Por UNIDAD DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA, sección de la UIT-CI en Colombia
UNA TRAGEDIA SOCIAL ANUNCIADA QUE EXIGE UNA RECONSTRUCCIÓN AL SERVICIO DE LAS VÍCTIMAS, LAS COMUNIDADES Y LA CLASE TRABAJADORA
I- Un terremoto devastador que desnuda las desigualdades sociales del país
El terremoto del 10 de agosto de 2026 constituye una de las mayores catástrofes naturales vividas por Colombia en las últimas décadas. El sismo, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó 15 departamentos y 471 municipios. Al 20 de agosto, el balance oficial registraba 262.154 personas afectadas, 30.664 viviendas destruidas y 136.946 averiadas, además de graves daños en escuelas, hospitales, vías, puentes, acueductos y aeropuertos.. Sin duda, estas cifras no reportan la totalidad de afectaciones, si se tiene en cuenta que muchos municipios sufrieron afectaciones graves cercanas al 90%, como sucedió en El Cairo al norte del Valle del Cauca.
Pero estas cifras no alcanzan a expresar la dimensión humana de la tragedia. El terremoto demuestra, además, que los desastres naturales no afectan a todos por igual. La magnitud de sus consecuencias está determinada por condiciones históricas como la pobreza, la precariedad habitacional, la desigualdad territorial, la informalidad laboral, la insuficiencia de infraestructura pública y el abandono de numerosas comunidades rurales y populares.
Los primeros resultados del Censo Único de Emergencia adelantado por las cámaras empresariales y comerciales muestran que el 85,8 % de las empresas encuestadas reportó algún tipo de afectación y, entre las empresas afectadas, el 48,4 % no puede operar actualmente: prácticamente una de cada dos se encuentra paralizada. El 49,6 % presenta daños graves o críticos y el 91,9 % de las empresas afectadas son microempresas. A su vez, el 87 % corresponde a empresas de comercio y servicios.
El impacto también amenaza directamente el empleo: el 70,1 % de las empresas con puestos de trabajo en riesgo reporta entre uno y cinco empleos afectados. Aunque el 72,9 % registra pérdidas inferiores a $20 millones, estas cifras pueden resultar devastadoras para pequeños negocios con escaso capital de respaldo y dependientes de los ingresos diarios para sostener a sus propietarios, familias y trabajadores.
Estos datos permiten advertir un segundo nivel de emergencia: después de la destrucción física viene el deterioro económico. Una empresa que no puede abrir despide personal, deja de vender, pero continúa enfrentando arriendos, créditos, servicios, obligaciones tributarias. Si la interrupción se prolonga, una afectación inicialmente temporal puede convertirse en cierre definitivo con pérdida total de empleos.
Por eso, la tragedia no puede presentarse exclusivamente como una fatalidad natural. La vulnerabilidad social también es una construcción política, económica y de clase, derivada del modelo capitalista. La reconstrucción no puede limitarse a levantar nuevamente las edificaciones destruidas: debe reducir radicalmente las condiciones sociales que hicieron vulnerables a millones de personas.
II- La solidaridad popular frente a la tragedia: una respuesta que desbordó u supero al Estado y al gobierno
Miles de trabajadores, jóvenes, organizaciones sociales, comunidades barriales y campesinas, indígenas, afrodescendientes, sindicatos, bomberos, organismos de socorro y voluntarios protagonizaron una extraordinaria movilización solidaria.
En numerosos territorios, esta respuesta superó la capacidad estatal. Fueron habitantes, jóvenes, trabajadores y organizaciones populares quienes removieron escombros, buscaron sobrevivientes, organizaron centros de acopio y transportaron alimentos, agua, medicamentos y herramientas.
En el Valle del Cauca, Buenaventura se convirtió en un ejemplo emblemático: ante más de 72 horas de incomunicación terrestre, las barras del América y Deportivo Cali organizaron la recolección de ayudas y consiguieron transportarlas hasta el principal puerto colombiano sobre el Pacífico.
Las caravanas solidarias llegaron directamente a barrios, veredas y comunidades rurales, llevando ayuda y acompañando a las familias damnificadas. Esta solidaridad expresa una enorme reserva de organización y capacidad colectiva del pueblo colombiano.
Pero también evidencia la profunda desconfianza de amplios sectores hacia el aparato estatal, producto de años de corrupción, burocracia, clientelismo e ineficiencia institucional.
La solidaridad popular debe ser reivindicada y organizada, pero no puede ser utilizada por el Estado para sustituir sus obligaciones. El pueblo puede y debe ser solidario; el Estado tiene la obligación de garantizar vivienda, salud, educación, alimentación, empleo, infraestructura y protección social.
Las organizaciones populares que están en el territorio deben ser reconocidas como protagonistas de la reconstrucción y no como auxiliares gratuitos de una institucionalidad desbordada.
III. La respuesta del Gobierno Nacional: medidas insuficientes y sin control social
El Gobierno de Abelardo De la Espriella activó mecanismos de emergencia y anunció algunas ayudas, pero estas resultan insuficientes. Los subsidios temporales de arrendamiento y los alivios en servicios públicos no resuelven la recuperación de las viviendas, los emprendimientos, la pequeña y mediana industria ni las fuentes de empleo destruidas.
La utilización de facultades extraordinarias no puede convertirse en un cheque en blanco para el Gobierno, los grandes contratistas, bancos, aseguradoras y empresarios. Toda contratación, asignación presupuestal, crédito, subsidio y obra pública relacionada con la emergencia debe estar sometida a control ciudadano, sindical, territorial y comunitario. Ni un peso de la reconstrucción puede terminar en manos de la corrupción, la especulación inmobiliaria o el enriquecimiento de contratistas y grandes empresarios.
VI- El endeudamiento externo no puede convertirse en la salida automática
Frente a una catástrofe de esta magnitud se requieren recursos extraordinarios. Lo que debe cuestionarse es que la respuesta vuelva a descansar sobre el endeudamiento público, trasladando a las próximas generaciones el costo financiero de una emergencia que debería ser asumida mediante una redistribución extraordinaria de la riqueza nacional.
Una reconstrucción financiada principalmente con endeudamiento externo puede convertir una tragedia natural en una nueva tragedia económica y social.
V- La tragedia no ha detenido el proyecto político antipopular y proimperialista del nuevo Gobierno
La emergencia también ha permitido observar que la catástrofe no ha significado una suspensión del proyecto político del Gobierno de Abelardo De la Espriella. Por el contrario, en medio de la emergencia acelera la implementación de sus políticas antipopulares y proimperialistas.
a. Persecución política. Mientras el país enfrenta miles de damnificados y graves daños, el Gobierno mantiene su ofensiva contra la administración anterior mediante el denominado “Libro de la verdad” a la vez que se propone destomontar pequeñas conquistas populares alcanzadas bajo el gobierno anterior. Rechazamos tanto la impunidad frente a la corrupción como la utilización de las instituciones estatales para desarrollar una persecución política. Las investigaciones deben sustentarse en pruebas, respetar el debido proceso y ser independientes de cualquier cálculo partidista; y lo que es más importante, deben respetarse aquellos logros que en materia económica, laboral, educación, o de restitución de tierras se alcanzaron.
b. La política exterior: subordinación a Estados Unidos e Israel. El Gobierno ha mantenido un marcado viraje hacia una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Desde una perspectiva internacionalista y antiimperialista, cuestionamos esta orientación. Colombia debe desarrollar relaciones internacionales independientes. La cooperación internacional es bienvenida cuando contribuye a salvar vidas y atender a las víctimas, pero cooperación no significa subordinación política, militar o económica, mucho menos para lavarle la cara a los asesinos responsables del genocidio del pueblo palestino.
c. Desmonte de la política de paz del gobierno de Petro. El traslado de 117 personas privadas de la libertad vinculadas a los procesos de negociación del anterior Gobierno constituye una expresión de la política de “mano dura” anunciada durante la campaña electoral. Representa el anuncio práctico del desmonte de la política de Paz Total y la sustitución del diálogo por la fuerza y la negociación por la persecución.
Rechazamos tanto la impunidad de las organizaciones criminales como la utilización demagógica de la política de seguridad para fortalecer un régimen de excepción permanente, ampliar el poder represivo del Estado y criminalizar la protesta social. La clase trabajadora y las comunidades populares tienen derecho a vivir sin el terror de las organizaciones armadas y del narcotráfico, pero también a no ser víctimas de la violencia estatal, la militarización de sus territorios ni la criminalización de sus luchas sociales.
VI- Una reconstrucción al servicio de las víctimas y no de los grandes negocios
Desde una perspectiva de clase trabajadora y retomando los principios de independencia de clase, movilización y organización, la reconstrucción debe partir de una definición fundamental: Las víctimas deben ser protagonistas y no receptoras pasivas de las decisiones tomadas por el Gobierno, los bancos, los contratistas y las grandes empresas.
No queremos una reconstrucción concebida como un gigantesco negocio privado. Queremos una reconstrucción pública, democrática, participativa y controlada por las comunidades.
Propuestas
1- Recursos para la reconstrucción, no para la deuda.
Suspensión inmediata del pago de la deuda externa durante la emergencia y el proceso inicial de reconstrucción; auditoría pública de la deuda y rechazo a nuevos empréstitos para financiar la reconstrucción. Los recursos liberados deben destinarse a un Fondo Nacional de Reconstrucción y Solidaridad Obrero-Popular.
2- Que paguen quienes concentran la riqueza.
Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, bancos, monopolios, empresas minero-energéticas y grandes capitales. Suspensión o exención del impuesto predial para los inmuebles afectados, exención del impuesto de renta para las familias damnificadas y IVA cero para los materiales, equipos e insumos destinados directamente a la reconstrucción.
3- Los bienes de la SAE al servicio de las víctimas.
Los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales deben ser destinados prioritariamente a familias urbanas y campesinas damnificadas, para vivienda, tierras productivas y reconstrucción comunitaria.
4- Reconstrucción pública, vivienda, salud, educación y trabajo digno.
Las obras fundamentales deben ejecutarse prioritariamente mediante entidades públicas, cooperativas de trabajadores y empresas estatales. Construcción masiva de vivienda pública segura; reconstrucción prioritaria de hospitales y escuelas; atención especial a comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes; y un programa extraordinario de empleo público con salario digno, estabilidad, seguridad social y derechos laborales.
5-Protección del empleo y de los ingresos.
Ninguna empresa debe utilizar el terremoto como excusa para despedir trabajadores. Deben garantizarse mecanismos de estabilidad laboral temporal, compensación a quienes pierdan sus ingresos y protección para las economías familiares, campesinas y comunitarias. Aseguradoras y bancos deben cumplir sus obligaciones y ofrecer períodos de gracia y refinanciación sin intereses adicionales.
6- Control popular y participación de los damnificados.
Crear comités territoriales de reconstrucción elegidos democráticamente. Toda contratación debe ser pública, transparente y accesible. Los recursos deben estar bajo vigilancia permanente de damnificados, sindicatos, organizaciones campesinas, juntas comunales y organizaciones sociales. La ayuda estatal no puede condicionarse a ninguna afiliación política, religiosa, partidista o electoral.
7- Reconocimiento y fortalecimiento de la solidaridad popular.
Las caravanas, colectivos juveniles, sindicatos, juntas comunales, organizaciones campesinas y demás expresiones solidarias deben ser reconocidas como actores legítimos de la reconstrucción, con posibilidad de administrar directamente recursos destinados a las comunidades mediante mecanismos de rendición pública de cuentas y control colectivo.
8- Unidad de los trabajadores y sectores populares.
Sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes, organizaciones barriales, estudiantes, trabajadores de la salud, docentes, organizaciones de mujeres y jóvenes deben impulsar una coordinación nacional por la reconstrucción y un Frente Único por la Reconstrucción al servicio de las víctimas, mediante asambleas territoriales, comités de damnificados, brigadas solidarias, veedurías populares y movilizaciones.
La independencia política frente al Gobierno no significa indiferencia frente a la tragedia. Significa defender con mayor firmeza los derechos de las víctimas. La clase trabajadora necesita construir su propia alternativa.
VII. Una salida obrera y popular frente a la reconstrucción
El terremoto plantea una pregunta que trasciende la emergencia inmediata: ¿para quién se reconstruirá Colombia? Puede reconstruirse para los bancos, grandes contratistas, constructoras, monopolios e inversionistas. O puede reconstruirse para quienes perdieron sus viviendas, sus empleos, sus escuelas, sus hospitales y sus condiciones de vida.
La tragedia del 10 de agosto no debe utilizarse para profundizar la desigualdad, aumentar la deuda pública, fortalecer los negocios privados ni consolidar la subordinación internacional del país. Debe convertirse, por el contrario, en una oportunidad para que trabajadores, comunidades populares, campesinos, jóvenes y organizaciones sociales levanten una alternativa propia frente a las políticas del Gobierno.
Reconstruir no significa simplemente volver a levantar lo que se cayó. Reconstruir significa transformar las condiciones sociales que hicieron que millones de colombianos fueran tan vulnerables frente a la tragedia. Y esa reconstrucción solo podrá estar verdaderamente al servicio de las mayorías si son los propios trabajadores y las comunidades quienes participan, deciden y controlan su desarrollo.
