.
Consideramos que una medida de esta naturaleza constituiría un ejemplo concreto de compromiso con el pueblo trabajador y demostraría que existen alternativas distintas a las prácticas tradicionales de manejo burocrático y clientelar de los recursos públicos.
Desde UNIR reiteramos nuestro llamado a la solidaridad activa, a la organización popular y a la movilización social para enfrentar esta emergencia. La ayuda inmediata es indispensable, pero también lo es la lucha por una reconstrucción democrática, transparente y planificada, que priorice la vida, la seguridad y el bienestar de quienes producen la riqueza del país.
La solidaridad de clase, la organización popular y el control democrático de los recursos son herramientas fundamentales para que la tragedia no termine siendo pagada, una vez más, por los trabajadores y el pueblo.
Unidad de Izquierda Revolucionaria – UNIR –
Bogotá 10 de agosto de 2026
